Walter Marello, de la Cooperativa Eléctrica de Cañada Seca, se refirió a lo engorroso que puede resultar, fundamentalmente en lo administrativo, cambiar la facturación de los servicios que se brindan a los vecinos de los pueblos
En una medida enfocada a los consumidores de cara a fin de año, el Gobierno comenzará a implementar nuevas regulaciones sobre ciertos aspectos del mercado energético, puntualmente sobre las cooperativas que operan en el sector. A partir de ahora las cooperativas que distribuyen energía eléctrica tendrán 30 días para ajustar su método de facturación, teniendo que diferenciar entre los importes que les cobra por servicios energéticos y otros conceptos que son parte de su cuota mensual.
La unificación de todos los servicios en la factura, consideran desde el Gobierno, genera una situación donde el corte del total de los servicios muchas veces se da por servicios que no están vinculados al consumo energético.
A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial el Gobierno oficializa los nuevos cambios en facturación para las cooperativas. Para el oficialismo el cambio es de gran importancia.
Walter Marello, actual presidente de la Cooperativa Eléctrica de Cañada Seca, opinó en diálogo con Radio Actualidad que «desde el Estado hay desconocimiento sobre la situación de las cooperativas pequeñas, de pueblo «; y se explayó al hablar específicamente de la de su localidad. «El 30% de la factura corresponde al valor de la energía, otro 30% a impuestos y un 30% más a otros servicios. Entre ellos, sepelio y ambulancia, que son los que el Estado quiere sacar para que la facturación sea sólo de consumo de electricidad», explicó.
Marello ejemplificó aún más la situación. «Tal vez un vecino paga por luz 600 pesos (por dar un número a modo de ejemplo) y el resto de lo que se factura corresponde a servicios sociales, agua en bidones, cuota de bomberos, ambulancia, etc. Esa es una realidad. Tal vez cometemos el error de no ser claros en eso, pero en la factura las cifras están detalladas».
El cañadense aclaró que algunos servicios, como el de sepelio o ambulancia, «no son compulsivos. El vecino puede ser socio o no, la Cooperativa no lo obliga a eso. Lo que pasa que en el pueblo no hay empresa fúnebre y entonces hay que contratar una de afuera. Hoy por hoy ese servicio debe tener un costo de alrededor de 50 mil pesos, y con la Cooperativa paga unos 140 pesos mensuales. El asociado puede retirarse y no pagar por eso, al igual que por ambulancia».
Marello destacó que la resolución que se dio a conocer la estableció INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social), que «es el máximo órgano en Cooperativas; y nos insta a facturar sólo la luz. El problema que esto puede traer es atrasos en servicios, perjudicar el funcionamiento y la cobranza de cuestiones que tiene que resolver el Estado, pero no lo hace».
«El Estado nos dice que saquemos servicios de la facturación, pero tampoco los da. Si no los prestáramos nosotros, nos quedaríamos sin ambulancia en Cañada Seca, por ejemplo», fue aún más claro; al tiempo que aclaró que «este problema no es nuevo, lo tenemos hace mucho tiempo».
En este sentido, destacó que «si alguien necesita la ambulancia no le vamos a decir que no. No podemos hacerlo, porque ese es uno de los principios del cooperativismo. Es un riesgo para la Cooperativa, pero no vamos a dejar a nadie sin servicio. De hecho ya nos ha ocurrido y lo hemos cubierto, con el riesgo que eso implica».
«Los Estados nacional y provincial no están entendiendo la situación de las Cooperativas chicas. Hoy en provincia hay 2 millones de bonaerenses que reciben servicios sociales, entre luz, sepelio y ambulancia, distribuidas en 220 localidades en 86 Partidos. Esta resolución perjudica, más allá de la situación administrativa que ya de por sí es complicada. Vamos a tener que hacer una factura por cada cosa (electricidad, internet, teléfono fijo, agua en red, agua en bidones, televisión por cable, etc.). Va a ser un engorro. No nos va a perjudicar desde lo económico, aunque tal vez nos signifique un atraso en cobranza», dijo Marello.
El cañadense ve muy difícil la posibilidad de que la medida se revierta ante la insistencia de Cooperativas. «El OCEBA (Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires) ya lo había comunicado en mayo y en una pelea de distintas Federaciones lograron posponerlo. Ahora lo toma INAES, que es el ente superior. No podemos pelear nada, hay que hacer caso de lo que dice».
De todos modos, manifestó que el 21 de noviembre pasado se le envió una nota «al Director Provincial de Servicios Públicos, donde las Federaciones plantean todo esto en cuatro hojas, para ver cómo se puede solucionar. Es que no es lo mismo la Cooperativa de Cañada Seca o Santa Regina, que la de Luján que tiene 50 mil afiliados».
Según Marello, en nuestro distrito «hay 20 mil habitantes alcanzados por Cooperativas y el Estado desconoce lo que cada una hace en los pueblos. Creo que ahí es donde se equivoca».
