El fiscal general del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, Roberto Rubio, visitó General Villegas para dialogar con estudiantes de nivel secundario sobre el nuevo régimen penal juvenil y, en ese marco, Actualidad dialogó con el funcionario, quien planteó una mirada crítica sobre el funcionamiento de la Justicia y sostuvo que uno de los principales desafíos es recuperar la confianza de la comunidad y escuchar sus reclamos.
Rubio explicó que el Departamento Judicial de Trenque Lauquen comprende 13 Partidos del noroeste bonaerense y destacó la importancia de acercarse a las distintas localidades para conocer qué piensa la comunidad sobre el trabajo de la Justicia. En General Villegas mantuvo un encuentro con estudiantes del Colegio Nacional, quienes habían trabajado previamente sobre la nueva normativa y formularon preguntas vinculadas con su implementación.
Al referirse a la Ley 27.801, el fiscal general explicó que la reforma establece cambios centrales en materia de imputabilidad. Según detalló, la edad pasó de 16 a 14 años para determinados delitos y también se incorporaron como imputables algunos hechos que anteriormente quedaban fuera del régimen por contemplar penas máximas de hasta dos años.
Rubio también se refirió a la decisión de la jueza Pascual, quien había dispuesto la suspensión de la aplicación de la nueva normativa. El fiscal general cuestionó esa resolución y aclaró que, a su entender, la ley nunca dejó de estar vigente en toda la provincia de Buenos Aires.
“Las leyes las dictan los legisladores; y los jueces y fiscales, nos gusten o no las leyes, deben aplicarlas y conformarse en ellas”, sostuvo.
En ese sentido, explicó que un juez puede cuestionar la constitucionalidad de una norma en un caso determinado, pero consideró que no corresponde suspender su aplicación para toda la provincia. “No se puede suspender la ley, sólo para el caso en que estuviera cuestionada la inconstitucionalidad”, afirmó.
Rubio fue particularmente crítico con la postura asumida por Pascual y cuestionó que se presente como “garantista” una posición que, según su interpretación, termina priorizando a quienes cometen delitos por sobre las víctimas.
Respecto de la implementación del nuevo régimen, señaló que ya se registraron algunos casos de menores de 16 años dentro del ámbito del Departamento Judicial, aunque marcó diferencias con la situación del conurbano bonaerense, donde describió un escenario de delincuencia juvenil de mayor gravedad.
Sin embargo, consideró que el debate no debería limitarse a determinar si los jóvenes deben ser privados de su libertad. “A mí siempre, al respecto del delito cometido por niños o jóvenes, siempre me preocupó no tanto si van a ir presos o no, sino qué es lo que vamos a hacer con los niños”, sostuvo, al referirse a la necesidad de pensar en el tratamiento y las respuestas que debe recibir un menor que comete un delito.
También reconoció que existen dificultades vinculadas con los recursos disponibles para implementar el nuevo régimen. “No estamos en buenas condiciones ni con recursos”, admitió, aunque aclaró que también considera necesario revisar el sistema en su conjunto.
Una mirada crítica sobre la Justicia
Durante la entrevista, Rubio fue particularmente crítico con el funcionamiento del sistema judicial y sostuvo que las principales preocupaciones de la comunidad no se relacionan exclusivamente con los delitos cometidos por menores.
“Yo lo que le cuestiono a la Justicia, y yo formo parte de ella, es que no le importa la Justicia y no le importa que haya delitos, no le importan las víctimas”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que la crítica debe ser asumida por quienes integran el sistema y que es necesario escuchar los reclamos de la sociedad.
El fiscal general también cuestionó lo que definió como una interpretación “garantista” del sistema penal. Según expresó, el problema excede la discusión sobre los menores y alcanza a la respuesta general frente al delito.
Rubio sostuvo que resulta difícil explicarle a una persona que fue víctima de un robo por qué quien cometió el delito no necesariamente queda detenido, aun cuando el Código Penal establezca una determinada pena. En ese punto, diferenció el denominado garantismo de lo que consideró una postura abolicionista del sistema penal.
“Hasta que no pongamos en claro eso, por supuesto que no hay sistema de Justicia para la gente”, manifestó.
Su planteo también apuntó a la necesidad de recuperar una concepción de la Justicia que tenga en cuenta a las víctimas y las consecuencias que los delitos generan en quienes los padecen.
“No tenemos que bajar los brazos”
Frente a quienes sostienen “¿para qué voy a denunciar si no pasa nada?”, Rubio fue contundente: “No tenemos que bajar los brazos”.
Pidió realizar las denuncias y aportar las pruebas disponibles, además de colaborar con la Policía y la Justicia durante las investigaciones. “Somos muchos más los que queremos Justicia, que los pocos que están sacando ganancias de que exista la injusticia”, afirmó.
El fiscal general consideró que abandonar las denuncias y la participación ciudadana puede conducir a una situación de mayor desprotección. Por eso, pese a sus críticas al funcionamiento actual del sistema, defendió la posibilidad de construir una Justicia diferente.
“Tenemos que seguir creyendo en un sistema de Justicia mejor que éste, mucho mejor, que es posible”, afirmó.
El encuentro con los estudiantes
Respecto de su visita al Colegio Nacional de General Villegas, Rubio destacó especialmente el interés demostrado por los estudiantes. Contó que habían trabajado previamente sobre la legislación y preparado preguntas para abordar distintos aspectos del debate.
“Estaban realmente preparados para enfrentarme, para cuestionarme algunas cuestiones relativas al sistema”, señaló el fiscal, quien valoró las preguntas realizadas durante el encuentro y consideró que permitieron generar un intercambio sobre la problemática.
Rubio también remarcó la importancia de mantener el contacto con la comunidad y con los medios de comunicación como una vía para explicar el funcionamiento de la Justicia y, al mismo tiempo, conocer las inquietudes de la población.
En ese sentido, sostuvo que es necesario que las autoridades encargadas de impulsar reformas escuchen los reclamos sociales y tomen decisiones acordes con esas demandas.
El fiscal general cerró la entrevista insistiendo en que, pese a sus cuestionamientos al sistema, considera posible avanzar hacia una Justicia que responda mejor a las necesidades de la comunidad. “Yo sigo insistiendo con que es posible hacerlo”, concluyó.
