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Control a gremialistas, conflictos de intereses y declaraciones juradas: la nueva ley de Ética Pública
La Oficina Anticorrupción ultima los detalles de la ley que busca regular la información sobre los bienes de los funcionarios públicos. Qué establece sobre el nombramientos de familiares en el Estado

 El Gobierno ultima los detalles de una nueva Ley de Ética Pública con el objetivo de normativizar un sistemático control de los funcionarios y sus familias, y de gremialistas, jueces y legisladores en el manejo de fondos. También, para regular la transparencia de sus declaraciones de bienes y detectar los eventuales conflictos de intereses para evitar las crisis políticas que pongan en duda una de las marcas que Cambiemos busca instalar como identitaria: la transparencia.

La redacción de la iniciativa, a cargo de la Oficina Anticorrupción que dirige Laura Alonso luego de un año de debate con una subcomisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, todavía se encuentra en un período de borrador, pero entre sus puntos principales se destaca el control al patrimonio de los sindicalistas. En este sentido, el artículo 73 dispone que "quienes integren los cuerpos colegiados que dirijan y administren las obras sociales, serán sujetos obligados a presentar Declaración Jurada Patrimonial y de Intereses en los términos de la Ley de Integridad Pública, como requisito de permanencia en el cargo" .
Además, se establece una fuerte regulación y cambios en el régimen de las declaraciones juradas de los funcionarios. Así, por ejemplo, se prevé recuperar la información que en 2013 se convirtió en reservada relacionada con los cónyuges de los funcionarios y de sus hijos menores de edad, a instancias del decreto 895/2013 publicado en el Boletín Oficial y firmado por la ex presidenta Cristina Kirchner, que reglamentó la Ley Nº 26.857. El decreto dispone que las Declaraciones Juradas públicas "serán iguales a aquellas que con fines impositivos se presentan ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)".
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