Entre marzo y julio de 2008, una medida fiscal del Gobierno nacional desató una de las crisis políticas más profundas desde el regreso de la democracia. A 17 años de aquellos días, Mario Llambías, ex presidente de Confederaciones Rurales Argentinas y con fuertes vínculos con Emilio Bunge, repasó el conflicto, el rol del campo y las heridas que todavía persisten, en una entrevista concedida a Diario Clarín.
La Resolución 125 marcó un antes y un después en la relación entre el Estado y el sector agropecuario. Impulsada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la norma establecía un sistema de retenciones móviles que, en el caso de la soja, llevaba la carga impositiva a niveles cercanos al 50 por ciento. Lo que comenzó como una decisión económica terminó convirtiéndose en un conflicto político de dimensiones históricas, con protestas en rutas, movilizaciones masivas y una sociedad profundamente dividida.
Durante casi cuatro meses, el interior productivo del país se mantuvo en estado de alerta y resistencia. Productores autoconvocados, entidades rurales y ciudadanos urbanos confluyeron en una protesta inédita que puso al campo en el centro del debate nacional. Uno de los protagonistas de ese proceso fue Mario Llambías, por entonces presidente de Confederaciones Rurales Argentinas y una de las figuras clave en la conformación de la Mesa de Enlace.
La unidad como aprendizaje central
En diálogo con Diario Clarín, Llambías sostuvo que el principal aprendizaje que dejó la Resolución 125 fue la fuerza que adquirió el sector a partir de la unidad. Según recordó, el conflicto permitió demostrar que, cuando los productores actuaron en conjunto, lograron hacerse escuchar y frenar una medida que consideraban perjudicial no solo para el campo, sino para el país en su conjunto.
Sin embargo, también reconoció que quedó una deuda pendiente: no haber logrado que una parte de la sociedad comprendiera que una mejora en las condiciones del campo implicaba un beneficio directo para toda la economía nacional. En ese sentido, señaló que el aparato comunicacional del gobierno logró instalar un enfrentamiento entre el sector agropecuario y amplios sectores urbanos.
Llambías remarcó que el reclamo no apuntaba a desfinanciar al Estado, sino a plantear una visión de desarrollo con horizonte de largo plazo. A su entender, el Gobierno interpretó el conflicto como una disputa política de poder y no como una reacción genuina de un sector productivo que veía amenazada su sustentabilidad.
El nacimiento de la Mesa de Enlace
La articulación entre las entidades rurales no surgió de manera improvisada. Según explicó Llambías, existía un trabajo previo entre dirigentes, comisiones directivas y asesores que facilitó la construcción de confianza. Esa base permitió que, ante el avance de la Resolución 125, se consolidara rápidamente una estrategia común.
El dirigente recordó que la primera medida de fuerza estaba prevista por apenas cuatro días, pero el respaldo social modificó el escenario. El acompañamiento ciudadano, inesperado incluso para los propios dirigentes rurales, extendió el conflicto a lo largo de más de 120 días. En ese contexto, las protestas dejaron de ser solo del campo y pasaron a expresar un malestar más amplio frente al estilo de conducción del gobierno nacional.
Las rutas y el pulso del interior
Durante aquellos meses, la dinámica fue intensa. Las cuatro entidades de la Mesa de Enlace se reunían a diario y mantenían contacto permanente con los puntos de protesta en las rutas. Llambías relató que recorrían el país, dialogaban con los productores y recibían siempre el mismo pedido: mantener la unidad y no ceder ante la presión.
Las imágenes de productores al costado de las rutas, en muchos casos con sus familias, se convirtieron en uno de los símbolos más fuertes del conflicto. Para el ex presidente de CRA, ese compromiso reflejó la profundidad del reclamo y la convicción de que estaba en juego algo más que una cuestión impositiva.
El desenlace político
Llambías evitó definir el final del conflicto como un triunfo. Señaló que el objetivo principal fue frenar una medida que, de haberse consolidado, hubiera condicionado el crecimiento del sector y lo habría dejado sujeto a la discrecionalidad del poder político. La votación en Diputados, recordó, fue compleja y estuvo marcada por maniobras para modificar voluntades.
Los actos masivos, como el del 25 de Mayo en Rosario y el realizado en el Monumento de los Españoles, tuvieron un rol clave. El primero buscó, según Llambías, transmitir un mensaje de unidad nacional, mientras que el segundo apuntó a evitar que el Senado repitiera la aprobación de Diputados. Finalmente, el voto “no positivo” del entonces vicepresidente Julio Cobos resultó decisivo, aunque el dirigente destacó el rol de los 36 senadores que rechazaron la resolución.
Las heridas que siguen abiertas
A 17 años del conflicto, Llambías consideró que algunas heridas todavía permanecen. Afirmó que hay normas y personajes de aquella etapa que no se olvidaron y que el verdadero cierre llegará recién cuando el campo y la Argentina en su conjunto vuelvan a crecer de manera sostenida.
Para el ex dirigente rural, la Resolución 125 no solo modificó la relación entre el Estado y el sector agropecuario, sino que dejó una marca profunda en la vida política del país. Un punto de inflexión que unió al campo, movilizó al interior y dejó lecciones que aún hoy siguen vigentes.
