El asesinato de Kevin Surbano volvió a colocar la inseguridad, la violencia y las políticas de prevención en el centro del debate del Concejo Deliberante de General Villegas. Durante la décima sesión ordinaria, los concejales aprobaron por unanimidad dos iniciativas de La Libertad Avanza que buscan obtener información del área de Seguridad municipal y del Ministerio Público Fiscal, además de avanzar en una mesa de trabajo interinstitucional para analizar la problemática y definir medidas concretas.
El primero de los proyectos solicita al secretario de Seguridad municipal, Luis Plana, un informe detallado sobre los esquemas de patrullaje, el funcionamiento de las cámaras, las intervenciones realizadas durante los últimos seis meses y los refuerzos previstos en sectores considerados conflictivos. La iniciativa surgió luego del crimen ocurrido en La Trocha, donde Surbano murió tras ser atacado con un arma blanca.
Patrullaje, cámaras y prevención
El pedido establece un plazo de cinco días hábiles para que el Ejecutivo informe cuáles son los cuadrantes y esquemas de patrullaje preventivo de la Policía Comunal y la Guardia Urbana asignados a La Trocha y sectores cercanos durante los fines de semana.
También se solicita conocer la cantidad y el estado operativo de las cámaras ubicadas en inmediaciones del lugar donde ocurrió el homicidio, los registros de llamados al 911 o a la Guardia por peleas e incidentes con armas blancas durante los últimos seis meses y la existencia de algún plan de contingencia para zonas consideradas de alta conflictividad.
Además, el Concejo pidió al Ejecutivo fortalecer las medidas preventivas y convocar a una mesa institucional integrada por el Municipio, el Concejo Deliberante, la Policía Comunal, el Ministerio Público Fiscal y otros organismos competentes. También se planteó establecer un mecanismo periódico para evaluar los resultados de las acciones implementadas.
Durante el debate, la concejal Sofía Mackay expresó la solidaridad de su bloque con la familia Surbano y sostuvo que el episodio debía ser abordado sin mezquindades políticas. Planteó profundizar el trabajo del Centro de Monitoreo y fortalecer la Guardia Urbana, pero también avanzar sobre las causas sociales de la violencia.
“Necesitamos más deporte social en los barrios, necesitamos prevención en salud mental, necesitamos más propuestas para nuestros jóvenes, necesitamos trabajar en el consumo problemático de sustancias”, expresó.
“La solución hay que darla antes”
Desde La Libertad Avanza, Dante Costamagna centró su intervención en la necesidad de fortalecer la prevención.
El concejal mencionó los robos, los ruidos molestos y el reciente homicidio y planteó interrogantes sobre la cantidad de efectivos policiales, su capacitación, los recursos disponibles, el sistema de videovigilancia y el funcionamiento de la Justicia.
“La solución hay que darle antes y eso se da con prevención, con presencia y con decisión”, sostuvo. Según explicó, el pedido de informes pretende obtener una radiografía concreta de los recursos disponibles y utilizar esos datos como punto de partida para definir respuestas.
La propuesta fue aprobada por unanimidad.
El Concejo también pedirá información a la Fiscalía
El segundo proyecto aprobado estuvo dirigido al Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial Trenque Lauquen. En este caso, los concejales solicitaron información estadística sobre la evolución del delito en General Villegas durante los últimos dos años.
Entre otros puntos, se pidió conocer la cantidad de denuncias y causas penales iniciadas; los expedientes vinculados con lesiones graves, riñas y utilización de armas blancas; los delitos contra la propiedad y las personas; hechos relacionados con estupefacientes; zonas con mayor concentración delictiva; investigaciones con autores identificados, aprehendidos o imputados; y causas archivadas o desestimadas.
El Concejo también solicitó una reunión con la Fiscalía General Departamental para analizar la situación de seguridad y evaluar la posibilidad de establecer un intercambio periódico de información estadística.
La concejal Josefina Caramés recordó durante el tratamiento que existe además una ordenanza aprobada anteriormente que contempla la creación de un registro de cámaras privadas para colaborar con investigaciones judiciales y reclamó su puesta en funcionamiento. La herramienta permitiría conocer dónde existen cámaras particulares que eventualmente puedan aportar imágenes ante la comisión de un delito, sin hacer pública la identidad de sus propietarios.
El debate sobre la Policía y la Justicia
Uno de los momentos centrales de la discusión llegó con la intervención del concejal Eugenio Leporati, quien puso el foco sobre la falta de policías y el funcionamiento judicial.
El edil aseguró que históricamente General Villegas ha tenido una cantidad de efectivos muy inferior a la necesaria y sostuvo que aumentar la presencia policial pierde efectividad si luego las respuestas judiciales no acompañan.
“Si tenemos 20 policías donde tenemos que tener 90 estamos complicados”, manifestó durante el intercambio, y planteó que una de las prioridades debería ser gestionar la cantidad de agentes que necesita el distrito. También remarcó que la Guardia Urbana no puede asumir responsabilidades propias de la Policía.
Sus palabras generaron una respuesta de Sofía Mackay, quien defendió el debate político dentro del Concejo y rechazó la idea de que las exposiciones realizadas no produjeran resultados.
“Parte de nuestro rol es expresar un posicionamiento ético y político sobre los distintos temas que se tratan. Y una de nuestras herramientas es la exposición en el recinto. Es el debate”, afirmó. La concejal volvió además a insistir en la necesidad de desarrollar una estrategia seria y transversal de salud mental comunitaria para todo el distrito.
Alcohol, iluminación y participación de los vecinos
La discusión también avanzó sobre situaciones cotidianas que, según los concejales, pueden contribuir a reducir riesgos.
La concejal Mariana Dominici mencionó sectores con iluminación deficiente y establecimientos que venden alcohol durante toda la noche. Señaló que los vecinos pueden denunciar estas situaciones y sostuvo que instituciones educativas y organizaciones sociales encuentran cada vez mayores dificultades para contener problemáticas vinculadas con jóvenes y adolescentes.
En la continuidad de su exposición remarcó que, frente a situaciones como la venta de alcohol a menores o reuniones numerosas con consumo en espacios públicos, los vecinos pueden dar aviso a las autoridades.
“No mirar para otro lado”, resumió como una de las formas de participación comunitaria frente a una problemática que, según quedó reflejado durante la sesión, excede ampliamente una única respuesta policial.
Por su parte, Josefina Caramés señaló que las leyes y procedimientos también forman parte de la discusión. Afirmó que el Poder Judicial debe actuar dentro del marco normativo vigente y consideró necesaria una revisión profunda de determinadas normas y procedimientos para adecuarlos a la realidad actual.
El debate terminó mostrando coincidencias pese a las diferencias respecto de dónde colocar el mayor énfasis. Más policías, mejores mecanismos de prevención, funcionamiento de la Justicia, cámaras, iluminación, políticas sociales, salud mental y atención sobre el consumo problemático fueron algunos de los puntos planteados.
Las dos iniciativas vinculadas con la inseguridad fueron finalmente aprobadas por unanimidad. Ahora el Concejo espera obtener información concreta tanto del Municipio como del Ministerio Público Fiscal y avanzar hacia una discusión interinstitucional que permita transformar el diagnóstico en medidas concretas.
