El proyecto presentado por el Movimiento San Martín fue tratado y aprobado en forma unánime el pasado jueves, durante la 16° y última sesión ordinaria correspondiente al actual período legislativo.
Dicho proyecto solicita al Ejecutivo Municipal que brinde los antecedentes de habilitación de la residencia geriátrica sita en calle Cetrángolo que, desde que se desató el escándalo que conmueve a toda la comunidad, se encuentra en el ojo del huracán. A su vez, se le solicita que brinde información acerca de la «fecha del último control realizado por el Municipio a cada uno de los geriátricos, si la cantidad de internados coincide con la cantidad de camas habilitadas, el estado de los trámites o de las gestiones realizadas”.
Susana Brime expresó que “es angustiante y triste tener que estar en este recinto reclamando por lo sucedido. Hay una ordenanza municipal, la N° 3.441, a la que se le suma la ley provincial n° 14263, que regulan el funcionamiento y categorización e inspección de los geriátricos. Esta ley enuncia lo que tiene que ver con infraestructura, camas, metros cuadrados. Pero todo eso pasa a segundo plano porque lo que importa es el buen trato, cuidar a los abuelos, limpiarlos, recrearlos. Que un geriátrico no se convierta en un mero negocio”.
La presidente del bloque Movimiento San Martín remarcó que quienes están al frente de los geriátricos deben estar correctamente capacitados en gerontología para poder cumplir esa función.
“¿Cuánto hace que no se inspeccionan los hogares? ¿Cuáles son los requisitos que se les piden? Pedimos que las medidas que la ley proclama se vayan cumpliendo. Si el Ejecutivo no responde a las preguntas de este pedido de información, personalmente nos vamos a acercar a los geriátricos y al Ejecutivo para que nos respondan. Ningún abuelo se merece la aberración con la que fueron tratados”, expuso Brime.
La concejal Sol Fernández apoyó el proyecto y aprovechó para dirigir algunas críticas hacia el intendente Campana: “Esta denuncia tiene que ver con abuso sexual, con maltrato, con vejaciones; y el Ejecutivo Municipal no tomó ningún tipo de medida administrativa, ni presentó la denuncia. Es un delito muy grave y los funcionarios no dieron ninguna explicación. Además, los familiares fueron atendidos con bastante soberbia por parte del Ejecutivo, una actitud frecuente que toman cuando se les reclama un problema. Es responsabilidad estatal que ese geriátrico esté funcionando. Hubiese sido bueno que tomen acciones y que el intendente haga la denuncia correspondiente”, sostuvo.
La presidente del bloque Unidad Ciudadana – PJ remarcó que “las ordenanzas y leyes están para cumplirlas. Las personas que tienen actividad privada o comercios tienen que presentar documentación, pagar todo y así habilitar el negocio. Para los geriátricos con más razón debería ser así. Si no cumplen con las condiciones, la municipalidad debe tomar sanciones. La solución no es cerrar todos los geriátricos, pero sí exigir que se cumplan las leyes y dar un plazo de adecuación para exigirles que se cumplan los requisitos”.
La legisladora de la UCR, Claudia Esain, también manifestó su apoyo al proyecto e insistió en la necesidad de preparar y capacitar a la gente que está a cargo de los geriátricos: “Le pedimos a la Dirección de Educación Municipal que se ocupe de gestionar gente con la preparación suficiente para estar al frente de este tipo de instituciones”, dijo.
Brime recordó que el ex concejal Marcelo Tau ya había presentado un proyecto en el 2016 para el control e inspección de los geriátricos. «Ya es hora de ponerse a trabajar seriamente», concluyó.