Ya son públicas las declaraciones juradas patrimoniales del intendente municipal, funcionarios y concejales. Las mismas tienen fecha de agosto de 2018.
Afín a los tiempos que corren el gobierno municipal habilitó en su sitio web un espacio denominado «Gobierno Abierto«. Esta modalidad es implementada por cada vez más municipios y provincias de la República Argentina. A través del Decreto 117/16 («Plan de Apertura de Datos») del Ministerio de Modernización de la Nación se exhorta a los gobiernos municipales y provinciales a que lleven adelante políticas de apertura de datos públicos y generen ordenanzas o leyes de Gobierno Abierto o Transparencia.
En el menú «Gobierno Abierto» de la página web de la Municipalidad de General Villegas los ciudadanos pueden acceder a los Boletines Oficiales, las últimas ordenanzas, los decretos sancionados e información vinculada con el presupuesto municipal, proveedores y la nómina del personal.
Además, recientemente se ha agregado una nueva opción para ingresar a las declaraciones juradas patrimoniales del intendente, funcionarios municipales, mandos intermedios y concejales.
Desde hacía mucho tiempo el Ejecutivo Municipal venía pregonando la transparencia y la intención de hacer públicas las declaraciones juradas patrimoniales de quienes ocupan un cargo estatal. No obstante, su implementación se venía demorando.
En febrero el secretario de Gobierno Gabriel Mones Ruiz visitó los estudios de FM Actualidad e hizo particular mención a la transparencia: «Estamos trabajando con las declaraciones juradas de los funcionarios. Eso no se había hecho nunca. De hecho alguno debería explicar su evolución patrimonial. Nosotros tenemos nuestra declaración jurada de cuando asumimos y se va a ir presentando todos los años. Y cuando uno se retire de la función pública vamos a poder mostrar qué teníamos antes y después de la gestión».
Hasta hace poco tiempo atrás era imposible acceder a ese información, pero ahora son de libre acceso para toda la ciudadanía.
¿Qué información tiene la declaración jurada patrimonial?
Los funcionarios deben declarar su ingreso anual neto en su cargo público, así como también su ingreso por otra actividad (explotación agropecuaria, sociedades comerciales, cargos docentes, jubilaciones, entre otras).
Además de los ingresos, los funcionarios deben declarar cuántos bienes muebles, inmuebles y automotores poseen, y cuál es su valor fiscal a la fecha.
También deben informar si tienen depósitos bancarios, en qué moneda y qué cantidad de fondos tienen en sus cuentas. Otro ítem es tenencia de dinero en efectivo (donde también deben especificar en qué moneda y qué cantidad exacta poseen).
Los ingresos, bienes y cuentas pueden ser ya sea propios como gananciales (todos aquellos bienes adquiridos por los cónyuges durante el matrimonio) o familiares.
Por último, los funcionarios deben aclarar si poseen deudas o créditos a favor.
¿Cuáles son las declaraciones juradas patrimoniales disponibles?
Se puede acceder a las declaraciones de: Eduardo Campana, Gabriel Mones Ruiz, Daniel Cepa, Guillermo Belloso, Gisela Bollini, Rafael Gómez, Guillermo Grosso, Sandra Heredia, Maricel Mangas, Fabiana Martirene, Mariana Ochoa, Sandra Ravera, Martín Recalde, Pablo Rodríguez, Zulma Sánchez, Gustavo Santillán, María Paula Solari, Marcelo Sotelo y Hernán Vázquez.
También está la de los concejales: Silvia Álvarez, Marcelo Betanzo, Susana Brime, Laura Carelli, Pablo Castagno, Sebastián Cerrajería, Claudia Esain, Sol Fernández, Ignacio García, Alicia Laino, Liliana Lovagnini, Martín Micucci, Jorgelina Miranda, Carlos Pardo, Horacio Pascual y Juan José Tomaselli.
Un llamado de atención
La iniciativa es saludable. Siempre es bueno que la ciudadanía tenga acceso a esta clase de información para poder controlar a sus funcionarios y representantes. Además, esto funciona como un obstáculo para aquellos que utilizan la función pública para enriquecerse.
No obstante, es importante señalar ciertas irregularidades en algunas declaraciones juradas patrimoniales presentadas.
Varios funcionarios y representantes del pueblo no declararon poseer bienes inmuebles (ni propios, ni familiares, ni gananciales). Ese hecho es llamativo, aunque puede llegar a ser posible (suponiendo el caso de que el funcionario haya tenido que vender todo por una situación personal o que alquile una casa para vivir).
Lo que sí llama poderosamente la atención es que varios no declararon cuenta bancaria alguna, ni siquiera una cuenta sueldo.
Al tratarse de una administración pública, el municipio tiene la obligación de depositar los sueldos de sus empleados y funcionarios de manera bancarizada -y más en pleno siglo XXI donde todos los movimientos se hacen a través de entidades bancarias para más transparencia y mejor control-. Surge entonces el siguiente interrogante: ¿No deberían los funcionarios estar obligados a declarar sus cuentas bancarias, o al menos la que corresponde a la cuenta sueldo donde recibe el pago por desempeñar el cargo público?
Es importante destacar que al final de la declaración jurada los funcionarios firman declarando -bajo juramento- que no cuentan con otros ingresos que los manifestados y que no han omitido bienes ni datos relevantes. Además, declaran estar en conocimiento de la normativa vigente.
Por lo tanto, aquellos funcionarios que omitieron información: ¿No deberían ser sancionados o al menos que se les observen sus declaraciones juradas y se les pida que la completen como corresponde?
Párrafo aparte para aquellos funcionarios que todavía no han presentado su declaración jurada (o al menos no figura en el sitio web «Gobierno Abierto»).
