El presidente Javier Milei vetó la ley que establecía un fondo especial de emergencia por 200 mil millones de pesos para Bahía Blanca y Coronel Rosales. La decisión provocó reacciones políticas a nivel nacional y también tuvo su eco en General Villegas, donde las concejales Analía Balaudo (La Libertad Avanza) y Sol Fernández (Unión por la Patria) expresaron posturas opuestas.
La norma había sido sancionada por el Congreso el pasado 5 de junio con 153 votos a favor, ninguna abstención y 32 votos en contra, todos pertenecientes al bloque de La Libertad Avanza. Declaraba a Bahía Blanca y Coronel Rosales como zonas de emergencia y catástrofe tras las inundaciones de marzo, y creaba un fondo especial de 200 mil millones de pesos destinado a reconstrucción de viviendas e infraestructura pública mediante subsidios y créditos.
Sin embargo, el 21 de junio, el Gobierno Nacional publicó en el Boletín Oficial el Decreto 424/2025, mediante el cual veta la ley en su totalidad. La justificación oficial fue que los fondos previstos ya habían sido dispuestos por un DNU firmado el 1 de abril, y que la ley no especificaba de dónde saldría el financiamiento, violando las leyes 24.156 y 24.629, que establecen pautas para el equilibrio fiscal.
La postura de La Libertad Avanza: “No te comas el cuento de la casta”
Desde el espacio libertario, la concejal Analía Balaudo compartió un comunicado de La Libertad Avanza Buenos Aires, donde se afirma que el Gobierno Nacional ya asistió a Bahía Blanca mediante un decreto con 200 mil millones de pesos, además de enviar 10 mil millones para el municipio, un hospital móvil, ambulancias, vuelos con insumos y fuerzas federales.
En ese marco, La Libertad Avanza defendió el veto con el argumento de que la ley del Congreso duplicaba el esfuerzo financiero ya hecho y constituía una maniobra política para “posar de salvadores”. “No te comas el cuento de la casta”, remata el comunicado, en sintonía con el discurso oficial del presidente Milei.
La mirada del PJ: “Fuertes con los débiles, débiles con los poderosos”
Por su parte, la concejal Sol Fernández difundió un documento del Partido Justicialista bonaerense, donde se denuncia que el veto niega ayuda estructural y a largo plazo para los damnificados. Se remarca que la ley vetada no sólo contemplaba asistencia directa, sino créditos para la reconstrucción de viviendas y edificios públicos.
También cuestionan que el Ejecutivo excluyera a Coronel Rosales del beneficio, a pesar de que también fue afectado por el temporal. Según el PJ, se trata de una decisión “incomprensible” y “cruel”, y afirman que el Gobierno “no podrá crear nuevos fondos de asistencia durante 2025”, por lo que el veto deja a los damnificados sin posibilidad de acceder a ayuda futura.
“El mismo día que el presidente prepara a su equipo económico para recibir al FMI, les niega a los bonaerenses la ayuda para reponerse de una tragedia”, concluye el texto difundido por Fernández.
Dos modelos en pugna
La controversia expone nuevamente las diferencias de fondo entre los dos principales espacios políticos del país. Mientras La Libertad Avanza sostiene un modelo basado en el ajuste fiscal y el orden macroeconómico, el peronismo insiste en la necesidad de que el Estado garantice asistencia y reconstrucción ante catástrofes sociales.
En General Villegas, las posiciones de Balaudo y Fernández reflejan esa grieta ideológica, y trasladan al plano local un debate nacional que sigue generando repercusiones en todo el país.
