El Gobierno puso en marcha el proceso de auditoría de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNCIL), con el envío de las primeras 300 mil cartas documento a beneficiarios de Buenos Aires, Mendoza, San Luis, Santa Fe y Chaco.
En el marco de la reorganización del sistema impulsada por el Ministerio de Salud de la Nación, se inició la verificación de más de un millón de casos activos. Esta medida busca garantizar que las pensiones cumplan con los requisitos legales vigentes y lleguen a quienes realmente las necesitan, conforme al Decreto 842/2024. Según estimaciones del Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la revisión podría generar un ahorro de 900 mil millones de pesos durante el año.
La auditoría comienza con el envío de citaciones a los beneficiarios, quienes deberán asistir a una evaluación médica a cargo de PAMI y presentar la documentación requerida. Posteriormente, la ANDIS analizará cada caso y determinará la continuidad o suspensión del beneficio.
Es obligatorio acudir a la citación; de lo contrario, la pensión podría ser suspendida. Quienes no puedan asistir deben justificar su ausencia con 24 horas de antelación, enviando la documentación correspondiente a inasistenciapnc@andis.gob.ar o mediante el chatbot de TINA (54 11 3910-1010).
El plan de auditoría, iniciado en 2024, responde a irregularidades detectadas en el otorgamiento de pensiones. De las 22.417 revisadas el año pasado, solo el 20% cumplía con los requisitos. Además, se identificaron 150 personas fallecidas y 212 reclusos que percibían el beneficio. En octubre de 2024, 14 prófugos de la justicia fueron capturados mientras cobraban estas pensiones.
Se espera completar la evaluación de todas las pensiones activas durante el primer semestre de 2025.