Asociaciones de pacientes con discapacidad y sus familias, se manifestaron en distintos puntos del país en reclamo por el atraso en los pagos de las prestaciones básicas. En General Villegas, se está convocando a una reunión en la plaza principal para el sábado 24, a las 18 horas.
Si bien desde el Gobierno nacional aseguran que las transferencias de la AFIP a las obras sociales nacionales se encuentran regularizadas y que el programa Incluir Salud está realizando sus pagos regularmente, distintas ONGs sostienen que los pagos se dan a cuentagotas y que se necesita un aumento de los aranceles.
Esto es entonces que al retraso en los pagos, se suma la necesidad de actualización de los valores de los aranceles de las prestaciones contempladas en el Nomenclador.
Para hablar sobre el tema, Actualidad se puso en contacto con Analía Campana, directora de Aderid en General Villegas, quien manifestó que «nosotros tenemos algunas historias que a veces se complican, es nuestra realidad y en lo que es la salud en discapacidad, que siempre es donde se recorta o donde se deja de pagar, como si nosotros no fuéramos profesionales y las personas con discapacidad no necesitaran de su ayuda.»
«En discapacidad siempre es donde se recorta o se deja de pagar como si nosotros no fuéramos profesionales y las personas con discapacidad no necesitaran de su ayuda»
En este ida y vuelta de los que hablan de recorte y el gobierno que asegura que no se ajustó en discapacidad, cuál es el riesgo para las personas que necesitan un tratamiento por su discapacidad. ¿Están sin tratamiento, no tienen cobertura de salud).
A estas dudas, la directora de Aderid señaló que «pasan dos cosas: por un lado, en medio de los cambios de ministros de Economía y de este ajuste económico que el Estado tiene que hacer y que manifiesta que pronto va a pasar, el camino para que un profesional o un centro de salud de discapacidad pueda cobrar un honorario (en Aderid tenemos solo un 10%, porque IOMA no está ajustado a la Superintendencia de Salud), pero de cualquier prepaga u otra obra social que no sea IOMA, se factura, la OS lo presenta a la Superintendencia de Salud de la Nación y luego le llega el pago a un profesional o a una institución.»
«Eso está recortado con los cambios de ministros de Economía. Desde Guzmán, un poquito antes no hubo pagos. Quienes vivimos como profesionales de la rehabilitación, no está pudiendo vivir de su trabajo», aclaró Campana.
«Por ejemplo -explica Campana- de uno de nuestros pacientes de Aderid que tenemos con este sistema, la semana pasada entraron pagos de marzo, abril y mayo, pero estamos en septiembre.»
Además, la profesional manifestó que «hicieron un anuncio de aumentos para julio septiembre, pero ese valor que está mucho más acorde a la realidad, lo vamos a ver recién en el mes de febrero del año que viene.»
«Está claro que hay un ajuste, porque al no tener evidentemente recursos, el Estado ajusta donde pareciera que estamos en silencio. Por eso está bueno que la gente se está moviendo», indicó.
Sin embargo, Campana lamentó que «las obras sociales tampoco pueden hacer mucho porque la respuesta tiene que ser de la Superintendencia de Salud y de la AFIP, que son los responsables de pagar.»
«Entonces la gente se está movilizando, las familias están sumamente preocupadas porque el profesional está atendiendo sin cobrar hace cuatro, cinco o seis meses. Obviamente que es algo que hay que salir a protestar y por eso repudiamos profundamente porque la discapacidad necesita de la atención» y hoy, «la ley dice que el estado tiene que pagar. Es su obligación, porque nosotros tenemos que formarnos y vivimos de nuestro trabajo. No lo hacemos porque somos voluntariosos y porque hacemos algo solidario, lo hacemos porque estos pacientes necesitan de la salud para rehabilitarse», se quejó la directora de Aderid.
«Generalmente, los pacientes presentan una patología, pero son familias involucradas en muchas situaciones: no le pagan a la acompañante terapéutico, no le pagan a la terapista ocupacional ni a la fonoaudióloga, no le pagan a nadie. Y eso está mal», aseguró.
«Habría un borrador de una modificación de Ley para que el Estado deje de de hacerse cargo de estos pagos»
«Pero, por otro lado hay un segundo problema, que ha movilizado más a las familias, porque habría un borrador de una modificación de Ley para que el Estado deje de de hacerse cargo de estos pagos y que pasen a las obras sociales. Y es inviable porque las obras sociales no lo pueden hacer», apuntó.
«No se cobra y encima quieren modificar la Ley para que el Estado deje de pagar y eso está poniendo inquietas a todas las familias y a los profesionales», acentuó Campana.
Sobre los altísimos costos que implica costear los tratamientos de personas que sufren alguna discapacidad, Analía Campana señaló que «se necesita de un montón de terapia», sobre todo, teniendo en cuenta que «hay un montón de niños y de adultos mayores a los que la pandemia, ha empeorado muchos sus cuadros y hoy estamos viendo muchas dificultades en los jardines, en la escuelas.»
«Hay un montón de niños y de adultos mayores a los que la pandemia, ha empeorado muchos sus cuadros»
Según la titular de Aderid, en consultorio se observan muchos chicos que terminan sacando un certificado de discapacidad. Hay mucho trabajo, mucho por resolver. Hay personas con discapacidad que necesitan entre tres y cuatro terapias semanales.
«El valor nomenclador de la Superintendencia de Salud es de $2300, o sea que el profesional más o menos debería estar cobrando eso. Hay que multiplicar esa cifra por cuatro y por semana, lo que significarían unos 10 mil pesos semanales. El acompañante terapéutico cobra mínimamente unos 40 mil pesos mensuales. O sea que una familia necesita acerca de 100 mil pesos para que su hijo pueda evolucionar», refirió.
Campana aseguró que esta situación «es inviable, las familias no lo pueden hacer y las obras sociales tampoco, el Estado tiene que aparecer. Yo se lo dije a un político que pasó hace un tiempo por Villegas. Nosotros no generamos dinero para el Estado, porque trabajamos para resolverle la vida a un montón de personas que lo necesitan y el Estado no se puede olvidar de la discapacidad.»
«Hay que estar muy fuertes como comunidad para defenderlo, porque estas familias lo necesitan»
«Me parece que hay que estar muy fuertes como comunidad para defenderlo, porque estas familias lo necesitan de verdad», afirmó.
Sobre el supuesto borrador con la modificación a Ley, Analía Campana manifestó que «no vi la foto del borrador, pero escuché en medios nacionales a mamás con discapacidad y el borrador lo tienen ellos, se vió» y añadió que «ojalá sea una gran mentira y manejo de algunos medios y nada más, pero el borrador se vio y por eso están en movimiento.»
Por otra parte, la profesional aseguró que «a los profesionales que trabajamos en salud tampoco nos pueden desvalorizar de esta manera. Hoy no es momento de hacer una cosa así.»
Convocatoria para el sábado 24 en la plaza principal
Simultáneamente, se ha viralizado una convocatoria que tendría lugar el próximo sábado 17 de septiembre, para reunirse en la plaza principal de de nuestra ciudad a partir de las 18 horas.
«IOMA tiene otros valores más bajos y cuesta sobrevivir con lo que paga, pero IOMA paga»
Si bien, la entidad que funciona en el campus del Hospital ha sido invitada a participar, Campana dejó aclarado que «al tener un 95% de pacientes con IOMA, no estamos tan afectados por esta situación» y agregó que «IOMA tiene otros valores más bajos y cuesta sobrevivir con lo que paga, pero IOMA paga, por lo cual Aderid no está afectado fuertemente, porque tenemos nuestros ingresos, pero obviamente vamos a acompañar a las familias que están con este movimiento.»
«Tenemos que movernos para que nada pase y no se modifique la Ley, eso muy importante»
«Tenemos que movernos para que nada pase y no se modifique la Ley, eso muy importante», enfatizó.
«Necesitamos que toda la comunidad de Villegas apoye a los profesionales y a las familias, porque es injusto que se recorte en quienes creen más débiles, pero ya no lo son. Hay que empatizar con quienes se movilizan para que sus hijos, padres o hermanos, tengan el tratamiento que se merecen y pagos los profesionales como no los merecemos.»