Piden inhabilitación y seis años de prisión para el intendente de Rufino. Lo acusan por adjudicar la compra y el transporte de materiales a una empresa de su familia. Sería el primer intendente juzgado bajo el nuevo sistema penal.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rufino formalizó la acusación contra el intendente de esa ciudad, Abel Natalio Lattanzi, y a su esposa Marisol Raspo, por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude a la administración en grado de tentativa, por el trámite de un llamado a licitación para comprar y transportar materiales de construcción que beneficiaba a una empresa de su familia. De prosperar el pedido de elevación a juicio éste sería el primer proceso penal oral y público en toda la provincia contra un intendente en funciones desde que está en vigencia el nuevo sistema penal.
El MPA pidió para Lattanzi la pena de seis años de prisión con ejecución efectiva e inhabilitación especial perpetua por los ilícitos que se le endilgan, en concurso ideal de delitos en calidad de autor. Y para su esposa, la figura es la de negociaciones incompatibles con la función pública en calidad de partícipe necesario y fraude a la administración pública en grado de tentativa en calidad de autor, todo en concurso ideal de delitos, solicitándose la pena de cuatro años de prisión de ejecución efectiva e inhabilitación especial perpetua.
La Oficina de Gestión Judicial (OGJ) deberá designar al juez que participará en el proceso y fijar la fecha de la audiencia preliminar, lo que se estima podría suceder en un plazo de alrededor de 20 días. En esa audiencia preliminar, se definirán las pruebas y testigos que serán parte del proceso.
El hecho ocurrió en el mes de junio de 2016, ante un llamado a licitación para el transporte y adquisición de piedra dolomítica por parte de la Municipalidad de Rufino por el monto de tres millones de pesos aproximadamente. Ante dicho llamado licitatorio se presentó y se le dio trámite a la oferta de la empresa de transporte de la familia (madre, hijo y esposa) del intendente Lattanzi, cuya socia gerente es Raspo, la esposa de este último. Ante dicha situación el Concejo Deliberante de Rufino presentó ante el MPA de Rufino una denuncia solicitando que se investigue la posible comisión de un delito penal.
Ayer al mediodía el Ministerio Público de la Acusación de Rufino —representado por el fiscal adjunto Mauricio Clavero— presentó la acusación y requisitoria de elevación a juicio ante la OGJ en la investigación penal preparatoria que se inició tras la denuncia del Concejo.
La noticia corrió como reguero de pólvora en la comunidad de Rufino y fue el comentario obligado de la mayoría de los vecinos de esa ciudad de alrededor de 20 mil habitantes, ubicada en el confín de la bota santafesina y al límite de las provincias de Córdoba y Buenos Aires.
De concretarse el pedido del MPA, a Lattanzi le cabría una pena de seis años de prisión de ejecución efectiva e inhabilitación especial perpetua si el juez lo encuentra culpable de los delitos que se le achacan. Hay que recordar que el mandatario macrista, obtuvo más del 60 por ciento de los sufragios en las elecciones municipales y en diálogo con éste diario dijo que no tendría problemas de ir a prisión ya que su único interés es el bienestar de los vecinos de Rufino.
Polémico
Lattanzi surgió a la luz pública tras el conflicto del campo en 2008 y lo tuvo como protagonista en el caliente piquete de Rufino, en la intersección de las rutas nacionales 7 y 33. En 2013 obtuvo cómodamente la concejalía y dos años más tarde arrasó en las elecciones para intendente.
Lattanzi contó a este diario que no tenía militancia anterior al piquete pero que estaba identificado con la Unión Cívica Radical (UCR). Sin embargo su incursión en la política fue de la mano del macrismo; gobierno al que actualmente defiende a rajatablas al tiempo que augura que ganará las elecciones de 27 de octubre.
Entre sus frases polémicas figura la de acusar de mercenarios a los concejales de su ciudad por pretender ganar 88 mil pesos mensuales «que no los ganarían jamás en la actividad privada». Con los ediles mantiene un disputa legal y fueron los propios concejales quienes lo denunciaron por no pagarles el sueldo desde abril último. De sus dos ediles, hoy profundamente enemistados con Lattanzi, dijo que «nunca defendieron al presidente Macri por lo que no me interesa tener gente sin códigos en mis filas».
Fuente: La Capital, de Rosario
