El Concejo Deliberante tuvo esta semana su 2° sesión ordinaria, con un total de 48 asuntos entrados legislativos y tres despachos de comisión. Hubo varios temas que pasaron directamente a comisión y otros que en forma unánime fueron aprobados, sin necesidad de votación.
Algunos perdieron vigencia por el paso del tiempo porque habían sido presentados en el mes de diciembre del año pasado y el Cuerpo Legislativo no sesionó en forma ordinaria durante buena parte de diciembre, enero y febrero; y por supuesto no faltaron los que despertaron la discusión o al menos posiciones encontradas de parte de los diferentes bloques.
Fue lo que ocurrió por ejemplo con la desadjudicación de diferentes terrenos del Sector Industrial Planificado (SIP), teniendo en cuenta que en esos lugares específicos no se había generado aún ningún tipo de movimiento, años después de haber sido adjudicados.
En total 13 beneficiarios de esos espacios ya no lo son, luego de que fueran desadjudicados mediante la aprobación de los diferentes proyectos de ordenanza presentados. Se trata de Osvaldo Raúl Tomaselli; César Daniel Geltgenlichter, Javier Antonio Besso y Franco Christiansen; Sergio Dirassar y Mariela Crusat; Claudio Ariel Carisano; Daniel Alejandro Guerrera; Jorge Rubén Balderrín; Norberto Angel Doyle; Jorge Edgardo Gauto; Héctor Emilio Videla; Víctor Hugo Miranda; Transporte Los Primos SH (Bernardo Mezzelani y Carlos Matellán); Ricardo Raúl Frey y Graciela Margartita Ortellado.
Los distintos bloques de concejales tomaron la misma posición al respecto cuando se trató el primer proyecto de desadjudicación. De esta manera se evitó explicar las diferentes posturas de los concejales ante cada uno de los 13 proyectos, teniéndose en cuenta la misma votación que se había puesto de manifiesto al principio.
La única excepción se dio por el terreno que tenía disponible en el SIP Transporte Los Primos. En este caso el Frente Renovador (FR) pidió una moción de orden para que quedara en comisión y no fuera aprobado, solicitud que no acompañaron el resto de los legisladores.
«Este gobierno tiene mucho que aprender»
La primera en exponer sobre las desadjudicaciones fue Jorgelina Miranda, al dejar en claro que su bloque se abstendría de votar en cada uno de los proyectos presentados en ese sentido, «porque la gestión anterior entregó esos terrenos para que las empresas pudieran ordenarse, organizarse y trasladarse a ese sector, para de ese modo mejorar el radio urbano».
«Desde que asumió este gobierno (nacional) no se puede invertir, tenemos una política económica que no ayuda a progresar, por lo que proponemos que se intime a los beneficiarios para que se trasladen al área industrial. Si después de cierto plazo no lo hacen, ahí sí desadjudicar. Me parece que este gobierno tiene mucho que aprender», agregó.
«Tratemos de cumplir las normas»
Fue entonces cuando Alicia Laino, de UCR-Cambiemos, pidió la palabra para aclarar que «existe una ordenanza desde la gestión anterior que obliga a que la persona que no cumple, sin intimación previa, se pueda desadjudicar. Además, hay casos en que los propios beneficiarios están pidiendo que se los desafecte. Sería bueno que tratemos de cumplir las normas que nosotros aprobamos».
«Las normas se pueden cambiar»
Horacio Pascual (FR) respondió a eso al decir que valoraba las palabras de Laino, «pero a veces las normas fueron hechas en determinados tiempos y se pueden cambiar. Dudo de que en algunos casos no les hayan solicitado que pidan la desafectación».
«Pongámonos a trabajar»
Laino entonces volvió a tomar el micrófono para recordar que «somos concejales, así que si las normas están en desuso pongámonos a trabajar y hagamos una nueva ordenanza». «Pongámonos a trabajar entonces», repitió por detrás Pascual.
«Al FR le digo que hay que aprender de los errores»
La posición de Unidad Ciudadana-PJ fue expuesta en la voz de Sol Fernández. Sostuvo que su bloque acompañaría los proyectos «porque las adjudicaciones tienen muchos años y la ordenanza dice que a determinado tiempo de no construcción, se demuestra que no hay interés y se le quita la posibilidad a otro interesado. Al Frente Renovador le digo que hay que aprender de los errores. Recuerden lo que pasó el año pasado con la gente que no pudo construir y hubo terrenos que se vendieron o permutaron. Hay que ser justos».
«Las empresas deberían pagar»
«Hay una ordenanza que cumplir», fue más específica Susana Brime desde Movimiento San Martín (MSM), aunque reconoció que también «puede ser corregida»; y sugirió que a las empresas adjudicatarias se les cobre un canon para que el municipio mantenga el SIP en condiciones.
Sostuvo que no se trata de casos iguales cuando «hay gente que no demostró interés en hacer algo, al que sí lo hizo. Entiendo lo que plantea el FR con respecto a la crisis actual. Propongo que se dejen de regalar terrenos, porque son empresas, pueden pagar y eso le sirve al municipio para el mantenimiento».
«La planificación urbana es un déficit de este gobierno»
Fue la expresión de Martín Micucci, desde Encuentro Vecinal; y pidió más control «porque las cosas no se hacen. Hay normas y hay que hacerlas cumplir»; dejando en claro que acompañaría cada uno de los proyectos presentados en este sentido «porque no hay desequilibrio, todos los casos están normalizados».
«Hubo un relevamiento»
Por su parte Claudia Esain, unida a UCR-Cambiemos desde este período legislativo 2019, explicó que los diferentes proyectos presentados sobre la desadjudicación de terrenos en el SIP «surgen de un relevamiento realizado por el área que corresponde. Hay un solo caso que permanecerá en comisión porque hay un interés de hacer algo de parte del beneficiario. En los demás hay renunciamiento. La primera adjudicación fue en el año 2010, estamos en 2019 y no ha habido posesión real».
Trapitos al sol
La ocasión no fue desaprovechada para que el Frente Renovador, en la voz de Marcelo Betanzo, deslizara un comentario sobre la aparente venta ilegal de terrenos cuya investigación se encuentra en manos de la justicia. «Terrenos que se otorgaron por decreto por necesidad de la gente y fueron vendidos por funcionarios dentro de la Municipalidad», expresó.
Sebastián Cerrajería de UCR-Cambiemos -que durante un tiempo estuvo a cargo de la Dirección de Vivienda-, recordó que «en octubre de 2015 la mitad de la ex quinta de Migliore se dio con ‘papelitos'»; y sostuvo que «si hay culpables por venta ilegal de terrenos lo va a decir la justicia, no el concejal».
Y entonces Horacio Pascual (FR) no dejó pasar la oportunidad de mencionar lo que la gestión anterior hizo en este sentido, recordando la política de compra y loteo de parte del municipio para luego vender a los vecinos a precios accesibles, «lo que permitió el crecimiento de la ciudad. En la historia pudo faltar o no algún papel. Pero jamás tuvimos una denuncia por venta de terrenos».
Si bien en los trece proyectos presentados el tema en cuestión era el Sector Industrial Planificado (SIP), el tratamiento se fue por momentos por las ramas, para sacar los trapitos al sol de los terrenos en planta urbana.