El Gobierno anunció una auditoría masiva para identificar y eliminar pensiones por invalidez fraudulentas, con el objetivo de dar de baja hasta medio millón de beneficiarios.
El plan consiste en citar a los 1,2 millones de pensionados actuales para verificar la legitimidad de sus beneficios. Se sospecha que durante los gobiernos kirchneristas se creó un sistema ilegal de distribución de pensiones, con la participación de gobernadores, intendentes, políticos, médicos y prestadores de salud, desviando aproximadamente 3.400 millones de dólares. La denuncia incluye una causa penal.
La auditoría fue desencadenada por una denuncia del Fiscal Federal Guillermo Marijuán, que señala al ex presidente Alberto Fernández y otros funcionarios por presunta defraudación al Estado Nacional mediante un plan sistemático para flexibilizar la concesión de Pensiones No Contributivas por Invalidez entre 2020 y 2023.
El operativo nacional citará a los beneficiarios a oficinas de ANSeS o hospitales públicos, donde médicos evaluarán su grado de discapacidad. También se revisará el perfil socioeconómico de cada beneficiario. Aquellos que no cumplan con los requisitos perderán el beneficio, con un periodo de 30 a 45 días para la resolución. Si los beneficiarios no se presentan, perderán automáticamente la pensión.
El Gobierno espera que esta auditoría genere controversias, pero aseguran que no se quitarán beneficios a quienes realmente los necesiten. La mayor parte de los beneficiarios fraudulentos se concentran en Buenos Aires y las provincias del norte, particularmente en municipios como Quilmes, Berazategui, Lanús y Florencio Varela.
Desde el inicio del gobierno de Néstor Kirchner en 2003, la cantidad de pensiones por invalidez ha crecido exponencialmente. Las pensiones actuales ascienden a $216.000 mensuales, representando un gasto anual de aproximadamente 3.200 millones de dólares.
Una auditoría preliminar de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en 2024 reveló que entre el 80% y 90% de los beneficiarios no cumplían con los requisitos mínimos. Se descubrieron casos extremos como la asignación de pensiones con radiografías duplicadas y pruebas de discapacidad fraudulentas.
La auditoría también apunta a una red de prestadores que facturaban servicios no prestados, generando un desvío adicional de fondos. Se destaca que, hasta 2003, las pensiones por invalidez eran limitadas a 80.000, pero se flexibilizaron significativamente a partir de ese año.
El informe de Andis concluye que muchas personas accedieron a la pensión por invalidez sin cumplir con los requisitos médicos ni socioeconómicos necesarios, utilizando el sistema para fines políticos.
