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General Villegas
viernes, 7 octubre, 2022

Aquel wing campeón, otra vez en problemas

Raúl Martins, que en 1974 jugando para FC Larroudé se coronó en la Liga de Fútbol de General Villegas, vuelve a ser tapa de los diarios nacionales. (Ver en Galería fotos con Oyarbide y con Santos De Brasi, Rubén Schropp, Oscar Vaccarini, Hugo Ruzziero y Raúl Martins)

La prestigiosa pluma de Daniel Santoro, del diario Clarín, se ocupó de él en una nota que reproducimos a continuación:

Piden decomisar bienes de un ex espía vinculado a Stiuso y denunciado por proxeneta
Una fiscal solicitó, también, mandar a juicio oral por lavado a un hijo del ex agente de la SIDE, Raúl Martins.
Por primera vez en más de 20 años, una causa por la vinculación de agentes de la ex SIDE con la prostitución tuvo un avance. La fiscal federal Paloma Ochoa solicitó elevar a juicio oral la causa por lavado contra Mariano Martins, hijo del ex agente de la SIDE Raúl Martins. Mientras que Ochoa junto a sus colegas María Alejandra Mángano, titular de la procuraduría contra la trata, y Marí del Carmen Chena, a cargo de la dirección de Recuperación de Activos pidieron el inmediato decomiso de los cuentas e inmuebles que compró el hijo del ex espía.

Martins fue un peso pesado en el mundo del espionaje. En los documentos de inteligencia secuestrados a fines del año pasado en la casa de Cristina Kirchner en El Calafate se encontró uno que se refería a Martins y su relación con “El Lauchón” Viale, asesinado por policías bonaerenses en el 2013 luego de que su jefe, Antonio Stiuso y el fiscal Alberto Nisman se opusieran el pacto con Irán por el atentado contra la AMIA firmado por la entonces presidenta. En esos documentos se busca vincular a Martins con el presidente Mauricio Macri y se recuerda sus relaciones con el ex juez Norberto Oyarbide. Hasta ahora Martins, quien se fue a vivir a Cancún, venía zafando de las citaciones judiciales sobre todo de la jueza María Servini quien lo investiga por supuesto proxenetismo.

En la causa contra el hijo de Martins se dio por probado que entre el 2009 y 2011, por medio de diversas operaciones bancarias y financieras y la compra-venta simulada de propiedades, puso en el mercado bienes no declarados que podrían provenir de la explotación sexual de personas llevada a cabo por su padre Raúl Martins. Por eso la fiscal Ochoa pidió al juez federal Sebastián Casanello, que cierre la instrucción de la causa contra Martins hijo, quien ya se encuentra procesado, y la pase juicio oral para que se decida si es culpable o inocente.

En su requerimiento, según fuentes judiciales consultadas por Clarín, Ochoa documentó la compra venta entre Mariano Martins y su abuela de terrenos en Villa Carlos Paz y un campo sojero en Colonia San Jorge, Santa Fe y movimientos con dólares que, a su criterio, tuvieron como “finalidad ingresar en el mercado bienes no declarados de origen ilícito vinculados presuntamente a las actividades delictivas llevadas a cabo por Martins”.

El imputado vive en Valencia, España, y en 2015 fue indagado vía exhorto y dijo desconocer que su padre “se dedicaba a la trata de personas con fines de explotación laboral”. Mariano Martins afirmó que “el dinero depositado no era de mi padre, sino de mi abuela, que siempre tuvo mucho dinero”. Junto al hijo del ex espía, se investigó a su abuela, Cledi Presilla Coggiola, quien fue sobreseída en esta causa tras morir el año pasado. Esta mujer, pese a que no tenía licencia de conducir, en su vida había comprado una Fiat 125, un Fiat 128 C, y un Peugeot 207 Compact XT Premium HDI, entre otros, encontrándose autorizados para conducirlo Raúl Martins y su concubina Estela Percival. Además, la abuela registró a su nombre inmuebles ubicados en Av. Corrientes al 700 y Juan B. Justo al 5300. Además, fue presidente de las sociedades Noevi SA, Maloar SA, Picu SA y Pini Constructora Inmobiliaria SA, entre otras. La fiscal recordó Martins está siendo investigado en la causa caratulada “Percival, Natalia Beatriz y Otros s/Infracción art. 145 bis” por una denuncia del titular de La Alameda y ex legislador porteño, Gustavo Vera. Este afirmó que el bar anteriormente se denominaba “Brut” y posteriormente “Toreto”, ubicado en calle Vicente López al 2200 estaba a nombre de la sociedad uruguaya ““Queenly Saving S.A.” cuyo apoderado sería Raúl Martins, quien estaría vinculado al negocio de trata de personas y prostitución de terceros”. También denunció que en el inmueble situado en la calle Anchorena al 1100, funcionó el ““Appart Hotel Swinger Club” también propiedad de Martins, que sería un conocido prostíbulo que funcionaría bajo la apariencia de un club swinger”.

La fiscal recordó que en esa causa se libró exhorto internacional a México para que se le reciba declaración indagatoria a Raúl Martins, y se ha declarado la orden de paradero respecto de Leandro Daniel Taboada y de Ariel Luís Martins. De momento, no se ha resuelto la situación procesal de ninguno de los imputados”.

En su indagatoria, Mariano Martins aseguró que su padre “nos hizo creer que (las denuncias en su contra) provenían de enemigo de él que buscaban perjudicarlo. Mi padre siempre me generó un sentimiento entre respeto y temor. Por supuesto que creí que todo ello era falso. Nunca me involucré en los negocios de mi padre pero sabía que le habían hecho varias causas penales. Sabíamos que en el marco de esas causas penales le trabaron medidas cautelares, como embargos e inhibiciones”.

En su defensa agregó que “mi abuela Cledi venía de una familia de mucho dinero, propietaria de campos en Santa Fe. Ya había estallado el bum de la soja cuando la abuela empezó a decirnos que había que pensar en el futuro… que ella ya estaba muy vieja y que en caso de fallecer, su único heredero era nuestro padre, que estaba inhibido y embargado”.

En su coartada, Mariano Martins dijo que su abuela “nos propuso‘saltearlo’ en la sucesión. La idea era donarnos sus bienes, pero la escribana le explicó que hacerlo como donación degradaba el valor de los mismos dado que el título sería observable, según me informó mi abuela, la escribana sugirió que se hiciera figurar una venta”.

Relató que “cuando Lorena volvió a Argentina nos empezó a contar escandalizada la realidad de las cosas. Los rumores no eran falsos. Papa era un proxeneta de proporciones desconocidas. Cuando Lorena inició su cruzada, inmediatamente nos alineamos con ella. Tanto el que suscribe, como mi madre Cristina Cancela y mi hermano Ariel (…) Con el poder que me hicieron firmar para administrar el campo, volvieron a poner a nombre de mi abuela los inmuebles objeto de este proceso. En junio de 2014, a través de mi apoderado (…) remití a Estela Percival una carta documento para que rinda cuentas de la venta hecha a mi nombre, la que jamás autoricé”. La fiscal Ochoa no le creyó y por eso pidió enviarlo a juicio oral y público. En el 2012, Lorena Martínez hizo una serie de denuncias penales y periodísticas contra su padre que tuvieron una amplia repercusión.

El delito de lavado de activos que prevé, según el artículo 303, inciso 1° del Código Penal (según Ley 26.683) una pena de 3 a 10 años de prisión.