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Política y transparencia

Consenso para impulsar la reforma del financiamiento electoral en 2018
Recogiendo propuestas de la sociedad civil, el Gobierno redactó un proyecto que enviará al Congreso tras las elecciones. Sus ejes se discutieron en un almuerzo con políticos, empresarios y sindicalistas.

 Como en los grandes festivales de cine, fuera del programa oficial del Coloquio de IDEA se desarrollaron varias secciones paralelas. Una de las más esperadas -y reservadas- fue el almuerzo en el que se discutieron las propuestas para la reforma de la ley de financiamiento electoral, una de las cuales exigió extender el sujeto de esos cambios, para discutir el financiamiento de los partidos políticos. El Gobierno ya terminó un proyecto al respecto, que enviará al Congreso después de las elecciones. El plan contempla la bancarización de los aportes, la posibilidad de que empresas, sindicatos y organizaciones financien campañas políticas con topes en los montos, el registro online de los aportes y de los gastos, el registro de proveedores de bienes y servicios para las campañas -otra autopista habitual para los aportes ilegales- y la regulación de la publicidad oficial y de los actos de gobierno durante el período de campaña.

Distribuidos en una veintena de mesas doce pisos arriba del auditorio donde se sucedían las mesas del Coloquio, unas doscientas personas escucharon las propuestas elaboradas por la Fundación RAP (Red de Acción Política), Cippec y Poder Ciudadano, vertebradas luego por IDEA. Entre ellos había políticos -Margarita Stolbizer, el diputado del ARI Fernando Sánchez, el candidato a diputado por Cambiemos Juan Manuel López, el senador peronista Dalmacio Mera-; por supuesto, muchos empresarios; referentes de la sociedad civil -Julia Pomares, Alan Clutterbuck, Karina Kalpschtrej- y un inesperado bloque sindical, con Juan Carlos Schmid, Andrés Rodríguez, José Luis Lingeri y Gerardo Martínez a la cabeza.
Fue un encuentro de coincidencias. Empezando por el sombrío diagnóstico respecto a la falta de equidad y transparencia en el financiamiento de las campañas electorales, el efecto de "cancha inclinada" que deja a los oficialismos con enorme ventaja en la cantidad de fondos gracias al irregular uso de los recursos del Estado, y también respecto a la necesidad de que "el uso del dinero en las campañas no sea distorsivo ni controle la competencia electoral", según advirtió una de las oradoras.
También hubo consenso en el trazo grueso de las propuestas, "para saber quién paga, cuánto y por qué, porque si la sociedad no quiere saber nada con los políticos, alguien más los financiará, y ese dinero puede salir de la corrupción, el delito o el narco", se sinceró un joven funcionario nacional.
Para empezar, hubo críticas a la actual ley que regula las campañas, y que niega la posibilidad de aportes empresarios, establece un plazo de sólo 35 días de campaña, fuera de los cuales cualquier aporte económico -que debería estar prohibido- en verdad se hace en negro y sin control alguno. Las organizaciones civiles coincidieron en que ese lapso sea ampliado -el proyecto oficialista lo lleva a 50 días-, que las contribuciones sean bancarizadas y que exista un registro online de ingresos y gastos de cada fuerza polìtica. Otra cuestión central es la regulación del uso de los recursos estatales y de la pauta publicitaria oficial en períodos electorales, que -violación de la ley mediante- otorga enormes ventajas a los oficialismos de todos los niveles de gobierno. También hubo acuerdo en que las empresas, sindicatos y otras organizaciones puedan hacer aportes de campaña, con un tope del 2% de los gastos permitidos por partido.
Las visiones fueron divergentes, en cambio, respecto a la necesidad de crear un órgano de control independiente del poder Ejecutivo -aunque la mayoría lo prefiere- y sobre el necesario régimen de sanciones a las fuerzas polìticas incumplidoras: los más exigentes buscan que los candidatos sean involucrados en el castigo por aquellas faltas.

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