Alejandro Balbi, abogado de los vecinos de la Quinta «La Escondida», y Angélica Vidal, vecina de dicha barriada, visitaron los estudios de FM Actualidad y explicaron en qué situación viven las 70 familias que están usurpando ese predio. Sostuvieron que la Municipalidad puede intervenir expropiando esas tierras, solución con la que estarían de acuerdo los propietarios.
Angélica Vidal es una de las tantas personas que, acorraladas por no tener un lugar para vivir ni un trabajo que les permita afrontar un alquiler, decidieron instalarse en la Quinta «La Escondida», un predio que es propiedad privada (aunque está en litigio desde hace años).
Patrocinados por el abogado Alejandro Balbi, este miércoles los vecinos presentaron una nota dirigida al intendente municipal a quien le reclaman que tome cartas en el asunto para evitar un desalojo inminente. «Nuestros derechos al acceso a una vivienda digna se encuentran seriamente amenazados», sostienen y agregan que, de acuerdo al Art. 36, Inciso 7 de la Constitución Provincial, debe garantizarse el «acceso a la propiedad de un lote de terreno apto para erigir su vivienda familiar única y de ocupación permanente, a familias radicadas o que se radiquen en el interior de la Provincia, en municipios de hasta 50.000 habitantes, sus localidades o pueblos».
La situación de Angélica Vidal es una clara muestra de lo que están viviendo esas 70 familias que decidieron usurpar un terreno, construir una vivienda precaria e instalarse definitivamente. «No podía mantener un alquiler. Hace un año me vine de Charlone (ella es oriunda de Villegas, pero se había ido a vivir a la vecina localidad) y acá estoy sin trabajo. Me hice un galponcito y un premoldeado. Tengo pareja y está trabajando, pero ahora no se puede mantener. Pagaba 9.000 pesos de alquiler y no tenía trabajo. Así como yo está toda la gente. Hace un mes y medio que estoy ahí y esto viene de hace dos años. Conozco a todos los vecinos, algunos están en mi misma situación y otros mucho peor. Hay madres cobrando solamente una asignación. Una chica tiene 4 chicos y únicamente cobra la asignación. ¿Qué podés pagar con eso? Los alquileres están por las nubes, hay que presentar garantías, pagar un depósito y pagar el mes. No podés. Así estamos todos y hay muchas chicas solas y sin trabajo», describió.
Para Alejandro Balbi, abogado y militante del Partido Comunista Congreso Extraordinario (dentro del Frente de Todos) advirtió que la idea no era intervenir ahora, sino esperar a que pasen las elecciones para que no se mezcle con la política. Pero ante el avance y la posibilidad inminente de desalojo decidió tomar cartas en el asunto y asesorar a los vecinos de la Quinta «La Escondida».
«No hay un derecho superior a los demás y no hay un derecho absoluto. Acá tenemos 70 familias. Les pido a los dirigentes que prueben dormir en el patio, entre chapas, por un día. Ahí nos vamos a dar cuenta cómo en 24 horas se soluciona la situación. Hay mucha hipocresía», señaló el letrado.
Balbi destacó que, de acuerdo a la Constitución, el Estado debe garantizar el acceso a un terreno en aquellas poblaciones despobladas.
«Una garantía es mucho más potente que un derecho. La garantía se tiene que cumplir sí o sí. Por ejemplo la defensa en un juicio tiene que estar garantizada. El Estado te da un abogado si no podés acceder a uno. Y eso es sí o sí porque sino se anula todo. Acá el derecho a un lote de terreno en las localidades de menos de 50.000 habitantes es una garantía constitucional en la provincia de Buenos Aires. No es un derecho, es algo superior. Lo garantiza el Estado provincial, pero está articulado con los municipios. Cada municipio le tiene que garantizar a la gente un terreno. Es solamente para las familias que no tienen un metro cuadrado de tierra dónde vivir. No se está hablando de viviendas, sino de un terreno», argumentó el abogado.
Pero claro, esos terrenos tienen dueño (en realidad son más de uno y por eso las tierras están en litigio), es decir que son propiedad privada y no del Estado municipal. «Llamé a los representantes legales de los dueños y dicen que los dueños están de acuerdo con la solución que nosotros propusimos», dijo Balbi.
¿Y cuál es esa solución? La expropiación por parte de la Municipalidad.
«Nosotros proponemos una herramienta que está en la Constitución, y eso significa que vale más que cualquier ordenanza o ley. Esa herramienta es la declaración de utilidad pública de un bien y el municipio la puede utilizar. Los dueños están en juicio hace 10 años y van a estarlo por mucho más tiempo. ¿En el mientras tanto qué? Por eso la solución es declarar la utilidad pública del bien, se expropia y se paga en consignación a un precio justo. De esta forma ya se entra en posesión del bien. Esto ya se ha hecho en otros municipios, no estamos inventando nada. Se tendría que haber evitado esta situación, garantizando el acceso a un lote. Así no estaríamos hablando de esta situación extraordinaria que se está viviendo», detalló el letrado.
«Es una cuestión de determinar cuál es la prioridad. Con 10 meses del sueldo del Ejecutivo se paga el lote. O no es tanta plata o está cobrando demasiado», concluyó Balbi.
