Alejandro Cacace, diputado de Evolución Radical (San Luis) es el autor del proyecto que plantea como el Ejecutivo no tiene facultades legales para ejercer la suba de tres puntos a la harina y el aceite de soja que dispuso por decreto.
Respaldado por más de cincuenta diputados de Juntos por el Cambio, Cacace explicó a «Diarios Bonaerenses» la estrategia para frenar la intención oficial: «El Congreso no puede avalar que el poder Ejecutivo aumente impuestos amparados en viejas normas que ya han sido declaradas inconstitucionales», por tanto, continuó, «es necesaria la intervención del Congreso y en este caso, corresponde rechazar el decreto 131/22».
Dicha normativa -que se pretende derogar- fue presentada por el Presidente Alberto Fernández con el objetivo de aumentar las alícuotas de los derechos de exportación del aceite y harina de soja a 33%.
Asimismo, el autor del proyecto detalló su punto de vista: «Al no ser aprobado el Presupuesto 2022, por el cual el Gobierno tenía intenciones de extender incluso hasta diciembre de 2024 esas facultades, y a falta de una ley del Congreso que las establezca, a partir del día 1/1/2022 no puede haber retenciones a las exportaciones. No hay tributación sin representación».
La iniciativa cuenta con el respaldo de varios diputados Nacionales de Juntos por el Cambio, entre los que se encuentran: Rodrigo De Loredo, Martín Tetaz, Maria Eugenia Vidal, Graciela Ocaña, Emiliano Yacobitti, Waldo Wolff, Gabriela Brouwer de Koning, Danya Tavela, Marcela Antola, Ingrid Jetter, Sofía Brambilla, Juan Martín Musacchio, Dina Rezinovsky, Alfredo Schiavoni, Karina Bachey, Gerardo Milman, Pablo Torello, Ana Clara Romero y Victoria Tejeda.
Según se indicó desde la UCR en un comunicado: «Hasta el 2019 el Poder Ejecutivo podía fijar los derechos de exportación con un tope máximo del 30%, facultad que había sido delegada por el Presupuesto 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020. La Ley de Emergencia Económica (Ley 27.541), amplió las retenciones (derechos de exportación) al 33% y extendió la vigencia de esa facultad por un año más, hasta el 31 de diciembre de 2021».
«El Poder Ejecutivo fundamenta su decreto en el artículo 755 de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero). Esa norma del Código Aduanero supuestamente lo faculta a establecer los derechos de exportación. En esta lógica, el Poder Ejecutivo da cuenta al Congreso del decreto dictado (131/22) para su aprobación o rechazo bajo el régimen de la Ley 26.122. Sin embargo, esa delegación de facultades no es tal. El artículo 755 del Código Aduanero, que supuestamente faculta al Poder Ejecutivo a establecer los derechos de exportación ha sido categóricamente cuestionado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de su validez constitucional, debido a que no contiene los elementos esenciales del tributo, como la determinación de la alícuota a aplicar», indicó la oposición en ese texto.
