El comisario a cargo del Comando de Prevención Rural (CPR) del Partido de General Villegas, Gustavo Aragundi, participó este jueves del grupo de policías que intervino en el desalojo del predio de Guernica.
También fue parte del grupo de efectivos el subcomisario Elvio Tomaselli que, si bien reside en el distrito de Carlos Tejedor, está a cargo del equipo de Drogas Ilícitas que tiene asiento en General Villegas.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof afirmó que el desalojo del predio de la localidad de Guernica «se hizo con todos los cuidados posibles para evitar heridos y situaciones de violencia».
«Es una situación compleja. Unos nos criticaron por no desalojar el primer día, otros por hacer acuerdos con las familias, pero pusimos el máximo empeño en dar una solución», aseveró el mandatario bonaerense en una conferencia de prensa que brindó en Bahía Blanca; y remarcó comprender «los problemas genuinos» que tienen esas personas.
De ese modo, Kicillof se refirió al desalojo del predio de alrededor de 200 hectáreas ubicado en Guernica, partido de Presidente Perón, que se desarrolló desde las 6 de la mañana por orden judicial, tras haber sido ocupado el 20 de julio pasado por unas 2.000 familias provenientes de diversos distritos bonaerenses.
Expuso que «en Guernica hubo una denuncia judicial y luego una orden de desalojo que estaba vigente desde hacía mucho tiempo»; y reiteró que fue «una decisión judicial» y que «la policía simplemente actuó como auxiliar de la Justicia para llevar adelante esa orden».
«Solicitamos varias prórrogas y, en el medio hicimos un censo, identificamos que había 1.904 personas. Dispusimos instrumentos para ver si el desalojo se desarrollaba voluntaria y pacíficamente», relató.
Kicillof dijo que se ofreció a las familias «diferentes respuestas» a los problemas planteados y explicó que, tras el trabajo de un grupo multidisciplinario, «se construyó una solución a la que adhirieron 734 familias» que luego abandonaron el predio.
Después, completó, esas familias se inscribieron en un registro provincial para poder acceder a una vivienda.
«La segunda prórroga terminaba mañana. El juez y el fiscal entendieron que había que ejecutar el desalojo, que se hizo con todos los cuidados posibles para evitar situaciones de violencia», añadió.
«Había militantes de fuerzas políticas sobre los que me reservo de cualquier comentario, simplemente digo que no estaban por un problema habitacional propio sino por una decisión política de estar ahí», enfatizó el gobernador; y añadió: «Si no se ejecutaba la decisión judicial la provincia incurría en desacato».
«El juez tomó la decisión y nosotros la ejecutamos de la manera más cuidadosa posible», finalizó.
