Se realizó la décimo cuarta sesión ordinaria del Concejo Deliberante. Con muchos asuntos por tratar, el conflicto nacional con las universidades fue la que dejó mayor tela para cortar.
El último despacho de comisión de la noche fue del bloque Unión por la Patria, con un proyecto que se refiere a declarar emergencia por el presupuesto del gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, para la Universidad Nacional de Buenos Aires. Tema que fue aprobado por mayoría, tras la votación entre los concejales.
Tras el blindaje al veto de la ley de financiamiento, el principal reclamo de los estudiantes y personal docente y no docente es que se amplíen las partidas presupuestarias previstas para las casas de altos estudios en el Presupuesto 2025. Universidades del país se sumaron a las medidas a modo de reclamo por una mejora presupuestaria para las instituciones. Desde tomas, hasta ollas populares y clases públicas.
El reclamo del bloque Unión por la Patria manifiesta, en sus artículos, que las Universidades Públicas afrontan una situación crítica por responsabilidad del gobierno, tras el veto de Javier Milei, en un contexto de inflación que las coloca en riesgo de desfinanciamiento. Además, el presupuesto para gastos constituye un recorte del 80%.
Según el informe, el conflicto se agudiza cada semana. La situación genera preocupación y tristeza, que se agrava con acusaciones y declaraciones por parte del gobierno. El bloque de concejales expresó su repudio al veto de Javier Milei y solicita al gobierno el aumento de las partidas presupuestarias a la universidades públicas, para garantizar la calidad educativa.
La exposición de Sol Fernández
Sol Fernández, representante de Unión por la Patria, manifestó su rechazo a la situación: «Es un problema de conocimiento público que comenzó a principios de año. Hay preocupación. Es una emergencia para todas las universidades nacionales. El origen se produjo por la falta de actualización del presupuesto. Y es que las instituciones contaron con el mismo presupuesto que en 2023, con una inflación del 276% y aumentos en el medio».
El problema fue planteado por rectores y la comunidad educativa. «El congreso consiguió consenso de sancionar una ley para solucionar el conflicto. La realidad marca que las universidades son autónomas, tienen controles y auditorías, internas y externas. Hoy, el gobierno manda una auditoría que empieza la semana que viene», expresó Fernández.
La concejal lamentó la frase de Javier Milei, quien dijo que «a las universidades solo van hijos de los ricos». Pero Fernández contradijo lo dicho con datos: «7 de cada 10 estudiantes son pobres. Los hijos de los ricos van a la universidad pública. Pero aquellos que no somos ricos también, con carencias, trabajando en paralelo, más aún cuando uno es del interior. Ahí, la plata no alcanza. Los hijos de los pobres también van a la universidad. Yo estoy orgullosa de la universidad pública».
El presupuesto para el próximo año ya está fijado y, con la ley vetada, la comunidad educativa volvió a reclamar que no alcanza para todos los gastos que tendrán. «Nunca bajó tanto el presupuesto universitario a lo largo de la historia. El conflicto no tendrá solución si el gobierno insiste y no se sienta a escuchar los pedidos de las universidades. Debemos apelar al diálogo», agregó Fernández.
«Nos debemos comprometer con esto, no solo para los que estudian ahora, sino por los que vienen en un futuro. Es una lucha que arranca hoy y cuida el futuro de la comunidad», añadió.
La posición de Adrián Carenzo
Adrián Carenzo alzó la voz, en representación de Juntos, y sostuvo: «Lamento que la discusión tome un color político. Se aprovecha desde esa parte y nos aleja de la solución. Condeno los hechos de violencia en las universidades, que deberían ser sagradas. Tenemos que tener calma, generar puentes, brindar un mensaje conciliador y evitar hechos de violencia. La universidad no puede ser un caldo de cultivo».
El concejal sostuvo «el gobierno nacional es el que tiene la decisión. Nosotros no acompañamos ningún tipo de recorte a la educación, que nos va a curar, nos dará trabajo y una salida a esta situación que vive el país».
Pero tuvo una postura favorable a las auditorías: «Le darán legitimidad a la situación. Debe auditarse para que cada universidad le cuente a los vecinos en qué se gasta el dinero que es de los Contribuyentes. Estamos en desacuerdo con el desfinanciamiento, pero a favor de las auditorías».
Por último, comparó lo que ocurre a nivel nacional con la gestión municipal, encabezada por Gilberto Alegre: «En este contexto, es valorable destacar que el gobierno local piensa en el futuro y en la educación. Se invierte dinero con escasos recursos, pensando en lo que viene. Se trabaja arduamente e invierte en infraestructura para que los jóvenes se eduquen, no se vayan y tengan oportunidades en la ciudad».
La réplica de Unión por la Patria
Susana Brime, de Unión por la Patria, dijo que «el estado debe ser responsable de la educación nacional. Si los chicos aspiran a tener una carrera, y encima le vetamos el presupuesto, es difícil. Hay que seguir peleando para que la universidad sea segura y gratuita».
Gerardo Chichiri, por su parte, sostuvo que «lo que transitamos es una catástrofe para las universidades. No se vio antes. Aún no cobramos la dimensión que esto tiene. El año que viene, muchos alumnos no podrán continuar una carrera por los pocos recursos. Es mentira que el pobre no llega a las universidades. El Estado se corre de lo que sucede en la educación. ¿A quién le vamos a delegar esa responsabilidad? ¿Quién se hace cargo de las cosas públicas? Milei es el topo que viene a destruir el Estado. Lo está haciendo bien».
«Los recursos para el año que viene serán de cero. No recibirán nada. Es un ataque intencional. Es un llamado de atención para todos. Están desmantelando la universidad pública. Y lamentablemente no vi a nadie indignado con esto», agregó.
Votación con diversas posturas
Luego de las exposiciones, llegó el momento de votación. Tanto Unión por la Patria como UCR-PRO votaron por la aprobación. El bloque Villegas Avanza rechazó el proyecto. Mientras que Juntos se abstuvo de votar. Por mayoría, fue aprobado.
