El Concejo Deliberante local aprobó por unanimidad, en su última sesión ordinaria, un proyecto de resolución que busca regular la actividad del acompañante terapéutico.
Fue presentado por el bloque de concejales de Juntos y en su artículo solicita a ambas Cámaras Legislativas de la Provincia de Buenos Aires que puedan dar un pronto tratamiento a los Proyectos de Ley que se encuentran en estado parlamentario de «Acompañantes Terapéuticos», que tienen por objeto reglamentar la actividad de quienes se desempeñan como trabajadores en el área de la salud, promoviendo la jerarquización de la profesión por su relevancia social y su contribución a la construcción de alternativas en salud mental en el ámbito de la Provincia.
Para los legisladores, «reviste gran importancia generar un marco normativo que determine claramente los alcances de la actividad»; y consideran que «la figura carece de reconocimiento legal en 12 de las 24 provincias del país; además, de unos 25 mil acompañantes terapéuticos estimados en territorio bonaerense, solo un 20% ha completado un terciario, lo que denota la inexistencia de un criterio unificado en el grado de formación, su matriculación o el precio de sus servicios».
«Como consecuencia de esto, no solo hay derechos laborales vulnerados, sino también una
deslegitimización de la tarea muchas veces desconocida», agrega; y sostiene que «el Acompañarte Terapéutico es un trabajador y profesional del campo de la salud, cuya función consiste en brindar atención a la persona asistida en su cotidianidad, dentro de su comunidad, entorno familiar, social y comunitario, con el fin de colaborar en el bienestar de su salud, en su calidad de vida y en la promoción de acciones colectivas».
«Que de sancionarse la Ley -continúa- no solo regularía la matriculación y la inclusión de la profesión en la nomenclatura de la ANDIS (la Agencia Nacional de Discapacidad), permitiendo fijar un valor por el servicio, sino que también se reconocería al acompañamiento terapéutico por la Superintendencia de Servicios de Salud, lo cual pondría a la prestación dentro del Plan Médico Obligatorio y, de esta manera, llegaría no solo a quienes tienen el Certificado Único de Discapacidad (CUD), sino que se les podría exigir su cobertura a todas las obras sociales».
«Que, tanto la Ley Nacional de Educación N» 26.206, la Ley Provincial de Educación N° 13.688 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sostienen como garantía de las personas con discapacidad, una educación inclusiva e igualitaria que permita el desarrollo de sus posibilidades, la integración y el ejercicio de sus derechos; cumpliendo el acompañante terapéutico un rol fundamental en la vida escolar, facilitando su adaptación, incorporación e igualdad de oportunidades», concluyen los considerandos del proyecto aprobado.
