El Concejo Deliberante de General Villegas volvió a mostrar un intenso intercambio de posturas, principalmente en torno a un proyecto de resolución que expresó el rechazo a la suspensión del artículo 9 de la Ley Nacional de Educación N° 26.206, incluida en el proyecto de Presupuesto 2026 del Gobierno nacional. La iniciativa, presentada por el bloque Fuerza Patria, se convirtió en el punto más debatido de la jornada y marcó las diferencias entre los concejales de distintas bancadas.
El texto aprobado solicita al Poder Ejecutivo Nacional dejar sin efecto la suspensión del artículo que fija un piso mínimo de inversión del 6% del Producto Bruto Interno para educación, además de instar al incremento de las partidas en ciencia y tecnología.
El primero en exponer fue el concejal Gerardo Chichiri, quien sostuvo que “la eliminación de ese piso implica dejar la educación a la discrecionalidad de cada gobierno y agrava el deterioro del sistema público”. A lo largo de su intervención, advirtió que “los recortes presupuestarios afectan directamente a las escuelas del distrito, en especial a las técnicas y agrarias”, y vinculó la medida con un “proceso de precarización laboral y desfinanciamiento del sistema educativo”. También destacó que “la Ley de Educación Técnico Profesional, que se vería alcanzada por el recorte, permitió durante años mejorar equipamiento, entornos formativos y prácticas profesionalizantes en escuelas de todo el país”.
Desde la bancada de La Libertad Avanza, el concejal Sergio Tomaselli defendió la postura contraria, argumentando que el artículo cuestionado “nunca se cumplió desde su sanción” y que “la discrecionalidad ya existía antes de este gobierno”. Señaló que “el problema educativo viene de larga data” y consideró improcedente el proyecto por “inmiscuirse en atribuciones propias del Congreso Nacional”.
Por su parte, el concejal Ignacio García, del interbloque UCR-PRO, reivindicó la necesidad de sostener una meta mínima de inversión: “Podemos discutir si se cumplió o no, pero eliminarlo es un retroceso. El artículo fijaba un objetivo, y quitarlo es renunciar a esa meta”. En el mismo sentido, la concejal Sol Fernández subrayó que “sin financiamiento no hay posibilidad de mejorar la calidad educativa” y recordó que “el piso del 6% se cumplió en 2013 y 2015, lo que demuestra que sí era posible”. Fernández cerró su exposición remarcando que “si se elimina la obligación legal de invertir, también desaparece el derecho ciudadano de exigir su cumplimiento”.
El proyecto fue finalmente aprobado por mayoría, registrándose la negativa de La Libertad Avanza. La discusión sobre la educación fue el tramo más extenso de la sesión, que se prolongó por más de una hora.
Proyectos de La Libertad Avanza
Antes del debate educativo, el bloque de La Libertad Avanza había presentado varios proyectos de comunicación y ordenanza que obtuvieron aprobación por unanimidad o pasaron a comisión. Entre ellos, se destacó la iniciativa para garantizar el libre acceso de ambulancias a residencias geriátricas, tanto públicas como privadas, en todo el distrito. La ordenanza prohíbe el estacionamiento frente a los accesos principales y dispone la señalización de los espacios con la leyenda “Exclusivo ambulancias”.
También se aprobó un proyecto que insta al Departamento Ejecutivo a establecer políticas ambientales para mejorar los basurales de los pueblos del partido, promoviendo la educación ambiental y la generación de “empleos verdes”. El concejal Tomaselli resaltó que General Villegas integra desde 2018 la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático y señaló que “es una herramienta que brinda capacitación, asesoramiento y acceso a fondos internacionales”. Desde el oficialismo, la concejal Betina Rasse manifestó el acompañamiento del bloque y detalló acciones municipales en materia de reciclado, saneamiento y capacitación ambiental.
Otra de las comunicaciones de ese bloque propuso que la Comisión Municipal de Tasación incorpore a martilleros públicos matriculados del distrito en carácter rotativo, con el fin de aportar una mirada técnica e imparcial. La medida fue aprobada por unanimidad.
Educación y cuidados de adultos mayores
También obtuvo acompañamiento general el proyecto para gestionar la implementación de una tecnicatura en gerontología o carreras similares en el distrito. La propuesta busca responder a la creciente demanda de formación específica en el cuidado de personas mayores. La concejal Capponi, del oficialismo, apoyó la iniciativa pero recordó que “el municipio ya trabaja en capacitaciones y diagnósticos vinculados a la atención de adultos mayores, en coordinación con las áreas de Salud, Cultura y Educación”.
Una vez más pidió la palabra Tomaselli para replicar que las comunicaciones “son recomendaciones, no imposiciones” y subrayó que “los pedidos al Ejecutivo son parte de las herramientas que tiene el Concejo para sugerir políticas públicas”.
Otros temas tratados
Entre los expedientes aprobados también figuró la condonación de la deuda automotor de cuatro vehículos pertenecientes al INTA General Villegas y su eximición del pago para el ejercicio 2025. Se ratificó además el decreto que fija el valor del módulo municipal para octubre, con un incremento del 8%, y se autorizó la adjudicación de la licitación privada para el servicio de nebulización urbana en General Villegas y los pueblos del distrito.
Por otra parte, el Concejo convalidó el contrato de locación del edificio destinado al destacamento policial de Cañada Seca y prorrogó hasta el 5 de diciembre la presentación del Presupuesto 2026 por parte del Departamento Ejecutivo. Finalmente, se trató el envío de balances de la Cooperativa de Servicios Públicos Bandera Ló Limitada y la remisión a comisión de un proyecto para derogar artículos de la ordenanza 6635/24.
Con el eje puesto en la educación, pero abarcando múltiples áreas de gestión, la sesión volvió a mostrar un clima de discusión política activa, en el que cada bloque reafirmó su visión sobre el rol del Estado en materia de políticas públicas.
