Por Omar Emín
Por medio de un único decreto, el Gobierno dipuso finalmente un bono de $5.000 en dos tramos y un sistema de preaviso ante las autoridades para los despidos sin causa.
Esas medidas que integran un paquete más amplio de beneficios destinados también a jubilados y beneficiarios de planes sociales fue el precio que tuvo que pagar ayer el macrismo para desactivar la quinta huelga general programada por la CGT, una medida que amenazaba con empañar la cumbre del G20 y enturbiar el clima social en vísperas de diciembre.
El decreto de necesidad y urgencia (DNU) contempla en su primer capítulo el pago de una asignación no remunerativa en dos cuotas de $2.500, una a pagar en diciembre y otra en enero, para 6 millones de trabajadores del sector privado, con el objetivo de compensar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios que según datos oficiales ya supera el 6% en el año.
La disposición establece además un proporcional para los asalariados de jornada reducida y la adecuación de los plazos y montos en aquellas actividades en “crisis” o “declinación productiva”.
En cambio, quedaron excluidos unos 320.000 trabajadores agrarios y 500.000 empleadas de casas particulares que deberán discutirlo en el marco de sus regímenes laborales específicos.
Tampoco fueron alcanzados 3 millones de empleados públicos. Si bien habrá negociaciones en el ámbito de la administración nacional para replicar el beneficio, será más complicado en las provincias y municipios, donde algunos gobernadores e intendentes ya hicieron saber que no hay presupuesto para un esfuerzo adicional.
Uno de los puntos más discutidos del DNU es aquel que permite enganchar el bono a las paritarias. Los empresarios reclamaban que la suma pueda ser compensada por los incrementos pactados en la revisión de los acuerdos o fuese a cuenta de futuros incrementos. Pero el texto firmado prevé que deberá acordarse en el marco de las paritarias, una condición que fue celebrada por los hombres de la CGT, ya que en la práctica significa que las empresas deberán tener el consentimiento del sindicato para que el monto de fin de año sea absorbido por la negociación salarial.
El otro apartado que irritó al sector privado es el capítulo tercero, en donde se fijó un procedimiento para dilatar los despidos sin causa que estará vigente hasta el próximo 31 de marzo y que excluye a la industria de la construcción. En concreto, los empleadores deberán comunicar las cesantías con 10 días hábiles de anticipación, un período que incluyendo los plazos de notificación podría extenderse a tres semanas. Su incumplimiento será castigado con sanciones y el Ministerio de Producción y Trabajo, a su vez, podrá convocar a las partes a audiencias si lo desea.
Fuente: iProfesional.com
