Unos 1000 padres de alumnos de escuelas de la provincia de Buenos Aires deberán responder por amenazas de bomba falsas realizadas por sus hijos durante el último año.
Los padres -en su mayoría de alumnos de escuelas públicas y de familias de escasos recursos- podrían enfrentar penas desde 60.000 pesos en adelante.
Este es el costo que supone para el erario público movilizar todo un protocolo que incluye a la Policía, bomberos, ambulancias y personal de la Dirección antiexplosivos, ante cada amenaza en un edificio público.
La Fiscalía de Estado -organismo Constitucional a cargo de la defensa de los intereses del erario público- confirmó a LA NACIÓN que tramita al menos 1000 expedientes para dar con los responsables de estas amenazas que tuvieron un crecimiento exponencial en los últimos tres años.
Se trata de causas penales iniciadas por el delito de intimidación pública en base al artículo 211 del Código Penal que se encuentran en distintas instancias, pero todas cuentan con la querella del Estado.
En marzo último ya se dictó la primera condena contra un joven que realizó amenazas de bomba en una escuela pública de Morón. El imputado tuvo que pagar 60.000 pesos y realizar tareas comunitarias.
Ahora la Justicia buscará responsabilizar a los alumnos mayores de edad, o a los padres de los menores, para que respondan con su patrimonio por el perjuicio causado al erario.
De acuerdo con datos de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia los delitos contra el orden público registraron una suba del 695 por ciento entre 2016 y 2017.
De 480 hechos en 2016 se pasó a 3819 en 2017. La mayoría corresponden con amenazas de bombas en las escuelas y nunca fueron esclarecidos. (La Nación)
