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General Villegas
miércoles, 20 noviembre, 2019

La DDI y la Justicia Federal contra el delito financiero

La DDI de Trenque Lauquen y la Justicia Federal llevaron adelante una tarea investigativa en Pehuajó y Carlos Casares, en el marco de una causa caratulada como «Actividad Financiera No autorizada» (infracción art. 310 código penal). La misma incluyó allanamientos, clausura de «financieras» y bloqueo/embargo de distintas cuentas corrientes y cajas de ahorro. Se secuestró una importante suma de dinero, en pesos y en dólares.

 

Efectivos de la DDI de Trenque Lauquen trabajaron en una compleja investigación relacionada con la existencia, en nuestra zona, de oficinas o «financieras» que transgredían el artículo 310 del Código Penal de la Nación, que sanciona la «Actividad Financiera no Autorizada». Se cumplimentaron distintas medidas judiciales, tales como allanamientos, embargos de cuentas bancarias y cajas de seguridad. Los Policías especializados en la materia trabajaron bajo el mando del Juez Federal de Junín, Dr. Pedro Plou, y la Fiscal Federal local, Dra. Cecilia Mc Intosh.

ALLANAMIENTOS

Los Policías de la D.D.I, con el apoyo de un cuerpo de peritos del Banco Central de la República Argentina, llevaron adelante los allanamientos en los que se logró el secuestro de una importantísima suma de dinero en efectivo, en moneda nacional y en dólares estadounidenses, así como también cheques, contratos mutuos, pagares, recibos, soportes tecnológicos y documentación relacionada a la actividad.

ÚLTIMAS MEDIDAS

Asimismo clausuraron tres «financieras» en el ámbito de Pehuajó y se procedió al bloqueo/embargo de distintas cuentas corrientes y cajas de ahorro. El Juez Federal estuvo presente en Pehuajó y Carlos Casares, acompañado por la Fiscal Federal y autoridades de la DDI, verificando cajas de seguridad de las firmas en las Cámaras de Comercio de ambas ciudades y con la presencia de los investigados. Se labraron las actas respectivas.

La investigación sigue su curso. Actualmente se está evaluando y periciando toda la documentación secuestrada a disposición del juez quien, ante la acusación del fiscal de la causa, determinara la responsabilidad penal y los roles de cada uno de los imputados en los delitos que se investigan.

 

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