Federico Leiva es el abogado patrocinante de los padres de la menor de edad que fue agredida días atrás en el Colegio Nacional, hecho que se hizo público a través de la filmación de un video que terminó viralizado.
«No es una situación jurídica normal», aclaró el profesional, que desde hace muchos años trabaja en todas las ramas del derecho.
«Cuando vi el video se me heló la sangre, vi chicas de 14 años en una escuela a la que asistí. Hoy soy padre y es algo que le puede pasar a mi hija, o sus compañeras», agregó.
Comentó que los padres de la menor agredida decidieron contratar a un abogado «para ser escuchados, porque el problema es que no fueron escuchados. El papá fue a la comisaría y le dijeron que se tenía que solucionar en la escuela, mientras la hija había sido llevada al Hospital, donde le hicieron una tomografía; y al día siguiente, al volver a la escuela, recibió amenazas y tenía miedo hasta para ir al baño».
«Es decir, un padre deja a su hija en la escuela y tiene que acudir a un abogado porque hay miedo», enfatizó. Leiva se lamentó de que «estas cosas están naturalizadas, pero no acá en Villegas y en un colegio que la mayoría conoce».
Cronológicamente explicó que la agresión a la menor ocurrió el martes 12 de septiembre. «Los padres me contactaron el jueves 14 y el viernes tomé intervención directa. Lo que pasó es lo que se ve en videos. Una chica 14 años en último recreo, que ya venía siendo hostigada por chicas de la misma edad, de otro tercer año; y las venía evitando porque buscaban pelea».
Pero «fue interceptada por una chica con porte físico más grande, que le pega tres veces en la cabeza con un termo de metal, se agarra, cae al piso, pierde el control de la situación e intervienen las amigas de la agresora, que estaban viendo. Eran tres chicas contra una, que le dieron golpes de puño y patadas en la cabeza, mientras se observa que la preceptora no podía manejar la situación, muy alocada», agregó.
Finalmente, «es rescatada por una chica de quinto que la encierra en el aula, porque seguían persiguiéndola para pegarle. Tenía el labio roto, se descompensa y fue llevada al Hospital, le hicieron una tomografía porque estaba muy mareada, se sentía mal. Los primeros resultados indican que no habría lesiones, pero por protocolo hay que esperar 30 días para confirmar un diagnóstico», detalló el abogado.
Según Leiva, «la víctima ya había puesto en conocimiento de la preceptora que estaba siendo hostigada, pero resultó peor. Cuando los padres hablan con los directivos, le dan a entender que ella también había pegado, que se ve en el video. El mensaje es: ‘no exijas mucho porque ella también pegó’. Al otro día la hija llama porque tiene miedo, la van a buscar y en la escuela le dicen que se quede tranquilo, pero que si puede se la lleve, porque las otras chicas son problemáticas. Esto se lo dice la directora y el equipo de dirección».
El padre de la menor se dirige a la comisaría, «pero le dicen que esas cuestiones se dirimen en la escuela, porque hay un protocolo. Entonces se pregunta ‘¿qué hago?'», exclamó el profesional, recordando el conocido caso de Fernando Báez Sosa. «Después dicen que es una desgracia, pero muy evitable», expresó.
Ante esta situación, la familia toma la decisión de ir a un abogado. «En realidad la persona que me contacta a mí es alguien que conozco, un cliente. No fueron los padres -aclaró-. Pero cuando veo el video, me dije que esto no lo podía dejar pasar».
«Me presento el viernes en la dirección de la escuela con la hermana mayor de la menor, porque el padre estaba llegando a Villegas, ya que estaba de viaje, trabajando», continuó el relato en orden cronológico.
Comentó que le llamó la atención que en la institución «no hay control en el ingreso ni en el egreso, o sea puede entrar cualquiera. Sentí que era una bazofia y lo comprobé con las personas que están a cargo. Primero me dicen que espere que la directora, Daniela Ávila, estaba ocupada; tenía que esperar media hora. Después me dijeron que no me iba a atender y ejecuté mi profesión, que es abogar. Abogué por los derechos de mi clienta y me atendieron. Quiero aclarar que este es mi trabajo, que no es diplomático, generalmente uno maneja conflictos».
Leiva aportó como dato curioso que mientras «estaba esperando sentía que me estaban observando todos los profesores, pero con la mirada muy baja. Fue una sensación extraña, como que esperaban que haga algo, en un lugar desconocido para mí, porque aunque estudié en esa escuela, hoy tengo 50 años. Y me duele lo que veo como abogado, como ciudadano, ex alumno y padre de esta sociedad: adónde hemos caído -se preguntó-, que un director no quiera atender a un familiar, que entonces tiene que venir con un abogado. ¿Qué están escondiendo?».
El abogado remarcó que en la escuela «hay personas muy valorables que trabajan, pero que no los dejan hacer. No como la directora, que no está a la altura de las circunstancias o no quiere estar ahí, pero nadie la obliga a estar. Yo fui docente casi diez años en la UBA, es grato el ida y vuelta con los jóvenes. Poder educarlos es una gran misión. No es digno el puesto que Ávila tiene, porque ellos mismos se boicotean, degradan el rol y la institución, pero desde lo básico. Y no sólo la directora es la responsable, los inspectores también».
Leiva aportó el dato de que el colegio tiene casi 900 alumnos. «Es una población alta, pero si no tienen herramientas tienen que salir a hablar para ser entendidos y que la sociedad ayude, para que puedan llevar adelante la tarea de enseñar y cumplir con los objetivos», sostuvo, planteando ya otros aspectos educativos.
Aseguró que fue atendido por la directora «porque la reunión era informal. Hablamos sobre medidas de seguridad. Le dijimos que la chica había sido amenazada, no lo sabía, pedí ver el acta del día en que se produjo el incidente, no la podían mostrar. No hay cámaras, no se puede porque se estaría vulnerando el derecho del educando para que no sea observado. Pero los chicos están con los teléfonos y filman», marcó la contradicción.
Leiva insistió en un protocolo que se ejecuta ante este tipo de hechos, «pero no se hace como se debe. Entonces, al no tener acceso a las actas, no pude saber si esto se iba a elevar para que se intervenga y haya un cese en la violencia. De ser posible, en esta instancia también intervienen los padres y hay un compromiso en esto».
Y fue más allá al remarcar que el protocolo dice que «si ese hecho violento continúa o se traslada fuera de la institución, el directivo deberá elevar la situación al órgano competente, que deberían ser los inspectores y desde allí al Ministerio de Seguridad. Es decir, hacer la denuncia. Es muy temerario lo que hicieron».
Después de la reunión, Leiva hizo la denuncia, «porque no vi el acta, ni si el tema había sido elevado. Está interviniendo la Jefatura Departamental (Fiscalía de Menores), el Servicio Local y el Juzgado de Garantía. Hay una cautelar hacia las menores sindicadas, que no pueden acercarse a domicilio y tienen que abstenerse de realizar cualquier acto dirigido a la víctima por 30 días. Y si llegara a haber síntomas que confirmen una lesión después de la tomografía, las medidas van más allá», informó.
«No me quedó más remedio que hacer la denuncia penal, que en realidad tendría que haber existido si se hubiera activado el mecanismo por protocolo que, por otro lado, es muy cuestionado porque el sistema cambió, es garantista y viene de una rama política por la que los alumnos pasan sí o sí de año y tampoco se los puede echar ni con un acto de este tipo. Hay un límite. Si el hecho es violento hay que ponerlo en conocimiento», agregó.
Leiva señaló también como responsables en este tema a los inspectores «de Secundaria, Graciano Córica; distrital, Susana Garat; y regional, Gerardo Chichiri. Ellos dicen que no van a hablar porque esto llegó a los medios y que los medios son los culpables de lo que pasa. ¿Por qué no atienden? ¿Cuál es el problema en dialogar? Si es parte de dar razón de los hechos y de los dichos. Acá nadie sale a dar explicaciones de nada».
Y fue más allá al aclarar que «el artículo 1767 del Código Civil responsabiliza al directivo por cualquier hecho ilícito que ocurra dentro de la institución mientras él esté ahí. No se si lo saben, pero se los puede denunciar por daños y perjuicios».
«Estamos ante un mecanismo perverso de no hacer nada, de que lo que pasa quede en la escuela y que el inspector no atienda. Están cegando y tapándole los oídos a la gente», opinó el abogado. Y agregó: «Chichiri dice que a él no le llegó nada. Que salga a la calle, que vaya al Hospital y le van a decir que el SAME va al menos una vez por mes al Nacional».
«Es un sistema bien aceitado. Todos ocupan los puestos, hay ignorancia en la gente, cuando llaman los periodistas no atienden y se da un círculo perverso. ¿Qué hace un municipio ante esto?, porque también lo está viendo -se preguntó. ¿A nadie le interesa? Todo el mundo se saca los problemas de encima. Si es un funcionario, eligió estar ahí por un Villegas mejor. Si bien no es la función específica de él, tiene los medios, la preparación para entender qué está pasando. Nadie hace lo que tiene que hacer y cuando esto pasa, vivimos en una ciudad salvaje. Hemos naturalizado lo que no corresponde».
¿Cómo sigue este tema en la escuela? «El colegio toma todas las herramientas que tiene, interviene un gabinete psicopedagógico, habrá una reunión de conciliación entre padres y alumnos y se firma un compromiso. Hay un pedido de disculpa, aunque el hecho ya pasó. Las agresoras tendrán que responder a la justicia. Pero no tendrá que volver a pasar, hay una denuncia que se tuvo que elevar y las inspectores tienen que hacer su trabajo», sostuvo Leiva.
«El protocolo es muy claro, son dos artículos que hasta se pueden bajar por Google, cualquiera tiene acceso. Espero que tengan otra postura si vuelve a suceder un caso de violencia. Gracias a Dios existe el periodismo y tiene el poder que tiene, que hay que bien utilizar, porque se genera una acción más rápida», finalizó.
