El Concejo Deliberante trató la rendición de cuentas del ejercicio 2018 y, como era de esperarse, todo el arco opositor votó en contra. De esa manera ganó la no aprobación por 10 votos (5 del Frente Renovador, 2 de Movimiento San Martín, 2 de Unidad Ciudadana-PJ y 1 de Encuentro Vecinal) contra 6 (del interbloque UCR-Cambiemos).
Luego de un período prudente de tiempo que los bloques tuvieron para estudiar los números, expedientes y la documentación provista por el Departamento Ejecutivo, cada uno elaboró un despacho que fue leído durante la sesión extraordinaria del jueves (la 1° del año). Llamativamente no hubo discusiones después de la lectura y por lo tanto se procedió a tomar votación.
Despacho Frente Renovador
«La gestión del intendente Campana muestra una política de distribución de los recursos no compatible ni coherente con las necesidades y demandas de los vecinos, los cuales manifiestan necesidades de contar con: viviendas, obras, salud, servicios. Este bloque, ante irregularidades que a continuación se detallan y ante la repetición de errores visiblemente probados, es que desaprueba una vez más la rendición de cuentas período 2018», comenzó diciendo la concejal Silvia Álvarez.
Algunas de las irregularidades halladas por el Frente Renovador fueron las siguientes:
- Escuela de árbitros: «La proyección de gastos de la escuela de árbitros, presentada por la Secretaria de Deportes, de $258.000 anuales se convirtió en la suma de $838.800, significando una inversión mensual de $70.800. Este año la Liga de Fútbol de General Villegas pudo lograr el mismo curso/capacitación por $25.000 mensuales. Esta situación nos demuestra un derroche de los fondos públicos».
- Escuela de Guardavidas: «Para La Escuela de Guardavidas se realizó una inversión de $746.650 y según Rafam esta asociación percibió durante el ejercicio 2018 la suma de $490.000. Sin dejar de considerar la importancia de contar con personal de guardavidas bien formados y entrenados para las piletas del Distrito de General Villegas, no podemos dejar de observar la mala administración de los recursos públicos cuando el mismo se podría haber realizado en la ciudad de Trenque Lauquen, donde la capacitación es gratuita, y haber invertido solo en el traslado de los estudiantes de nuestro partido a dicho curso».
- Adelanto de dinero a DYNCO S.A: «Cuestionamos un adelanto de dinero de aproximadamente $2.500.000 a la empresa DYNCO S.A. adjudicada para la construcción de los baños y cerramientos del SUM del Parque Municipal en junio de 2018 cuando la obra aún no había sido comenzada. Este bloque cuestiona el nuevo llamado a licitación pública ampliándose notoriamente el presupuesto de $16.687.075 en 2018 a casi $ 25.000.000 en 2019. Este inconveniente suscitado con la empresa anterior, que aún no ha sido resuelto, genera a la municipalidad la perdida momentánea de recursos financieros y la dilapidación de dineros públicos».
- La caída del código único de distribución (CUD): «Observamos que en estos 4 años el índice ha caído 10 puntos, lo que significa para el distrito de General Villegas una pérdida cercana a los casi $ 80.000.000 de pesos. Cuando hablamos de la caída de coparticipación hablamos de una mala administración municipal».
- Incompatibilidad legal: «Se continúa el vínculo comercial entre proveedores que son familiares directos de agentes municipales con jerarquía en su cargo. Si bien no hay inhabilidad legal, hay inhabilidad moral ante la falta de ética de estos manejos que perjudican el estado puro de las cuentas municipales. Ésta forma de especulación y aprovechamiento económico del cumplimiento de una función deja mucho que desear cuando este gobierno pregonó a través de su gestión la transparencia en sus cuentas».
- Conflicto de intereses: «El Honorable Tribunal de Cuentas determinó que los integrantes de las sociedades Inarco S.A. y Pampamix S.A. son las mismas personas responsables. Ambas empresas forman un mismo grupo económico. A pesar de esta conducta empresarial, el Municipio de General Villegas siguió operando con dichos empresarios responsables del fraude licitatorio. Las empresas Inarco S.A y Pampamix S.A continúan operando con el municipio de General Villegas simulando ser dos empresas para cometer fraudes con el visto bueno del secretario de Obras Públicas y el intendente municipal».
Despacho Unidad Ciudadana-PJ
«En relación al presupuesto de gastos, se observa subejecución en la mayoría de las áreas, mencionando como las más importantes: Secretaria de Cultura, Secretaria de Deportes, Servicios Urbanos, Secretaria de Seguridad, Medio Ambiente y, fundamentalmente, la Secretaria de Obras y Servicios Públicos con una variación del 15.99%. Se resalta a ésta última porque la subejecución de ésta área se traduce en la pérdida de la capacidad de hacer por parte del municipio, ya que no existe una mejor inversión que la obra pública para la comuna. Del resultado del ejercicio 2018 finalizado la Municipalidad cuenta con $60.569.515,02 no gastados», remarcó la edil Sol Fernández.
Entre las irregularidades identificadas, el bloque UC-PJ se centró en ciertas anomalías con los proveedores: «Hay incompatibilidad en el desempeño de Empleo Público. Un proveedor facturó un total de pesos $200.300 a la Municipalidad y es, a su vez, empleado público de esta comuna. La incompatibilidad es manifiesta, en franca violación al Art. 179 de la Ley Orgánica de las Municipalidades».
También cuestionaron la solicitud de viáticos por parte de funcionarios de gobierno sin la correspondiente rendición: «Ello provoca la imposibilidad de controlar, atento la cantidad de documentación y cajas. Este bloque solicita para la próxima rendición que estos expedientes se conformen juntos (solicitud de gastos + rendición)».
Al igual que el Frente Renovador, el bloque UC-PJ fue crítico con el anticipo financiero de $2.503.061,25 que la Municipalidad le otorgó a la empresa que estaba encargada de la obra del Polideportivo: «Ocurrió en el mes en que hubo una fuerte corrida cambiaría y el dólar trepo su valor en más de un 30%. Tal situación llevo a la empresa a solicitar una readecuación de precios y no se comenzó con la ejecución de la obra del Polideportivo. Este incumplimiento contractual por parte de la empresa seguramente se resolverá judicialmente y, si bien no es totalmente imputable al gobierno, éste debería haber desembolsado el anticipo financiero ni bien fue realizada la licitación, previendo en el contrato el contexto de crisis económica y financiera que vive el país. No obstante, como todos sabemos, el gobierno niega la crisis esgrimiendo que el crecimiento es invisible. El resultado es un nuevo litigio judicial por recuperar un monto que cada día se devalúa más», argumentaron.
Despacho Encuentro Vecinal
«En términos generales el balance contable muestra un equilibrio que nos dice mas de la habilidad de los contadores que de la realidad de la gestión», disparó de entrada el legislador Martín Micucci.
«La Secretaria de Obras y Servicios Públicos tiene una desviación entre lo presupuestado y lo ejecutado de $33.480.832, sobre un total de $194.239.429, esto es un 17% menos de lo presupuestado y no un 15,99% como figura en el cuadro del informe, lo que significa una subejecución de obra pública que en tiempos de alta inflación implica una reducción de poder adquisitivo que redundará en menos cantidad de obra. Es decir, nos encontramos ante un caso de mala gestión de los recursos o dinero público», expresó el edil.
Por otro lado, el despacho del bloque Encuentro Vecinal también hizo mención a las irregularidades en relación con los proveedores municipales:
- «El proveedor cuya facturación anual alcanzó la suma de $124.000 en el ejercicio en cuestión, ha prestado servicio a un área municipal a cargo de un funcionario municipal que es familiar directo. Que el servicio solicitado al familiar directo es realizado para una empresa cuya propiedad es del mismo funcionario público y la entidad en cuestión no se encuentra registrada en el comité regulador de la actividad, lo cual constituye una irregularidad aún mayor por parte del municipio, el cual contrata servicios de empresas no inscriptas regularmente».
- «El proveedor cuya facturación anual alcanzó la suma de $200.300 en el ejercicio analizado, es empleado del municipio, existiendo incompatibilidades y conflictos de intereses en el ejercicio de la función pública».
Despacho Movimiento San Martín
Al igual que el resto de los bloques que votaron por la no aprobación, desde el Movimiento San Martín se hizo particular énfasis en casos de proveedores que son empleados del municipio o que tienen familiares directos dentro de la planta municipal.
El concejal Pablo Castagno cuestionó la falta de ética y remarcó que la función pública es incompatible con los intereses pecuniarios privados.
Despacho interbloque UCR-Cambiemos
Desde el bloque oficialista se realizó una defensa de la gestión municipal:
«Se siguió trabajando por eliminar la precariedad laboral, ya que los empleados han sido incorporados a planta permanente de manera paulatina, como se acordó con los dos gremios municipales, terminando con el abuso que se hacía en ese aspecto. Respecto a la planta política se implementó la Declaración Jurada Patrimonial, de esta manera se podrá demostrar que los funcionarios no se enriquecen en la función. Las cuentas del municipio son equilibradas, no encontrándose inconsistencias ni irregularidades, ya que las partidas guardan coherencia con lo efectivamente ejecutado. La deuda flotante con proveedores es ínfima y se han acortado los plazos históricos de pago a los mismos. Las compras y gastos se realizan de forma transparente, reflejado esto en el abultado número de licitaciones y concursos de precios, en condiciones de equidad para que los oferentes puedan compulsar, actuando conforme a derecho y garantizando la transparencia y conveniencia de los intereses municipales, todas ellas visadas por el Honorable Tribunal de Cuentas», expresó el concejal Ignacio García.
También se hizo mención a la herencia de los gobiernos anteriores: «No se gastó más de lo que se presupuestó y se sigue asumiendo la deuda en infraestructura vial, maquinaria, capacitación y jerarquización de empleados heredada de gestiones anteriores».
Concluyó subrayando que «los recursos se utilizaron atendiendo las emergencias y las urgencias con objetivos claros, priorizando el bienestar de los villeguenses».
