El Gobierno nacional informó que apelará el fallo judicial que suspende la disolución de Vialidad Nacional, anuncio que se hizo en los últimos días.
Lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni. “El Gobierno apelará la suspensión del decreto que determina la disolución de Vialidad Nacional. Fin”, posteó el funcionario en su cuenta de X.
Las declaraciones de Adorni surgen luego de que la jueza en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, Martina Forns, suspendió por seis meses cualquier acto administrativo que derive del Decreto que resolvió disolver Vialidad Nacional, al hacer lugar a una medida cautelar del gremio Sevina.
La magistrada hizo lugar parcialmente a la cautelar de no innovar y ordenó al Estado Nacional y al Poder Ejecutivo que se abstenga de “ejecutar cualquier acto administrativo, que derive” del decreto 461/2025 del 8 de julio pasado, que dispuso la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad.
El gobierno de Javier Milei no podrá disponer “reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas a la Dirección Nacional de Vialidad”.
“Teniendo en cuenta que en esta etapa preliminar del proceso, donde se verifican circunstancias graves y objetivas, permiten justificar el dictado de una medida cautelar de no innovar, a fin de evitar perjuicios irreparables y preservar el statu quo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”, afirmó la sentencia.
La magistrada argumentó que tanto la Constitución Nacional como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “con jerarquía constitucional -en particular los Convenios N.º 87, 98 y 151- impiden al Estado, en su rol concurrente de empleador y regulador, alterar de manera unilateral condiciones de trabajo que han sido establecidas por norma colectiva con plena vigencia”.
La suspensión de la justicia
El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N° 2, a cargo de la jueza Martina Isabel Forns, hizo lugar a la cautelar presentada por el sindicato y detuvo por seis meses el plan de reestructuración de la administración libertaria.
El nuevo revés contra la motosierra de La Libertad Avanza (LLA) fue consecuencia de la aceptación que la Justicia le dio a una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevina), luego de que se decretara el desguace de esa área y su partición en distintas áreas del Estado. “Considero que se encuentran reunidos los presupuestos de admisibilidad previstos en las normas procesales para la procedencia de la medida de no innovar peticionada”, remarcó Forns.
Así, el Decreto 461/2025, que estipulaba reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras en Vialidad Nacional queda suspendido por el plazo de seis meses.
De esta manera, la dirección encargada de planificar y ejecutar obras viales debería seguir existiendo como tal, hasta tanto un juzgado resuelva la cuestión de fondo, que es la legalidad del cierre orquestado por el Ministerio de Desregulación encabezado por Federico Sturzenegger.
“La Constitución Nacional, como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con jerarquía constitucional, impiden al Estado en su rol concurrente de empleador y regulador alterar de manera unilateral condiciones de trabajo que han sido establecidas por norma colectiva con plena vigencia”, añadió la magistrada en una mención al principio de irrenunciabilidad de derechos de los empleados.
Por otro lado, apuntó contra el artículo 32 del Decreto 461/2025 en el que dispone que la estabilidad del personal tiene una fecha de vencimiento. “Se vulneran las normas y garantías laborales vigentes”, destacó Forns. (DIB)
