Vivimos días convulsionados en General Villegas, y es lógico que así sea. El tratamiento de la ordenanza que regula el uso de agroquímicos despertó toda clase de polémicas; gente pronunciándose a favor, gente pronunciándose en contra, gente opinando desde el desconocimiento o desde el miedo. Es entendible que esto suceda, puesto que se trata de un tema muy sensible para toda la sociedad.
Aceptamos que pueda haber opiniones discrepantes al respecto. De hecho, ese es uno de los pilares de la democracia. Lo que no aceptamos es que se criminalice o que se demonice a los productores, insinuando que lo único que les interesa es ganar dinero a costa de la vida de las personas (incluso la de ellos mismos o sus familias).
Sabemos que cada vez hay más personas interesadas en el cuidado del medio ambiente y desde el campo también lo estamos. Presuponer que el sector agropecuario no quiere velar por la salud de los ciudadanos o por el medio ambiente, y que no se hace nada para cuidar estos aspectos, es absolutamente falso. Hace años que la gente de campo viene tomando medidas para reducir el impacto ambiental de su actividad, desde la implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas (que son protocolos de aplicación para proteger al productor, al operario y al habitante de las zonas periurbanas), hasta el uso de productos con baja residualidad, con baja toxicidad y que se degradan rápido.
Son pocas las actividades o industrias que estén transitando el camino que está transitando el campo desde hace tiempo: el de producir generando el menor impacto ambiental posible.
Toda actividad humana implica un impacto ambiental, no solamente la del productor agropecuario. Una sola batería de celular puede contaminar hasta 600.000 litros de agua, sin contar con el impacto ambiental que genera la minería al extraer los materiales necesarios para fabricar esas baterías.
Sin embargo, nadie agita la bandera de “Prohibamos la tecnología”, mientras que todos tienen un celular en la mano. ¿Acaso tiene lógica eso? Sí, claro que la tiene: no se puede ir en contra del avance tecnológico y de la sociedad. No se puede prohibir algo porque tenga un impacto ambiental, sino que lo que hay que hacer es procurar que dicho impacto sea el menor posible.
Desde el campo sostenemos que la palabra clave no es PROHIBIR, sino REGULAR (y también CONTROLAR que la ley se cumpla). Estigmatizando al productor o impidiéndole que produzca, perdemos todos. En un mundo cada vez más competitivo y demandante de alimentos no podemos darnos el lujo de sacrificar rindes, al contrario: debemos producir más. No solo para obtener nuestros alimentos, sino para generar los ingresos que nuestro país necesita imperiosamente.
Es curioso que durante todo este tiempo de anomia absoluta en el que vivimos no se registraran protestas y que, justamente, surja una campaña contra la ordenanza cuyo espíritu es reglamentar y controlar la actividad agropecuaria. Es la falta de una ley lo que permite que proliferen las prácticas imprudentes que ponen en riesgo la salud de la ciudadanía.
Es necesario avanzar en medidas que velen por la salud humana, animal, ambiental y económica, siempre desde un punto de vista científico contrastado.
Sociedad Rural del Partido de General Villegas