El abogado laboralista José María Ruiz cuestionó con dureza el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y que se apresta a ser tratado de manera definitiva en la Cámara de Diputados. En diálogo con FM Actualidad, el profesional –villeguense radicado en la ciudad de La Plata– sostuvo que se trata de una iniciativa “renga desde lo técnico y lo jurídico”, al entender que no existió un debate amplio con los sectores involucrados y que varios de sus artículos colisionan con principios constitucionales vigentes.
Ruiz señaló que una reforma de esta magnitud debería haber sido discutida previamente en ámbitos empresariales, sindicales, académicos y productivos, y consideró que la ausencia de ese proceso debilita su legitimidad. “No hubo discusión ni intercambio real con las organizaciones que representan a trabajadores y empleadores. Eso la vuelve una ley vulnerable, incluso desde el punto de vista constitucional”, afirmó.
En ese marco, advirtió que el proyecto no solo resulta desfavorable para los trabajadores, sino que tampoco genera certezas para el sector empresario. Según explicó, la falta de consenso y de reglas claras puede derivar en mayor conflictividad judicial y en un escenario de inseguridad jurídica. “Una ley impuesta, sin diálogo, termina siendo negativa para todos”, sostuvo.
Ruiz remarcó que el derecho laboral argentino se construyó históricamente sobre el principio protectorio, consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y alertó que la reforma avanza en sentido contrario. A su entender, se intenta reemplazar ese esquema por acuerdos individuales entre partes desiguales. “No es lo mismo negociar entre iguales que entre un trabajador y una gran empresa. Ahí no hay equilibrio real”, explicó, al comparar esa relación con un “David contra Goliat”.
El abogado reconoció que el sistema laboral argentino necesita actualizaciones y modernización, pero insistió en que ese proceso debe ser integral y consensuado. “No se trata de dejar todo como está ni de pasar de un extremo al otro. Hay que discutir nuevos formatos de contratación, productividad, cargas laborales, y también derechos modernos que mejoren la calidad del empleo”, señaló.
En su análisis, Ruiz puso como ejemplo modelos internacionales donde jornadas laborales más cortas y mejores condiciones de trabajo conviven con altos niveles de productividad, como ocurre en Dinamarca, Alemania o Canadá. “No se puede mirar a países con los peores estándares laborales cuando la Argentina fue, durante décadas, un referente en derechos sociales”, subrayó.
También se refirió a la informalidad laboral y al peso de las cargas sociales, una preocupación habitual entre pequeñas y medianas empresas. Si bien reconoció que los costos son elevados, consideró que la solución no pasa por recortar derechos sino por generar políticas productivas sostenidas. “Si no hay un plan de desarrollo, de industria y de trabajo nacional, ninguna reforma laboral va a crear empleo por sí sola”, afirmó.
En ese sentido, sostuvo que la formalización del empleo brinda beneficios tanto al trabajador como al empleador. “Tener al trabajador en blanco da certidumbre, previsibilidad y tranquilidad. A la larga es menos costoso que la informalidad, que termina generando conflictos y juicios”, explicó, al tiempo que destacó la necesidad de estabilidad normativa para evitar cambios permanentes que incrementan la incertidumbre.
Ruiz cuestionó además algunos planteos que circularon en torno a la cobertura de enfermedades o accidentes no laborales, y consideró que ese tipo de propuestas evidencian una mirada regresiva sobre los derechos adquiridos. “Cuando se abre la puerta a ese tipo de recortes, se genera una estigmatización del trabajador y se retrocede décadas”, advirtió.
Por último, insistió en que cualquier reforma debería tener como eje la mejora de la calidad de vida de la población. “La legitimidad del voto no habilita a empeorar las condiciones de vida. Gobernar es dejar un legado, y ese legado debería ser que la gente viva mejor”, concluyó.
