Horacio Salaverri -contador, productor agropecuario, ex presidente de CARBAP y actual tesorero de dicha entidad rural- fue entrevistado en una nueva edición de «La voz del campo». ¿El tema? La polémica Ley de Aporte Solidario y Extraordinario de Grandes Fortunas.
El Senado de la Nación ya comenzó a debatir en comisión el proyecto de Ley de Aporte Solidario y Extraordinario de Grandes Fortunas. Dicho proyecto ya obtuvo la media sanción en Diputados y ahora logró el dictamen en la Cámara de Senadores, por lo que se estima que será tratado en sesión extraordinaria.
Horacio Salaverri -contador, productor agropecuario, ex presidente de CARBAP y actual tesorero de dicha entidad rural-, hizo un análisis de esta ley: «A nuestro entender esta ley no tiene la característica de un aporte, porque los aportes son de tipo voluntario y no de tipo coercitivo u obligatorio. Es un tributo más, un impuesto más. En cuanto a eso de extraordinario, o sea que se colocaría por una sola vez, siempre llama a dudas porque en Argentina hay cantidad de impuestos que fueron colocados en forma extraordinaria y de emergencia y todavía perduran: como el impuesto a las ganancias, el impuesto a los créditos bancarios, el impuesto a los ingresos brutos», expuso.
Para Salaverri no es correcto hablar de «grandes fortunas»: «El gran problema de esta ley es que no separa entre los bienes productivos y los bienes suntuarios. La teoría tributaria, a lo largo de todo el mundo y de la historia, siempre discriminó los bienes o activos que tienen características financieras, especulativas o de ahorro de los bienes productivos. El gran problema es que esta ley alcanza de forma directa a los bienes productivos que, por otro lado, ya fueron gravados en el tributo a los bienes personales», manifestó.
Contrasentido del gobierno
«El propio Presidente y su gabinete económico hablan de motivar e incentivar al sector productivo para generar empleo y fomentar exportaciones. Pero, por otro lado, aparecen con un impuesto de estas características, gravando a la actividad productiva en forma fuerte. La renta no supera el 3 o 3.5% sobre el capital invertido; y esta tasa arranca con el 2 hasta llegar al 3.5%, o sea que se llevaría toda la renta o la caja que podría haber generado la actividad agropecuaria o cualquier otro tipo de actividad como servicios, industria y comercio. Se ha afectado a todo el mundo en ese sentido. Tenemos suma preocupación: primero por la cuestión de cómo se va a poder solventar este impuesto y segundo porque grava los activos sin tener en consideración el pasivo. Esto va a desembocar en una falta de inversión y en una pérdida de capacidad de empleo», afirmó.
«El contrasentido del gobierno es que por un lado se manifiesta la intención de aumentar la exportación a través del Consejo Agroindustrial Argentino para llegar a 100.000 millones, pero por otro lado presenta dos leyes que afectan al sector: una es este tributo y la otra es la ley del Fuego patrocinada por el mismo diputado -Máximo Kirchner- que coloca una limitación para aquel predio donde hubo un incendio, sin determinar si el incendio es accidental o no. Esta ley inmoviliza la utilización de ese predio entre 30 y 60 años. Asustan este tipo de ideas. Los que vivimos en el interior sabemos que los incendios de campo se producen y la gran mayoría son accidentales: por las altas temperaturas y las grandes sequías. Esto inmoviliza la producción por 30 o 60 años y genera un estado de preocupación en todos los empresarios argentinos, que son los que deberían tener la posibilidad de invertir para generar empleo. Hay una preocupación fuerte hacia el futuro», subrayó.
«Hay una doble imposición con el impuesto a los bienes personales; porque muchos de estos bienes que van a tener que tributar nuevamente ya pagaron bienes personales. Por otro lado, lo que hay que entender desde el punto de vista económico es que vamos a contramano del mundo. En la pandemia el mundo no ha salido a incrementar impuestos, sino que ha bajado impuestos. La economía del mundo se recupera a través de algunos beneficios de tipo tributarios, no aumentando la carga tributaria. La carga tributaria argentina es una de las más grandes en todo el mundo y se agrava con esta situación. El lineamiento parece ser recaudatorio y no de inversión», completó.
Gasto público y dudas respecto al destino de los dineros
«Estamos viendo que supuestamente creamos un tributo que debería asistir a la pandemia, pero lo recaudado tiene destino de asistencialismo. Tal vez necesitemos 10 veces del importe de este tributo, el problema es quién lo puede pagar. Uno en su casa puede necesitar una cantidad de cosas, pero el tema es cómo lo gano, cómo lo obtengo. En economía es exactamente igual. Otra alternativa es que el gobierno lo ahorre en otros sectores donde los gasta. El gasto público existe en todo el mundo, el problema es el mal uso del gasto público: el uso abusivo, el uso clientelar, el uso que tienen que ver más con la política que con acciones directas que benefician al ciudadano. Todos los países tienen necesidades, el tema es que nadie mata al que puede generar los ingresos», reflexionó Salaverri.
¿Qué pasará si el Senado lo aprueba?
«Esperemos que el Senado, que representa a las provincias, tome en cuenta todos los argumentos que se han vertido y por lo menos se hagan algunas modificaciones, como colocar un mínimo no imponible. Esta ley grava de 200 millones de pesos hacia arriba y de 200 millones para abajo nada. Es decir que aquellos que tienen un peso de diferencia uno paga 4 millones y el otro nada, lo cual es un disparate en términos tributarios. Inclusive grava las obligaciones negociables que son títulos que emiten las empresas privadas para financiarse. ¿Quien va a querer comprar un título que va a estar gravado por un impuesto? Eso quita financiamiento a las empresas. Esperemos que los senadores lo entiendan, pero tenemos pocas esperanzas aunque tratamos de concientizarlos de la gravedad de la situación», sostuvo el dirigente rural.
«Estamos conversando con otras entidades que no son agropecuarias, como las financieras, la construcción, el comercio y la industria. Estamos evaluando una acción conjunta. Ya hubo un comunicado de la Mesa de Producción de la Provincia de Buenos Aires, porque todas las cámaras se sienten afectados por este tributo. Las 5 representantes de la actividad económica de la Provincia de Buenos Aires ya nos hemos manifestado en contra. Veremos en un futuro si recurrimos a la Justicia para evitar la doble imposición por la inconstitucionalidad de este tributo, o si corresponde algún tipo de acción directa. A nuestro entender en muchos sectores va a ser imposible el pago. Esto va a afectar en forma directa la caja, el capital de trabajo de las empresas, que va a desaparecer. Para renovar ese capital de trabajo lamentablemente va a haber que hacer disposición de activos: se van a descapitalizar las empresas. El productor, para encarar una nueva siembra o una capitalización de hacienda, va a tener que vender activos. Va a ser de difícil cumplimiento», finalizó.
