Con 23 años de trabajo como empleada municipal; y una pausa por licencia de salud, Mónica Primo pide que le vuelvan a dar un lugar en la planta permanente de la Municipalidad de General Villegas. Lo intentó durante todo 2018, pero ante la falta de respuesta se contactó con un abogado y llevó su caso al INADI, donde luego de analizar su situación le dijeron que su caso está encuadrado en Discriminación por Ideología Política. «No quiero un resarcimiento económico, quiero volver a trabajar, pero si no hay acuerdo voy a ir a la justicia», le dijo a ACTUALIDAD
Mónica Primo tiene 49 años, es de Emilio V. Bunge y desde hace 23 años es empleada municipal, con cuatro años en un cargo político. Cumplió funciones en el Taller Protegido y el CPA, y estuvo a cargo del área de Promoción de los Derechos de Niños y Adolescentes.
En octubre de 2015, previo a la asunción en el mes de diciembre de Eduardo Campana como nuevo intendente, pidió licencia por padecer Linfoma (cáncer que se origina en el sistema linfático, es el de sangre más común) y, si bien está lista para volver a trabajar, aún espera una respuesta para eso.
«Nunca dejaron de pagarme durante el tiempo de licencia, aunque me bajaron los módulos al mínimo. Quiero volver a tener un lugar, un trabajo, no un cargo político», le dijo a ACTUALIDAD.
A principios de 2018 ya no renovó su licencia médica. Para asegurarse que la bungense estaba en condiciones de recibir el alta médica, «me enviaron en dos oportunidades una carta documento para concurrir a una Junta Médica. En una de ellas fui atendida por la oncóloga Salaberry; en la otra por el doctor Chemes. En ambos casos me dijeron no estar capacitados para dar un informe sobre mi estado de salud, por el tipo de cáncer que yo tenía. Entonces me hice un estudio más completo, que no se hace en Villegas y se denomina PET (tomografía por emisión de positrones, una técnica no invasiva de diagnóstico e investigación ‘in vivo’ por imagen, capaz de medir la actividad metabólica del cuerpo humano)», relató Primo.
Pero como nada era suficiente, decidió ver a un abogado, Alejandro Balbi. «Él envió un Pronto Despacho que nunca respondieron; y eso tiene un plazo para presentar una respuesta», sostuvo la bungense.
Lejos de conformarse, le manifestó su problema al oncólogo que la atiende en la ciudad de Buenos Aires, quien le entregó un certificado en el que le daba el alta para poder trabajar, pero con la necesidad de continuar realizándose los controles necesarios para su salud.
Fue así que el abogado presentó una nueva nota, sin respuesta. «Mientras tanto, yo siempre mantuve contacto con Mones Ruiz (Gabriel, secretario de Gobierno). La última vez me dijo que mi legajo estaba en el IPS (Instituto de Previsión Social) para jubilarme por el tiempo que estuve de licencia, pero nunca quisieron mostrarle el expediente en cuestión al abogado, desde ningún área correspondiente del municipio», explicó.
Primo aclaró que «de ninguna manera pretendo un resarcimiento económico de una entidad que me dio tantos años de trabajo», razón por la que presentó su situación en el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, un organismo nacional del Estado Argentino que tiene como fin combatir la discriminación en todas sus formas).
Allí, «luego de hacer el análisis correspondiente, me dijeron que esto encuadra en un caso de Discriminación por Ideología Política. Hoy me dieron el número de expediente; y tal vez en dos o tres semanas notifiquen al municipio al respecto. Técnicamente serán llamados a una Resolución Pronta y, si hay acuerdo, debería volver a trabajar. Si no hay acuerdo voy a ir a la justicia. Yo no me quiero jubilar, soy muy joven todavía», concluyó.
