Lattanzi era propietario de una empresa de transporte y tras asumir la Intendencia en 2015 pasó a ser de su mujer, su madre y su hijo. La firma se presentó a la licitación pública cuestionada pero desde el Concejo denunciaron la anomalía y, según indicó Lattanzi, decidió no seguir con el proceso licitatorio a instancias del escándalo que se dio en aquellos tiempos.
Con ese argumento el intendente respondió la novedad que surgió el martes cuando el Ministerio Público de la Acusación (MPA) formalizó la acusación contra el intendente y su esposa. A Lattanzi lo acusa por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude a la administración en grado de tentativa.
De prosperar el pedido de elevación a juicio éste sería el primer proceso penal oral y público en toda la provincia contra un intendente en funciones desde que está en vigencia el nuevo sistema penal. No obstante Lattanzi sostiene a capa y espada su inocencia ya que afirma que su mujer finalmente no fue la adjudicataria de esa millonario licitación pública.
En un comunicado oficial sostuvo que «desde la Municipalidad de Rufino, se informa a los vecinos que ante el pedido realizado por la Fiscalía a cargo de Mauricio Clavero de elevar a juicio la causa iniciada por la denuncia del Concejo, más conocida como la «causa de la piedra», es deber dar a conocer la cronología de actos referidos al tema».
El mandatario sostuvo que el pedido de elevación a juicio lo viene solicitando él y su defensa «hace aproximadamente tres años a fin de garantizar y hacer uso del derecho a defensa y la presunción de inocencia».
En el documento difundido ayer indicó que «el 29 de junio de 2016 se abrieron los sobres de la licitación por la cual se buscaba la provisión y flete de 7.500 toneladas de piedra dolomítica. Consta en el acta correspondiente, que al abrirse los sobres, una de la ofertas por la provisión de flete era la correspondiente a la empresa cuya socia gerente es la esposa del intendente».
«En el acta de la comisión de adjudicaciones realizada el 4 de julio de 2016 se recomendó descartar a las empresas que no cumplen con los requisitos y solicitar una reconsideración de precio de parte de los proveedores. También se recomendó no admitir la oferta de la empresa de la mujer del intendente», argumentó Lattanzi.
Agregó que «el mismo día, se emitió una resolución firmada por el intendente y el jefe de Gabinete la cual desestimó la oferta del mencionado trasporte por incompatibilidad con la ley de ética pública». Es por ello que desde el Ejecutivo aclararon que «en ningún momento, el intendente ni otro funcionario municipal cometieron delito alguno, cumplieron con todos los deberes a su cargo».
Sostuvo además que «no existieron negociaciones de ningún tipo relacionadas con esta licitación. No hubo desplazamiento patrimonial indebido del municipio a persona o sociedad alguna, por lo tanto no existió fraude ni intento en tal sentido. Estamos seguros de que la Justicia respaldará nuestro actuar, nuestra transparencia, la que cada vecino de la ciudad merece».
Para la Fiscalía fue clara la intención de Lattanzi de beneficiar a la empresa de su mujer. El argumento es que al ser denunciado por el Concejo y ante la evidencia «de lo grosero de la maniobra, no le quedó otra que no dar curso a esa licitación en la que tenía todas las de ganar su propia empresa», dijo una fuente judicial.
La tentativa de fraude existió y de eso no cabe duda para el MPA ya que la empresa del intendente fue dada de baja, y puesta a nombre de su mujer, su madre y su hijo, antes de asumir el cargo de intendente en 2015. «En la primera licitación presenta a su propia empresa para obtener tres millones de pesos en el caso de ganar y teniendo en cuenta que él decide mucho en ese sentido. Está muy claro la tentativa de fraude, más allá que finalmente la empresa de su mujer no fue elegida». (La Capital)