El senador presentó dos proyectos de ley para dar previsibilidad al financiamiento de ambos servicios. Para el SAE planteó ajustes trimestrales por inflación, mientras que para el transporte rural propuso actualizaciones según los costos de la actividad.
El presidente del bloque de senadores del PRO, Pablo Petrecca, presentó dos proyectos de ley para establecer mecanismos de actualización automática del financiamiento del Servicio Alimentario Escolar (SAE) y del Transporte Escolar Rural Gratuito en la provincia de Buenos Aires. Las iniciativas buscaron dar un marco jurídico permanente a ambas prestaciones y garantizar su continuidad durante el ciclo lectivo.
El legislador cuestionó la falta de previsibilidad del gobierno de Axel Kicillof y sostuvo que las demoras en la definición de los montos destinados a los transportistas provocaron, año tras año, la pérdida de días de clases para alumnos de zonas rurales. También señaló que la incertidumbre presupuestaria afectó la prestación del servicio alimentario en las escuelas.
Un mecanismo para anticiparse a los problemas
“Preocuparse es reaccionar cuando el problema ya apareció. Ocuparse es anticiparse y generar herramientas para evitarlo”, expresó Petrecca al explicar el propósito de las propuestas.
El senador vinculó la presentación con el pedido de una prórroga para el Presupuesto provincial. En ese contexto, consideró que era una oportunidad para incorporar mecanismos de actualización y convertirlos en ley, con el objetivo de evitar interrupciones en el transporte y la alimentación escolar por falta de previsibilidad.
Ambos proyectos abordaron servicios que inciden directamente en las condiciones de acceso a la educación. En el caso del transporte rural, la propuesta apuntó a asegurar que los estudiantes puedan llegar diariamente a sus escuelas. En el SAE, el objetivo fue garantizar la alimentación y contribuir a las condiciones de salud y aprendizaje.
Actualización trimestral para el Servicio Alimentario Escolar
El proyecto referido al SAE propuso establecer un marco jurídico permanente para la prestación en escuelas públicas de los niveles inicial, primario y secundario, en sus distintas modalidades.
Uno de sus puntos centrales fue la inclusión de una partida específica en la Ley de Presupuesto anual de la Provincia. Según la iniciativa, esa partida deberá actualizarse automáticamente cada trimestre, en un porcentaje no inferior a la variación del Índice de Precios al Consumidor de la región del Gran Buenos Aires, publicado por el INDEC, correspondiente al período inmediato anterior.
La propuesta contempló que la gestión del servicio quede a cargo de los consejos escolares, dentro de sus competencias, y de los municipios que adhieran al régimen mediante los convenios o acuerdos correspondientes.
A su vez, estableció que la autoridad de aplicación, en coordinación con la Dirección General de Cultura y Educación, defina las condiciones generales de implementación, financiamiento, prestación, control y rendición del servicio.
El texto también incluyó disposiciones sobre la calidad de los alimentos. Planteó que la autoridad de aplicación establezca un menú sugerido conforme a un marco nutricional de referencia y realice controles para garantizar la calidad, la cantidad y el valor nutricional de las prestaciones.
Transporte rural con ajustes según los costos
La segunda iniciativa propuso un marco jurídico permanente para el Servicio de Transporte Escolar Rural Gratuito. Estuvo dirigida a estudiantes de establecimientos educativos estatales que necesiten esa prestación por las características geográficas, territoriales o de movilidad de las zonas donde viven.
“El Servicio de Transporte Escolar Rural Gratuito constituye una política pública provincial de carácter permanente y deberá garantizarse con criterios de regularidad, seguridad, accesibilidad, eficiencia y continuidad”, señaló el proyecto.
Para determinar la asistencia financiera anual, Petrecca propuso utilizar como referencia la estructura de costos por kilómetro que aplica la Secretaría de Transporte de la Nación, o el organismo que la reemplace, para el transporte de pasajeros.
Ese monto deberá actualizarse de manera automática y periódica, conforme a las variaciones de los componentes de la estructura de costos oficial. Entre los rubros contemplados figuraron combustibles, lubricantes, neumáticos, reparaciones, mantenimiento de la flota, salarios y cargas sociales, seguros, amortizaciones, impuestos, tasas, gastos administrativos y rentabilidad empresaria.
A diferencia del mecanismo trimestral propuesto para el SAE, el comunicado describió para el transporte una actualización periódica vinculada a los costos de la actividad, sin precisar un intervalo concreto.
Con ambas iniciativas, el senador buscó establecer reglas de financiamiento que permitan anticipar las necesidades de cada servicio y reducir la incertidumbre que, según su planteo, afecta su continuidad.
