El intendente Gilberto Alegre volvió a poner el foco sobre uno de los temas que más preocupación genera en General Villegas: la inseguridad. Tras reunirse con el fiscal de la causa, el jefe comunal aseguró que el principal problema no radica en el accionar policial sino en el funcionamiento del sistema judicial, cuestionó el «garantismo» que, según afirmó, predomina en el Departamento Judicial de Trenque Lauquen y reclamó modificaciones legislativas que limiten las excarcelaciones de delincuentes reincidentes.
Alegre sostuvo que el encuentro con el fiscal le permitió confirmar que existe una visión compartida sobre la problemática, aunque aclaró que las decisiones finales dependen de los jueces. En ese contexto, convocó a la comunidad a involucrarse y ejercer presión sobre los legisladores bonaerenses para impulsar cambios en la legislación vigente, al considerar que la situación actual deja en una posición de vulnerabilidad a las víctimas de los delitos.
«El garantismo está muy metido dentro de la Justicia»
El intendente explicó que la reunión con el fiscal tuvo como objetivo transmitirle la preocupación que existe en la comunidad por la forma en que se administra la Justicia.
«La expectativa era hacerle saber lo que el fiscal también conoce, pero quería expresarle que en la comunidad hay una preocupación muy grande respecto de cómo se está administrando el sistema judicial», señaló.
A partir de allí desarrolló una de las críticas más contundentes de la entrevista. Según expresó, el problema no pasa por la Policía sino por un sistema judicial que, a su entender, prioriza los derechos de los delincuentes por encima de los de las víctimas.
«El sistema en general no es con la Policía, el sistema es con la Justicia. Lo que pasa es que es claro que todavía, o más aún de lo que era hace algún tiempo, el garantismo está muy, muy metido dentro de la Justicia», afirmó.
Incluso sostuvo que, de acuerdo con lo expresado por el propio fiscal durante la reunión, el Departamento Judicial de Trenque Lauquen sería el más garantista de la provincia.
Alegre vinculó esa situación con la formación académica de muchos magistrados y aseguró que existe una corriente jurídica que considera a los delincuentes como víctimas.
«Todos los jueces formados en la Universidad de Buenos Aires, bajo la influencia de Zaffaroni, tienen un concepto en el cual los delincuentes son víctimas. Entonces ellos no contemplan la posibilidad o no analizan la posibilidad de que el que padece es la sociedad», sostuvo.
«Los mejores defensores de los delincuentes son los jueces»
El jefe comunal marcó diferencias entre el rol que desempeñan fiscales y jueces dentro del proceso penal.
Mientras definió al fiscal como el representante de los intereses de la comunidad y quien impulsa las acusaciones, consideró que las decisiones judiciales terminan favoreciendo sistemáticamente a quienes delinquen.
«Los fiscales casi nunca llegan a jueces. Los que llegan a jueces, de pronto, son los defensores. Y los defensores que llegan a jueces, como jueces, siguen siendo defensores. Entonces, los mejores defensores de los delincuentes son los jueces», afirmó.
En la misma línea sostuvo que hoy los derechos de las víctimas prácticamente no tienen lugar dentro del proceso judicial. «No hay derecho de la víctima. No es considerado para nada», remarcó.
Para fundamentar su posición puso como ejemplo la reiteración de delitos cometidos por personas que recuperan rápidamente la libertad.
«No puede ser que tengamos delincuentes que tienen hechos numerosos y muy cercanos y consecutivos y sigan en libertad», expresó, al tiempo que sostuvo que quienes acumulan varios antecedentes representan un problema para toda la comunidad.
A ello sumó otro aspecto que calificó como especialmente preocupante: las amenazas que reciben quienes denuncian. Según explicó, existen denuncias de vecinos intimidados por personas que recuperaron la libertad luego de haber cometido delitos.
«Cuando los delincuentes quedan en libertad amenazan a los que los denunciaron», indicó, y pidió que esas intimidaciones también sean denunciadas para evitar que el miedo termine favoreciendo la impunidad.
Defensa del trabajo policial
Frente a las críticas que habitualmente recaen sobre la Policía cuando se producen hechos de inseguridad, Alegre sostuvo que la responsabilidad principal no pasa por las fuerzas de seguridad. «Acá la Policía, en general, trabaja bien», afirmó.
No obstante, reconoció que existen dificultades derivadas de la falta de experiencia de algunos efectivos jóvenes y de errores en la confección de sumarios, lo que en ocasiones termina debilitando pedidos de allanamiento u otras medidas judiciales. Aun así, insistió en que el problema central aparece una vez que interviene la Justicia.
También recordó que el distrito cuenta hoy con aproximadamente 70 efectivos, una cifra muy inferior a la existente durante su gestión anterior, cuando había alrededor de 135 policías comunales.
«Esa reducción hace imposible llegar con la misma cobertura a todas las localidades del partido», señaló.
Respecto del sistema de monitoreo, aseguró que funciona correctamente y adelantó que el Municipio busca integrar las cámaras privadas para fortalecer las investigaciones.
Incluso reveló que, en uno de los últimos hechos delictivos, el autor evitó deliberadamente el recorrido de las cámaras públicas y terminó siendo registrado únicamente por dispositivos particulares.
«Evidentemente hacen una tarea de inteligencia o tienen información privilegiada», manifestó.
Reforma de la ley y reclamo colectivo
Para el intendente, la solución de fondo no depende exclusivamente de la actuación del fiscal ni de un mayor despliegue policial.
Su planteo apunta a una modificación del Código Procesal bonaerense que restrinja las excarcelaciones de delincuentes reincidentes y fortalezca la protección de las víctimas.
En ese sentido, convocó a instituciones y vecinos a impulsar un reclamo conjunto dirigido a los legisladores provinciales.
«Si la sociedad no se junta, si las instituciones no se juntan para hacer valer su opinión, difícilmente esto pueda cambiar», afirmó.
Alegre mencionó incluso a la senadora provincial Nidia Moirano como una de las dirigentes que podría trasladar esa preocupación al ámbito legislativo y reiteró que la inseguridad dejó de ser un problema aislado para convertirse en una preocupación permanente en toda la provincia.
«La inseguridad hoy en día está ocurriendo en todos lados, pero hay una tendencia a dejar en libertad a todos los presos», concluyó.
