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martes, septiembre 16, 2025
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Fotomultas, regularización territorial, ética republicana y hasta lawfare: en el Concejo Deliberante se discutió de todo

Se llevó a cabo la 2° sesión ordinaria del 2021. El Concejo Deliberante de General Villegas trató un orden del día compuesto por 11 asuntos entrados legislativos y 6 despachos de comisión. Como algunos concejales ya habían adelantado en los micrófonos de Actualidad, este año se va a caracterizar por proyectos vinculados con la regularización territorial y dominial.

Los proyectos que más celebraron los propios concejales fueron el ordenamiento territorial de la Zona Industrial y la regularización de la situación dominial de los inmuebles en quinta 60.

Acta acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial
El proyecto autoriza al Departamento Ejecutivo a «suscribir un acta acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, un Convenio marco de Colaboración con la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial, un convenio de cooperación en materia de asistencia técnica, provisión de tecnología y servicios para la seguridad vial y una adenda con la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina».
Los ediles de todo el arco opositor se opusieron a este proyecto de ordenanza. No porque estuvieran en contra de implementar medidas de seguridad vial en las rutas -algo que es largamente reclamado por vecinos de distintos barrios, como El Cruce-; sino porque consideraban que la adenda con la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina responde más a un espíritu recaudatorio que preventivo.
Se trata ni más ni menos que de la implementación de radares para fotomultas.
«Creemos firmemente que acciones aisladas como éstas, sin un Plan Estratégico de Seguridad Vial y sin garantizar medidas básicas de seguridad a los ciudadanos y conductores, no lleva a cumplir el objetivo de prevención y menos aún el de concientización, convirtiéndose en una mera caja recaudadora. Queremos ante todo seguridad», manifestó Sol Fernández.
Ignacio García, presidente del bloque UCR-Juntos por el Cambio desestimó los argumentos de la oposición: «La idea es cumplir con las normas de tránsito. No sé por qué habría que tenerle miedo a los radares. Si se cumplen las normas no vamos a tener ningún problema», expresó.
"Ficha Limpia"

El proyecto que despertó la discusión más interesante y profunda de la noche fue, sin dudas, el del bloque UCR-Juntos por el Cambio referido a la modificación del artículo 30 de la ley orgánica de partidos y agrupaciones políticas. Dicho proyecto está en sintonía con el presentado en la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos.

En la jerga legislativa el proyecto es denominado «Ficha limpia» y, básicamente, intenta poner freno a comportamientos delictivos en la clase política. El hecho de tener causas judiciales -e incluso condenas- no es un impedimento para algunos políticos que siguen accediendo a cargos electivos y hasta se respaldan en los fueros que dichos cargos ofrecen.

«El proyecto tiene por objeto incorporar la prohibición para acceder a cargos partidarios a las personas condenadas a penas privativas de la libertad, que cuenten con sentencia condenatoria confirmada en segunda instancia, aun cuando la misma se encontrare recurrida y hasta su revocación posterior o por el efectivo cumplimiento de la pena, por delitos cometidos en contra de la Administración Pública, como así también los cometidos contra el orden Económico y Financiero y/o ciertos delitos comprendidos en el Título I ‘Delitos contra la Vida’, en el Título III ‘Delitos contra la Integridad Sexual’, en el Título IV ‘Delitos contra el Estado Civil’ y los determinados en el Título V ‘Delitos contra la Libertad’ previstos en el Código Penal», establece dicho proyecto.

De acuerdo a las palabras de la concejal Alicia Laino, el espíritu del proyecto es resguardar la ética republicana y fomentar la transparencia y la lucha contra la corrupción. A su vez, establecer ciertos valores y condiciones que todos los candidatos deberían cumplir para representar fehacientemente a la ciudadanía. En otras palabras, un candidato o funcionario público debería ser siempre una persona idónea.

Los concejales de la oposición no estuvieron de acuerdo con el mencionado proyecto. En primer lugar mencionaron que el mismo es anticonstitucional, puesto que viola el principio de inocencia («Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario»).

Por su parte, Verónica Zallocco (Nuevo Encuentro – Frente de Todos) se opuso al proyecto y cuestionó fuertemente a la Justicia argentina: «El Poder Judicial es el poder más desprestigiado de toda la República. Tenemos una Corte Suprema que da vergüenza. Está claro que no existen garantías para ningún ciudadano. Los jueces son un desastre y es un poder muy difícil de tocar. Deberíamos preocuparnos todos por el grave problema que está ocurriendo en el Poder Judicial porque todos somos víctimas. Tenemos hasta fiscales procesados y es una vergüenza. Una condena en segunda instancia no es garantía de nada, no es garantía de imparcialidad, no es garantía de un debido proceso, no es garantía de un derecho a la defensa. Esto está pasando en la Argentina: seguimos estando colonizados y por eso el ‘lawfare’ (Guerra jurídica: término creado para referirse al ataque contra oponentes utilizando indebidamente los procedimientos legales) actúa como actúa y tenemos la Justicia que tenemos», argumentó.

Laino recogió el guante y no se quedó callada: «Que pobre país somos si no podemos confiar en la Justicia. No somos nada, no somos República. Tratemos de defenderla y no de seguirla desprestigiando. No creo que la Corte Suprema sea la peor que hemos tenido. De ninguna manera. Hoy la Justicia se politizó. Eso es el ‘lawfare’. Esto es más para tribuna  política o para café que para este Concejo Deliberante», respondió.

Finalmente el proyecto se aprobó por mayoría del oficialismo.