La declaración del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sobre el origen de parte de su patrimonio abrió un debate que va mucho más allá de las criptomonedas. Según explicó públicamente, una porción significativa de los fondos que mantuvo fuera de las declaraciones fiscales provendría de ahorros acumulados durante años e inversiones realizadas en Bitcoin cuando la criptomoneda recién comenzaba a difundirse.
La explicación generó polémica tanto por el monto involucrado como por la dificultad que tendría la Justicia para verificar una historia basada en activos digitales cuya principal característica es el anonimato.
Durante una entrevista en FM Actualidad, el contador Gustavo Ferrero, especialista en criptomonedas, analizó la versión brindada por el funcionario y planteó varias objeciones técnicas.
¿Era posible comprar Bitcoin en esos años?
Uno de los puntos cuestionados es el momento en que Adorni asegura haber comenzado a invertir. Ferrero recordó que entre 2012 y 2014 el acceso a Bitcoin en Argentina era muy limitado. No existían las aplicaciones móviles ni los exchanges regulados que hoy permiten comprar criptomonedas con pocos clics.
«Era muy difícil acceder a Bitcoin. Se podía hacer, pero había que minar la moneda o encontrar a alguien que la transfiriera directamente», explicó.
La observación no implica que fuera imposible invertir en criptomonedas en aquella época, pero sí pone en contexto una operatoria que estaba reservada a un grupo muy reducido de usuarios con conocimientos técnicos específicos.
El problema de la trazabilidad
La defensa basada en criptomonedas presenta otra dificultad: demostrar quién era realmente el dueño de esos activos.
La tecnología blockchain permite reconstruir cada movimiento realizado por una billetera digital. Sin embargo, esas billeteras no están asociadas necesariamente a nombres y apellidos.
Por ese motivo, aun cuando pudiera comprobarse la existencia de determinadas operaciones, establecer que esos fondos pertenecían efectivamente a Adorni resulta mucho más complejo.
Según Ferrero, la Justicia podría seguir el recorrido de los bitcoins, pero no identificar automáticamente a su propietario.
Una cuenta que genera interrogantes
El especialista también cuestionó la lógica económica de la explicación. Tomando los valores históricos de Bitcoin y su cotización actual, sostuvo que una inversión de cientos de miles de dólares realizada en los años mencionados habría generado hoy un patrimonio mucho mayor al reconocido públicamente.
«Si realmente hubiera invertido esos montos en aquel momento y hubiera conservado los bitcoins, hoy estaríamos hablando de cifras muy superiores», señaló.
Más allá de la precisión de los cálculos, la observación alimenta las dudas sobre una versión que intenta explicar la aparición de fondos no declarados durante años.
El antecedente de Libra
La polémica también revive un antecedente reciente para el Gobierno nacional: el caso Libra. Aunque Bitcoin y Libra son proyectos completamente distintos dentro del universo cripto, ambos episodios exponen un problema común: la enorme dificultad que tienen los organismos de control para reconstruir operaciones y determinar responsabilidades cuando intervienen activos digitales.
Ferrero consideró que incorporar las criptomonedas como explicación patrimonial agrega complejidad a cualquier investigación judicial. «Es más barro en la cancha», resumió durante la entrevista.
La discusión de fondo
Sin embargo, el verdadero debate no gira alrededor de Bitcoin ni de la tecnología blockchain. Las criptomonedas son herramientas legales y cada vez más utilizadas en todo el mundo. Lo que está bajo discusión es si los fondos utilizados para adquirir esos activos fueron declarados correctamente y si la explicación ofrecida resulta consistente con los hechos conocidos.
Porque la cuestión central es institucional. Cuando cualquier contribuyente debe justificar el origen de sus bienes ante los organismos de control, resulta razonable exigir el mismo criterio para quienes ocupan las más altas responsabilidades del Estado.
Y en este caso no se trata de un funcionario menor. Se trata del jefe de Gabinete de la Nación. Por eso la pregunta que queda abierta no es cuánto valía Bitcoin hace diez años. La pregunta es otra: si un alto funcionario admite haber mantenido durante años una importante suma de dinero fuera del radar fiscal, ¿Qué mensaje recibe el resto de los ciudadanos sobre la igualdad ante la ley?
