La decisión del Juez Federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, fue por una protesta que se realizó sobre la ruta 9, a la altura de San Pedro. El fallo alcanza a los integrantes de la Mesa de enlace del 2008 (entre ellos Mario Llambías) y a dirigentes de la oposición, como la ex diputada, Margarita Stolbizer. Desconcierto y preocupación en la actual dirigencia del campo.
A once años del conflicto que se desató entre el campo y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por la Resolución 125, la Justicia reactivó una causa judicial contra los integrantes de la Mesa de Enlace de ese momento y representantes de la oposición, por una protesta que se realizó el 19 de marzo de 2008 en el kilómetro 150 de la Ruta Nacional N°9, a la altura de la ciudad bonaerense de San Pedro, que se había transformado en uno de los puntos centrales de la movilización de los productores agropecuarios.
El Juez Federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, procesó y trabó un embargo de 50.000 pesos por «haber entorpecido el normal funcionamiento de los transportes de tierra con el reclamo».
Los procesados son: Eduardo Buzzi, en aquel momento titular de la Federación Agraria Argentina (FAA); Mario Llambías, ex presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Luciano Miguens, ex presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA); Hugo Luis Biolcati, ex vicepresidente de esa entidad y Fernando Gioino, ex presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro).
Además, fueron procesados: Silvio Etchehum, referente del Sindicato de la Carne; la ex diputada Margarita Stolbizer; la dirigente María del Carmen Alarcón, que en ese momento conformaba el Grupo Pampa Sur, y Raúl Víctores, ex presidente de la Sociedad Rural de San Pedro.
A muchos llamó la atención la decisión judicial, ya que en 2017 el magistrado había sobreseído a todos los imputados. Sin embargo, tras una apelación que se presentó ante la Cámara de Apelaciones de Rosario, la causa volvió a tomar impulso y se llegó a este procesamiento y embargo.
Desde algunos sectores de la dirigencia del campo plantearon que este fallo de la Justicia podría atribuirse al cambio de escenario político que atraviesa el país por estos días. Tras el conflicto por la Resolución 125, la relación entre el campo y el kirchnerismo fue de permanente confrontación, a pesar de los esfuerzos realizados para dejar atrás las diferencias.
Mediante un comunicado de prensa, las nuevas autoridades de CRA expresaron la solidaridad con el ex titular de la entidad, Mario Llambías. Y agregaron: «Resulta llamativo que al mismo tiempo que se escuchan voces que apuntan contra el campo y su actividad productiva, se reaviven procesos que todos dábamos por cerrados luego de 11 años de aquellos sucesos».
Y también manifestaron: «Aquellos reclamos no difieren de los que vimos y vemos a diario, llevados adelante por grupos sociales disconformes con las políticas públicas que ellos pretenden. Cuesta entender el por qué de un tratamiento tan distinto a situaciones fácticamente idénticas. Cuando reclama el campo, proceso judicial; cuando reclaman los movimientos sociales, justificación y solidaridad».
Comunicado de CARBAP
La Sociedad Rural del Partido de General Villegas adhirió al comunicado emitido por CARBAP. El mismo se titula «El uso de la Justicia con fines politicos» y plantea lo siguiente:
«Argentina tiene una forma de gobierno basada en tres poderes independientes entre sí, de tal forma de que ninguno tenga el poder supremo ni la autoridad absoluta. Esta es la razón por la cual el Poder Ejecutivo con toda responsabilidad debe despojarse de toda intención de ejercer influencias sobre el Poder Judicial, quien es el encargado de dictar Justicia frente a la cual todos los ciudadanos somos iguales.
Principio este que sospechamos se ve vulnerado dado el procesamiento casual y oportuno del expresidente de CARBAP Mario Llambias, como así también de dirigentes de nuestras rurales asociadas como Raúl Victores, ex pte de la Sociedad Rural de San Pedro, Rene Ducret, ex pte de la Sociedad Rural de Baradero y otros dirigentes agropecuarios, sociales, gremiales y políticos, con quienes nos solidarizamos, a pocos días de ocurrido el cambio de gobierno como consecuencia de una manifestación en la ruta ocurrida durante el conflicto por la Resolución 125 durante el año 2008.
Desde Carbap ponemos en duda la igualdad de los ciudadanos ante la ley, dado que permanentemente y en forma ininterrumpida los accesos y avenidas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son usados por variados movimientos sociales y políticos que de esa forma manifiestan su disconformidad y/o pedido ante las autoridades sin ningún tipo de consecuencia judicial por sus acciones que incluyen muchas veces el amedrentamiento al resto de los ciudadanos.
Del mismo modo creemos que el Dr. Alberto Fernández tiene varios desafíos enormes por delante siendo uno de ellos el terminar con una grieta que divide a los argentinos, y claramente el uso de la justicia con fines políticos no contribuye a tal fin.
Desde CARBAP solicitamos a los responsables en la cuestión que actúen con seriedad y procedan adecuadamente, sin revanchismos ni segundas intenciones y sin acciones teñidas de cuestiones políticas e ideológicas».
Comunicado de Federación Agraria Argentina
La Federación Agraria Filial General Villegas adhirió al comunicado de repudio por el procesamiento de Eduardo Buzzi y otros dirigentes emitido por la entidad madre, que actualmente preside Carlos Achetonni.
El comunicado dice textualmente:
«Resulta al menos llamativo que, a días del cambio de gobierno, y con una demora de más de una década, un juez dicte el procesamiento de nuestro ex presidente Buzzi y sus pares que condujeron la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias durante el conflicto con el entonces gobierno nacional.
Como el mismo Buzzi expresa, en principio se trataría de un ‘desencuentro y desinteligencia dentro del enmarañado e ineficiente sistema judicial argentino’, que se da entre un juez que pide el sobreseimiento y la Cámara que solicita la prescripción, que llevan a que el Juzgado reactive la causa e inicie un nuevo procesamiento el día 6 de diciembre. Sin embargo, es insoslayable ver ribetes políticos en esta causa. Y no hace ningún favor en el marco del mensaje que dio el flamante presidente de la Nación, Alberto Fernández, que habla de una justicia independiente y de la necesidad de unir a los argentinos.
Más allá de que se da esta situación puntual en el sistema judicial, nos parece un mensaje muy complicado el que se está dando. En un país en el que la protesta social, lamentablemente, es algo tan cotidiano; en el que casi a diario las organizaciones, gremios o agrupaciones permanentemente hacen uso del derecho constitucional a protestar y/o a manifestarse, sin que nadie inicie una causa, parece sospechoso que ahora se reactive una causa por una protesta de hace casi 12 años.
Es difícil no ver un intento de amedrentamiento por parte de la Justicia en este caso, en un momento en el que urge avanzar hacia la unión de todos los argentinos para solucionar los problemas que existen en el país. Por todo esto es que solicitamos a los responsables que actúen con seriedad y procedan adecuadamente, sin revanchismos ni segundas intenciones. Como institución, acompañamos y nos solidarizamos con nuestro ex presidente, en este momento que le toca atravesar. Esperamos que rápidamente se esclarezca esta situación, pues aquel acto por el que se los juzga en 2008 (por “haber entorpecido el normal funcionamiento de los transportes de tierra”) en nada difiere de las protestas que suceden hasta el día de hoy en nuestro país. Por eso pedimos que su tratamiento sea adecuado y no esté teñido por cuestiones políticas ni ideológicas».
El comunicado de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias
La comisión que nuclea a Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria y Sociedad Rural también opinó al respecto:
«La CEEA manifiesta su apoyo irrestricto a los dirigentes procesados por haber realizado un acto pacífico en el marco del conflicto del campo contra la Resolución 125 en 2008.
Asimismo, hacemos saber que cada entidad está apoyando jurídicamente a sus dirigentes para apelar la medida de procesamiento dictada, en la firme convicción de que se trata de una decisión arbitraria y desproporcionada.
Resulta incomprensible que, casi 12 años después, se hostigue judicialmente a un puñado de dirigentes reconocidos por su apego a la legalidad, la institucionalidad y la protesta pacífica, por el simple hecho de haberse manifestado públicamente en el marco de la serie de protestas que se extendieron por todo el país e incluyeron diversos sectores de nuestra sociedad.
En este sentido, cabe destacar que esas manifestaciones (en ejercicio del derecho constitucional que las ampara) en nada difieren de las miles de protestas sociales que se han sucedido a lo largo de estos años, que no han sido judicializadas ni criminalizadas.
Los productores agropecuarios se han caracterizado siempre por buscar la paz, el diálogo y la conciliación.
Apelamos al sentido común de los funcionarios judiciales intervinientes para que aborden los hechos referidos con sensatez y criterio, despojándose de ideologías y revanchismos».