El Concejo Municipal de Rafaela debatirá con apuro las instancias sobre el límite agronómico y la aplicación de fitosanitarios; hay 49 familias empleadas que se podrían ver afectadas
El Concejo Municipal de Rafaela no sólo se debatirá tres proyectos sobre el límite agronómico de aplicaciones, sino que también pondrá en juego el futuro productivo de la tercera ciudad de Santa Fe, con la influencia que esto puede tener en la provincia.
Agroquímicos en Rafaela
Rafaela se enfrenta desde hace más de un año a un planteo irracional, que la puede dejar sin la capacidad de producir alimentos y que puede excluir de las tareas habituales al INTA en su Estación Experimental. Un planteo que envuelve a la ciudad en una campaña que no es inocente y que tiene detrás otros intereses que están muy lejos de la salud y más cerca de ambiciones políticas.
Son tres proyectos sobre el tema con los que se intenta definir una nueva ordenanza, a dilucidarse en medio de un debate apurado, tenso y poco adecuado si se tienen en cuenta las consecuencias socio-económicas que puede tener esto para la ciudad, ya que está en juego el destino de 4.358 hectáreas (26 por ciento del distrito), el sostenimiento de casi 26 productores de 15 establecimientos, siete tambos incluídos los del INTA, con 49 familias empleadas, 408 empresas proveedoras del agro, además de profesionales y toda la actividad anexa que distinguió desde el origen a Rafaela.
Sin una manifestación pública del intendente Luis Castellano en contra del proyecto del propio oficialismo, se encendió mucho más la promesa de una discusión a temperamento desbordado desde ese bloque, intentanto imponer frases hechas, sin sustento científico comprobable, que demuestra la falta de aceptación de nuevos conceptos, de adelantos tecnológicos en el sector agroindustrial, de evidencia médica a nivel internacional, nacional y hasta local, sin apoyo de la comunidad médica rafaelina. Tampoco se tienen en cuenta los datos que surjan del propio hospital local para sustentar los supuestos.
Si bien hubo encuentros informales entre algunos concejales y familias afectadas por las decisiones sobre el periurbano, en el caso del proyecto oficialista jamás se dio reunión alguna para poder entender el impacto directo de la idea de prohibir hasta la nutrición del suelo en un kilómetro a la redonda de la ciudad y seguir mil metros más con restricciones.
Se negó incluso la posibilidad de escuchar en el recinto los detalles que pueden brindar referentes locales o regionales del INTA, pero también se desecharon los criterios de eminencias científicas que se acercaron, solo considerando por parte de quienes quieren avanzar en prohibiciones a las voces que dicen los discursos que mejor se acomodan a su versión del tema y que incluso se atreven a relativizar la importancia de organismos como el Senasa.
La representación legislativa debe contar con atención, seriedad y responsabilidad a la hora de disponer normas que acomoden la convivencia en la ciudad. Lejos de ello están los arrebatos, la falta de consulta con los sectores afectados, e incluso el planteo de cambios en la actividad laboral, productiva y económica como algo sencillo, sin comprender la significancia de esto en el corazón de la cuenca lechera.
Tomar como base para una ordenanza alguna definición del Poder Judicial, que carezca de rigor científico y que se exponga a partir de sensaciones o estimaciones, habla también del desconocimiento del ordenamiento de los estados, de la independencia de la representación de los poderes e incluso se incurre en la defensa de argumentos endebles frente a la supuesta causa que se intentan argumentar.
Se hizo uso del aparato mediático oficialista en referencia a los planteos sobre fitosanitarios, con conceptos engañosos, evidencia segmentada y palabras inadecuadas para explicar la situación, lo cual sirve para la exposición de quienes buscan pasar a otros ámbitos de la política, teniendo en cuenta que unos años habrá un nuevo hospital en la ciudad y puede ser ahí el destino de quien intenta presionar a una ordenanza que carece de apoyo en el cuerpo legislativo donde el oficialismo es ahora minoría y lo seguirá siendo desde el 10 de diciembre.
Rafaela tiene demostrada la contaminación del agua con metaloides, tema sobre el cual se prefiere no debatir, al igual que no se prefirió considerar el control del uso de domisanitarios, por considerar ambos temas más incómodos que el ataque al sector agropecuario.
En la ciudad, las hectáreas productivas tienen un valor de 15 a 20 mil dólares, de ampliar las prohibiciones la oferta de tierras de clase 1 se ampliaría, los productores podrían resignarse en años y siempre pueden aparecer amigos del poder dispuestos a invertir para hacer nuevos loteos, teniendo en cuenta que por hectárea se calculan lotes de 30 parcelas, que tienen valores actuales en Rafaela de 30 a 50 mil dólares. Una prohibición arrebatada puede determinar un negocio inmobiliario más grande del que hoy se tiene conciencia en “la perla del Oeste”.
Hay tres proyectos para definir el destino de los actuales 200 metros de límite periurbano, todos coincidiendo en prohibir aplicaciones aéreas, los detalles de recetas, profesionales para el control de aplicaciones, tránsito de pulverizadoras y disposición de envases de fitosanitarios.
Proyectos de fitosanitarios en Rafaela
Todas prohibiciones
Con la concesión de ser tratado fuera del plazo del estado parlamentario, el proyecto justicialista y oficialista de la médica Brenda Vimo, que es rechazado por el propio intendente, Luis Castellano, tiene una redacción confusa, errada en conceptos básicos, pero sólo tiende a la prohibición de la actividad agropecuaria en Rafala, aunque sostenga la promoción de producciones alternativas, detrás de prédicas sobre la salud y la alimentación sana.
Se propone un récord en la prohibición para la aplicación de bactericidas, antibióticos, herbicidas, coadyuvantes y fertilizantes, en una zona de Exclusión de mil metros desde el área urbanizada, mientras que la zona de amortiguamiento se extendería a mil metros más sólo habilitando a productos de banda verde o azul.
Lo que adelantábamos hace un año como el proyecto que propone a Rafaela ser la ´huerta orgánica más grande del país´, o quizás ´el desarrollo inmobiliario más interesante de la región´, responde a una línea política unificada en estos temas, sin respaldo científico suficiente que siempre recurre a las mismas frases hechas, a los mismos ´profesionales´de referencia y no logra demostrar fehacientemente como tampoco pasa en el mundo que por ejemplo el glifosato tiene relación directa en las causas de los casos de cáncer.
Lo llamativo del proyecto es que para los cursos de agua sólo propone una distancia máxima de 200 metros para las aplicaciones. La penalidad de incumplimiento oscilaría entre mil y 20 mil Unidades de Multas.
Mantener los 200 metros
El concejal del Partido Demócrata Progresista, Lisandro Mársico, presentó en septiembre una propuesta en la que se mantiene el límite periurbano en 200 metros, generando una Área de Amortiguamiento a la superficie lindante al “Área Libre de Productos Fitosanitarios”, hasta los 500 metros, donde se podrían realizar aplicaciones terrestres de productos fitosanitarios Clase Toxicológica IV (Banda Verde) y excepcionalmente Clase Toxicológica III (Banda Azul), cuando en el mercado no existan productos que puedan reemplazarlos, todos aplicados con pulverizadoras que cuenten con picos antideriva.
En estos 300 metros se dejaría sin efecto el uso de productos de banda roja y amarilla, productos fitosanitarios volátiles o que se comportan en fase gaseosa; tampoco 2.4 D en su formulación éster isobutilico, y sal dimetil arana dentro del radio de mil metros de las plantas urbanas, asentamientos poblacionales, escuelas rurales, huertas, centros apícolas, ríos, arroyos, lagunas, cursos y espejos de agua, como así de pozos de extracción de agua para consumo humano, sin excepción.
Se exigiría en un plazo de 12 meses a los productores linderos al área urbana la plantación y mantenimiento de una cortina forestal con especies perennes doble intercaladas en su propiedad y no fuera de ella. El Municipio deberá aportar parte de las especies arbóreas que formen esta barrera y/o gestionar su obtención, quedando obligado, a su vez, a facilitar y propender a su cuidado. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria podrá colaborar con su diagramación y confección.
Se tendrán que cumplir también con los exámenes médicos obligatorios por parte de las empresas habilitadas, aplicadores, agronomías y establecimientos agropecuarios, y todo trabajador que manipule productos agroquímicos y procurará acceder a la información necesaria para una vigilancia sanitaria efectiva. Lo mismo sucedería con familias que habiten en forma permanente en el área rural o niños que asistan a establecimientos educativos rurales.
El último proyecto
Leonardo Viotti, el candidato más votado en la reciente elección para revalidar su banca, que tiene el apoyo de casi la totalidad del bloque Cambiemos, presentó sobre la hora otra alternativa que incorpora el concepto de los productos biológicos y que tiene un aire de la propuesta regional que había presentado el año pasado la Agencia de Extensión Rural Castellanos del INTA, para todas las localidades del departamento, que le aportó conceptos técnicos fundamentales.
La novedad es que fija una área de seguridad de 50 metros desde el final de la planta urbana, para la prohibición absoluta en el uso de productos fitosanitarios.
Añade un “cinturón agroecológico” de 150 metros, “hasta enero de 2025 y a partir de esta fecha el Departamento Ejecutivo Municipal podrá ampliar el ancho por Decreto hasta otros 250 metros, ad referéndum de un dictamen conjunto del Consejo Ambiental y el Instituto de Desarrollo Sustentable que evalúe la disponibilidad de tecnologías y de productos fitosanitarios biológicos, en el mercado nacional, que permitan sostener la producción y las actividades desarrolladas en dicha superficie”. En esos 150 metros sólo se podrán controlar plagas con fitosanitarios biológicos, bajo fiscalización de receta y aplicación a cargo del Municipio.
Con un ancho de 800 metros habrá un área de aplicaciones restringidas y fiscalizadas, que a partir de enero de 2025 se ampliaría hasta el límite jurisdiccional, espacio donde se podrán aplicar biológicos, productos banda verde y excepcionalmente banda azul, con implementación del Manejo Integrado de Plagas (MIP) y respetando las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).
Se prohíben los productos 2.4 D esterisobutilico, las aplicaciones aéreas y los fitosanitarios de banda Roja y Amarilla.
Propone la definición y concresión de cortinas forestales, en doble fila, intercaladas, en las propiedades linderas al límite con la ciudad y con el costo a cargo de los productores. En el inicio del área de aplicaciones restringidas y fiscalizadas se recomienda una segunda cortina forestal sobre el “cinturón agroecológico”, con un plazo de 12 meses para el inicio de la plantación desde la sanción de la ordenanza.
El Municipio deberá instalar elementos físicos y desarrollar métodos digitales que faciliten el control por parte de la población, además de disponer de un número de teléfono y de una plataforma digital para denuncias y reclamos de vecinos, productores e instituciones, ante el posible incumplimiento de la presente ordenanza.
El Juez de Faltas municipal sancionará los incumplimientos, pudiendo caber también sanciones civiles o penales. Las multas podrán graduarse entre 100 a 2.000 Unidades.
Deberá el Municipio promover producciones alternativas, llevar adelante un Programa de Promoción y Apoyo a Emprendimientos Agroecológicos, e incluso crear una cuenta de Control Ambiental , en base a los montos percibidos en cumplimiento de la ordenanza.
