La concejal Laura Pico volvió a pedir informes al municipio sobre el agua que se utiliza en el partido.
Luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidiese suspender las fumigaciones en tres barrios de la ciudad de Pergamino, tras detectarse que en su agua potable había más de 18 pesticidas o fitos sanitarios, la concejal Laura Pico volvió a pedir informes al municipio sobre el agua que se utiliza en el partido, publicó Infonoroeste.
Según destacó la edil del radicalismo, el estudio fue realizado por el INTA y el mismo determinó que el agua era no apta para el consumo humano. “En Rojas, Junín, Viamonte y 9 de Julio se ha pedido que los intendentes gestionen análisis de agua para saber donde estamos parados”, aseguró.
El «pedido de informe» que impulsa es un proyecto de resolución el cual, si es aprobado durante alguna sesión ordinaria en el Concejo Deliberante, brinda la herramienta necesaria para que el poder ejecutivo proceda sin ningún impedimento a realizar el estudio, de manera preventiva.
De realizarse se analizarían los pozos de extracción de ABSA, por lo que es importante su colaboración, y también algunas canillas de agua ubicadas en distintos puntos del municipio. “Somos parte todos de una cuenca hídrica y compartimos muchas aguas subterráneas y superficiales por lo que nada quita que estemos en una situación similar”, comentó.
Mientras esto sucede en el interior del país y el mundo, nuestra Corte Suprema mira para otro lado, se hace la desentendida y parece no importarle la tragedia que la argentina vive como consecuencia del envenenamiento masivo con 450.000.000 de litros de Glifosato por campaña de siembra esparcidos sobre doce millones de argentinos que viven en zonas rurales, sus alimentos y su suelo cada vez más pobre en nutrientes y minerales. Digo esto porque hace dos años que tiene en su despacho para resolver una medida cautelar en la que se le solicito la suspensión preventiva de las “fumigaciones” y/o el “etiquetado” de aquellos alimentos transgénicos producidos a base del uso del “glifosato”. Dicha cautelar se anexa a una demanda judicial colectiva masiva (acción de clase estilo americano) donde la clase somos “todos los argentinos”, incluido usted lector, en la que se demanda a todas las empresas contaminantes, Monsanto, Bayer etc. un resarcimiento económico colectivo para todos los argentinos por el daño ocasionado a la salud pública y al ambiente además del daño moral colectivo, por haber convertido nuestro territorio (30 millones de hectáreas) en un campo químico experimental por más de 20 años a sabiendas de su peligrosidad para la salud pública y el ambiente, su insostenibilidad científica y económica, basado en la mentira y con el único fin de ganar dinero. La causa cuenta con el aval de dos Fiscales Federales y la Defensora de Menores ante la CSJN y ahora el Dictamen de los propios Peritos Oficiales de la Corte -sin embargo- su trámite duerme el sueño de los justos. Anhelamos que el máximo Tribunal deje de mirar para otro lado, asuma la responsabilidad que le cabe en el asunto, no ignore estos hechos y dilemas terribles, pues no es propio de hombres del derecho atentos a la realidad, a la vida cotidiana y sus conflictos.
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