«Es un horror lo que pasó. Nos sentimos estafados moralmente porque trabajamos dentro de la Provincia de Buenos Aires para una fuerza política con todo el entusiasmo de un proyecto que creímos que era transparente; y de repente nos encontramos con que no es así», comenzó diciendo el concejal del bloque Encuentro Vecinal, Martín Micucci, en diálogo con diario Actualidad.
Micucci fue uno de los apellidos que aparecieron en la causa de los «aportantes truchos», un escándalo que salpicó a la gobernadora Vidal y a la cúpula del oficialismo provincial. Muchos apellidos de militantes, dirigentes y referentes de Cambiemos de 80 municipios bonaerenses se vieron implicados como supuestos aportantes para las campañas electorales 2015 y 2017, sin haber aportado ni un peso.
Ni bien se destapó esa olla las denuncias comenzaron a llover. El villeguense Micucci es uno de los denunciantes.
No obstante, la semana pasada la Cámara Nacional Electoral definió que la investigación quedara en manos del juez Adolfo Gabino Ziulu (con competencia de la Justicia Electoral, en vez de Penal). Además, ordenó que el juez federal platense, Ernesto Kreplak, remitiera todo lo actuado en su juzgado al fuero electoral. De esta forma, no serán investigados delitos como el lavado de activos, defraudación, usurpación de identidad, entre otros, y la causa quedará sólo enmarcada en la posible violación de la ley de financiamiento de partidos políticos, con penas menores como multas y sanciones políticas.
El fallo fue celebrado en la Gobernación bonaerense. María Eugenia Vidal admitió «irregularidades» y «mucha desprolijidad administrativa» pero consideró que, según la auditoría interna de su partido, «no encontramos ningún delito». La gobernadora expresó que hubo «un error de manejo de campaña» y que «en lo personal me pesa mucho». Se escudó en que «soy humana y me puede pasar, pero mi honestidad siempre ha sido mi principal capital». Reivindicó su decisión de despedir a su ex contadora y ex secretaria legal y técnica, María Fernanda Inza, imputada en la causa por ser la tesorera del PRO en la provincia de Buenos Aires.
Micucci -uno de los 80 denunciantes- cruzó a la gobernadora Vidal y manifestó que «cuando esto sucedió primero nos quedamos estupefactos y después pasamos al horror. Es difícil creer que esto sea un error administrativo, teniendo en cuenta que sucedió en el 2015 y 2017. Nos quisimos contactar para pedir explicaciones y en ningún momento hubo una respuesta favorable desde Gobernación».
Y añadió: «La estrategia del gobierno fue separar las causas del 2015 con las 2017, cuando hay hilos conductores de los mismos funcionarios que aparecen implicados y un mismo modus operandi que ya viene de otros gobiernos. Esto genera una gran desilusión: crees en algo y te chocas con esto. Acá hay cosas que están siendo manipuladas y por lo tanto seguimos en la misma situación que años anteriores».
Si la causa era competencia de la Justicia Penal, los delitos como lavado de dinero, usurpación de identidad y defraudación podían desembocar en una condena y una temporada en la cárcel; pero el traspaso a la Justicia Electoral morigera las penas: a lo sumo una multa.
«Hubo hechos ilícitos muy graves, que deberían ser considerados desde lo penal. Por ejemplo, la afiliación falsa es un delito penal. Cuando uno ve que se hace un sesgamiento de estas características difícilmente haya una Justicia justa. La única solución es que la ciudadanía le marque la cancha al poder, como sucedió en Villegas este año cuando las comunidades de Cañada Seca y Charlone se levantaron por la situación que está atravesando la salud. En ese momento los que siempre justifican políticas injustas tuvieron que cuidarse con lo que declaraban», disparó Micucci.
