Se auditaron más de 500 pensiones no contributivas en el Partido, en el marco de un control nacional
En General Villegas se detectaron posibles irregularidades en la asignación de pensiones no contributivas por invalidez laboral tras una auditoría realizada durante el mes de junio. El operativo, que alcanzó a 540 beneficiarios en un distrito donde existen más de mil pensiones activas, dejó en evidencia la necesidad de una revisión profunda del sistema.
El control se enmarca en un proceso nacional impulsado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el Ministerio de Salud de la Nación, que comenzó en marzo de 2025 con el objetivo de garantizar que estos beneficios lleguen exclusivamente a personas con una discapacidad permanente que impida trabajar, y que cumplan con los requisitos establecidos por la Ley 13.478 y el Decreto 432/97.
Renuncias y patologías que no justifican el beneficio
Según pudo saberse, varias personas en Villegas renunciaron voluntariamente a la pensión al recibir la citación a la auditoría, lo que refuerza las sospechas sobre casos concedidos sin el cumplimiento de los criterios médicos y legales exigidos. La simple notificación activó renuncias espontáneas, lo que indicaría que los propios beneficiarios sabían que no les correspondía el beneficio.
También salieron a la luz numerosos casos de personas que accedieron a la pensión por enfermedades que no representan una discapacidad invalidante, como la celiaquía. Si bien se trata de una afección crónica que requiere cuidados específicos, no impide trabajar en la mayoría de los casos, salvo en contextos laborales muy particulares. Sin embargo, hay registros de que se habrían otorgado pensiones por esta causa, lo que motivó su revisión inmediata.
Además, en algunos expedientes auditados no se conoce con claridad el fundamento médico del Certificado Único de Discapacidad (CUD), indispensable para tramitar el beneficio.
Auditoría nacional y marco normativo
Lo sucedido en Villegas no es un hecho aislado. A nivel nacional, en febrero de este año se anunció una auditoría masiva a las pensiones por invalidez, alcanzando a todas las personas mayores de edad que reciben este beneficio, salvo quienes ya fueron auditados en 2024. Los beneficiarios fueron citados mediante carta documento para presentarse a una evaluación médica y presentar documentación respaldatoria en un plazo de 30 días.
Este operativo, encabezado por la Agencia Nacional de Discapacidad y supervisado por médicos de PAMI, apunta a verificar la vigencia de las condiciones médicas, sociales y legales que motivaron la asignación de cada pensión. Si el beneficiario no se presenta o no remite la documentación exigida, puede perder el beneficio.
El marco legal establece que para acceder a una pensión no contributiva se debe acreditar una discapacidad permanente que supere el 66 % de la capacidad laboral, ausencia de vínculo laboral formal, y necesidad socioeconómica comprobada.
Revisión de criterios y enfoque más humano
La auditoría fue inicialmente regulada por la Resolución 187/2025, luego derogada en mayo por el propio Gobierno, tras recibir fuertes críticas por su lenguaje estigmatizante y su rigidez, especialmente respecto a personas con discapacidad intelectual. En su lugar, se implementó un nuevo procedimiento con enfoque individualizado, más justo y alineado a estándares internacionales de derechos humanos.
Pese a este giro normativo, el objetivo de depurar el sistema se mantiene firme, con el propósito de evitar fraudes y asegurar que los fondos del Estado lleguen a quienes realmente lo necesitan.
El desafío de aplicar controles sin vulnerar derechos
El caso de General Villegas, con más de 500 pensiones auditadas y múltiples situaciones irregulares identificadas, es un reflejo de las tensiones que atraviesan todo el país. Por un lado, el Estado debe garantizar el acceso de personas con discapacidad a los derechos que les corresponden. Por el otro, debe impedir que el sistema sea utilizado de forma indebida.
En este contexto, las renuncias espontáneas, los casos dudosos vinculados a enfermedades que no limitan la capacidad laboral, y la falta de colaboración de algunos efectores de salud local marcan un escenario complejo que exige controles eficientes, transparencia y sensibilidad social.
Consultadas por Actualidad, fuentes oficiales se excusaron de dar precisiones y dijeron que la información se dará en tiempo y forma a través de los organismos del área. Se esperan definiciones concretas sobre los casos auditados, y nuevas instancias de revisión continuarán desarrollándose en los próximos meses.
