Una nueva asociación presentó un escrito ante la Procuración liderada por Julio Conte Grand y difundió un comunicado donde detallan “una estructura deficiente” que “ya no resiste mayores cargas” en medio de la segunda ola del coronavirus.
El Fiscal Fabio Arcomano, a cargo de la UFI N° 6 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, que interviene en varias causas pertenecientes al Partido de General Villegas, integra el Consejo Directivo de la Asociación de Fiscales de la Provincia de Buenos Aires.
Esta semana, junto a 319 de sus colegas, más de la mitad de los 629 de la provincia, firmó bajo el marco de la Asociación de Fiscales de la Provincia de Buenos Aires un duro comunicado en donde reclaman a las autoridades por la falta de recursos materiales y humanos además de la falta de nombramientos en cargos, en medio de la segunda ola del coronavirus.
Antes de la difusión pública del comunicado, los fiscales realizaron una presentación formal ante la Procuración provincial dirigida por Julio Conte Grand. Los términos de la Asociación son particularmente duros.
“Como consecuencia de un proceso que lleva décadas de desarrollo, la degradación del sistema penal en nuestra provincia ha arribado al límite de lo tolerable”, afirma el texto: “Hemos dejado de lado nuestras naturales diferencias ideológicas, para acudir en auxilio de una estructura deficiente desde su creación, que ya no resiste mayores cargas y necesita ser apuntalada de manera urgente”, asegura el texto, difundido sin firmas.
El texto sigue: “En este contexto, las cuestiones sometidas a nuestra intervención suelen acaparar gran parte de los titulares de los medios de comunicación, de la agenda política y del interés ciudadano. Sin embargo, no se observa un correlato entre la relevancia social otorgada y la asignación de recursos humanos, de infraestructura y logística necesarios para desarrollar nuestra actividad. Existen agentes fiscales con turno permanente de 320 días al año las veinticuatro horas, con superposición de funciones simultáneas, debiendo intervenir en la instrucción y en la etapa de debate oral, en condiciones edilicias deplorables, con escasez de insumos básicos como impresoras, fotocopiadoras, escáneres, y lo más importante, en ausencia de un plantel de empleados y funcionarios acorde a la demanda de trabajo”.
El comunicado se fundamenta con números: las causas penales se duplicaron entre 2007 y 2019, de 500 mil en la provincia a un millón. En agosto del año pasado, las dependencias de la policía provincial tenían 5.480 detenidos, más de 3 veces el número de su capacidad, según números oficiales.
La frase de cierre también es fuerte. Habla de un “accionar urgente en auxilio de un servicio de justicia en materia penal próximo a colapsar”.
