Finalmente, se derogó la resolución 20/2018 que les permitía, a las empresas prestadoras del servicio de gas, cobrar un extra retroactivo. De esta manera, los consumidores no tendrán que pagar las polémicas 24 cuotas: se hará cargo el Estado, en un plan de pago hasta 2021, y las empresas deberán absorber una parte del costo.
Tras escuchar el reclamo de la oposición y analizar la propuesta que este martes hizo el radicalismo, el Gobierno decidió frenar el polémico pago retroactivo en la tarifa de gas que debían realizar los usuarios para compensar por la devaluación a las empresas prestatarias.
Los referentes de los principales bloques parlamentarios, incluido Cambiemos, fueron notificados por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien desembarcó en el Congreso ante el riesgo que advirtió el Gobierno de que la medida emitida el viernes pasado por el secretario de Energía, Javier Iguacel, empantanara la discusión por el Presupuesto 2019.
En la reunión, Frigerio les notificó a los legisladores de la oposición que la decisión del Gobierno es que las empresas absorban una parte del costo y que del resto se hará cargo el Estado, en cuotas hasta 2021, por lo que tampoco se verían afectadas las previsiones presupuestarias y el pretendido déficit cero para 2019.
No obstante, ayer el Senado de la Nación sesionó y varios legisladores de la oposición se mostraron en contra de que sea el Estado quien se haga cargo de esa pérdida por la corrida cambiaria, y exigieron que las empresas se hagan cargo de la totalidad del costo.
En Diputados, la oposición había unido fuerzas para convocar a una sesión especial para el jueves 18, con el objetivo de derogar la resolución 20/2018 de Iguacel, amparada en la ley 24.076 sancionada en 1992, que habilita «al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) a instruir a las prestadoras del servicio de distribución al recupero del crédito a favor de los productores en línea separada en la factura de sus usuarios, en 24 cuotas a partir del 1º de enero de 2019». Se trata, estiman en el Gobierno, de unos 10 mil millones de pesos, más intereses. Según había adelantado el secretario, sería un promedio de entre 90 y 100 pesos por mes durante dos años.
Al defender su medida, Iguacel indicó que se había decidido disponer la suba en 24 cuotas porque sino «en vez de 34,7%, el incremento hubiera dado el 200%», y alertó que si se vuelve a la política de importar gas y al desabastecimiento que dejó el kirchnerismo, «el que pagó $3.000, pagaría $6.000 o $9.000», según de dónde se importe el gas.
Más allá de que el Presidente Macri había salido a defender la decisión del Gobierno al señalar que «la energía cuesta y hay que pagarla», la rápida respuesta de la oposición que se abroqueló y llegó a amenazar incluso con dejar sin Presupuesto al Gobierno, forzó a la Rosada a buscar alternativas. Así, primero se analizó la propuesta que hizo llegar el radicalismo, cuyo costo para el Estado sería de unos 100 millones de dólares.
Con esta nueva marcha atrás, el Gobierno desactiva un nuevo foco de conflicto en el Congreso y ahora confía en aprobar el Presupuesto en Diputados tal como lo tenía previsto, con una sesión especial el 24 de octubre.
Impacto en General Villegas
En nuestro distrito esta resolución causó una inmediata reacción en varios bloques del Concejo Deliberante, puesto que se presentaron tres proyectos para repudiar esta medida. Uno de ellos de autoría del Movimiento San Martín, otro de Unidad Ciudadana-Partido Justicialista y el tercero de los bloques UCR y UCR-Cambiemos.
«Los usuarios no tienen que hacerse cargo de los problemas derivados de la devaluación del peso. Esta resolución es absolutamente abusiva, arbitraria, inconstitucional y claramente confiscatoria», sostuvo Susana Brime.
«El Gobierno nacional debería hacerse cargo a través de recursos que provengan de la recaudación impositiva, dejando sin efecto la resolución, porque la provisión de gas es un servicio público esencial que debe llegar a la totalidad de los habitantes del país», agregó.
Por su parte, el proyecto de UC-PJ destacaba que «en ambas cámaras del Congreso Nacional se han presentado proyectos en rechazo a la resolución 20/2018, solicitando su derogación. Asimismo, se dieron inicio a amparos colectivos por ONG e intendentes y el fiscal Guillermo Marijuan denunció penalmente al secretario de Energía, Javier Iguacel, por dicha resolución».
El proyecto de los bloques UCR y UCR-Cambiemos señalaba que «los consumidores no deben responder por las diferencias entre la cotización del dólar, sino que en este caso el esfuerzo debería ser de las empresas distribuidoras y no de los vecinos».
Desde el Facebook de la Unión Cívica Radical de General Villegas se celebró la determinación de derogar dicha resolución. «El tránsito hacia una economía sana debe ser con esfuerzos compartidos. La rectificación de la medida sobre el gas alivia el costo sobre la tarifa y protege a los sectores medios de la población. En Cambiemos se escuchan todas las voces y prevalece el diálogo para que construyamos juntos las mejores soluciones a los problemas de los argentinos», afirmaron.
No obstante, horas antes que se conociera la marcha atrás del gobierno nacional, desde Unidad Ciudadana denunciaban que «el proyecto que presentamos referido al aumento extra en la tarifa de gas, no va a ser tratado en la próxima sesión del HCD y ha quedado en Comisión ya que el oficialismo se opuso a su tratamiento. Cambiemos está a favor de seguir aumentando las tarifas de energía. Cambiemos ha demostrado una vez más que gobierna a espaldas de la sociedad y a favor de unos pocos. Cambiemos es indiferente a la realidad y a la economía de los hogares de Villegas. Cambiemos no entiende que ya no hay lugar para seguir profundizando el ajuste».
Más allá de las acusaciones, con la derogación de la medida ya no será necesario que estos proyectos sean tratados por el Concejo Deliberante.
