Respecto del debate actual sobre el encierro de perros callejeros, el municipio podría ser blanco de reclamos judiciales si se queda cruzado de brazos. Por eso, independientemente de los matices que se pudieran reprochar, está actuando conforme una obligación legal que tiene.
El Estado municipal está obligado a controlar la existencia de animales sueltos en la vía pública, a través del famoso “poder de policía” -que no tiene nada que ver con la policía-, por eso quien afirma que los únicos responsables son los “dueños” se equivocan. Ante un desborde de la situación que termine en un hecho dañoso el municipio podría llegar a ser condenado por daños y perjuicios.
Si bien esta responsabilidad extracontractual no es mecánica, es decir no es que un perro muerde o alguien se cae y el municipio ya es responsable, de hecho se rechazan la mayoría de las demandas.
Pero las que prosperan, prosperan cuando la negligencia y la desidia municipal fueron muy evidentes, es decir, que no hacían literalmente “nada”, a pesar de que la situación comenzaba a desbordar, mordidas cotidianas, conformación de jaurías, etc.
El año pasado en la provincia de San Juan una jauría de perros callejeros mató a una mujer que salió a correr por el pueblo; este año dos perros mataron a una mujer en Mendoza, también en Benito Juárez una mujer que salió a caminar fue atacada por una jauría y murió a finales del 2020, en Miramar un perro mató a una turista en la playa, ni hablar de la infinidad de hechos con niños (aunque estos casos no suelen ser en la calle); y también ocurrieron varios hechos de menor gravedad en nuestra propia localidad.
Por eso el encierro de un perro callejero, sin dueño, debería estar fuera de discusión. Luego sí, se debe exigir que dicho encierro sea en condiciones adecuadas para el animal, que se fomente la adopción de los mismos, que se haga mayor prevención, que se eduque en la crianza y tenencia de perros, en campañas de castración, etc.
* Alejandro Balbi es abogado.
