La Suprema Corte de Justicia bonaerense hizo un fuerte llamamiento a los jueces penales de la provincia para que reduzcan al mínimo posible la aplicación de prisiones preventivas con el objetivo de bajar la excesiva población carcelaria, que supera ampliamente la cantidad de plazas disponibles.
El encuentro, de carácter obligatorio, se realizó en el Instituto de Estudios Judiciales de La Plata, y fue encabezado por el titular del máximo tribunal, Eduardo De Lázzari. En ese marco, el funcionario citó la Resolución 3341 del 11 de diciembre pasado, en la que la Corte calificó de «insostenible» la actual situación carcelaria, y citó precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que indican en qué casos aplicar las prisiones preventivas.
«De Lázzari ha sido muy terminante al decir que este estado de cosas es insostenible», contó el juez Mario Juliano, quien participó del encuentro y aseguró que «la doctrina es una sola y la prisión prevéntiva es excepcional». «Hubo un llamado a la responsabilidad y un respaldo de la Corte a los jueces ante posibles escraches o juicios políticos», amplió el magistrado de Necochea.
Fuentes judiciales precisaron que los casos en que se pueden bajar los dictados de prisiones preventivas tienen que ver con delitos a la propiedad, que representan entre un 30 y 40% de las detenciones actuales, y de narcomenudeo, que significan alrededor del 11%. Sin embargo, desde la Corte no se fijó un porcentaje a alcanzar.
Junto al presidente del tribunal estuvieron los ministros Daniel Fernando Soria, Luis Genoud, Hilda Kogan, Eduardo Pettigiani y Sergio Torres. También se hicieron presentes los jueces del Tribunal de Casación Penal de los 19 departamentos judiciales y autoridades del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y el Colegio de Abogados provincial.
La Suprema Corte advirtió hace dos semanas sobre la situación de los presos bonaerenses y dijo que las condiciones «tienden a agravarse en función de la elevada tasa de detenidos, el uso inadecuado de la prisión preventiva, las modificaciones en el Código Penal y las leyes procesales y las dificultades en el régimen de progresividad de ejecución de la pena, siendo todo ello susceptible de generar responsabilidad internacional del Estado argentino».
De acuerdo a las cifras del Tribunal de Casación Penal, la cantidad de detenidos en cárceles y comisarías de la provincia asciende a 48.827. Las plazas disponibles son alrededor de 24.000, más 4.000 acondicionadas y otras 4.000 en comisarías (donde está prohibido alojar presos).
Reacción del Gobierno
Según pudo saber DIB, la reunión convocada por la Corte fue vista con buenos ojos por el gobierno de Axel Kicillof. «Por primera vez el sistema judicial establece un criterio unificado sobre en qué casos aplicar la prisión preventiva, que no puede ser algo indiscriminado», opinó una fuente gubernamental.
El ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, asumió su cargo en medio de una huelga de hambre de presos de toda la provincia que denunciaban condiciones de hacinamiento, falta de alimentos y de medicamentos, entre otros problemas. Ante el reclamo de los detenidos y de organizaciones de Derechos Humanos, como la Comisión Provincial por la Memoria, Alak convocó a una mesa de trabajo interinstitucional que tuvo su primer encuentro la semana pasada.
Esa mesa volverá a reunirse a mediados de enero y lo hará una vez por mes con el objetivo de generar nuevas acciones para bajar la cantidad de presos, que en la provincia es de 300 por cada 100.000 habitantes. La cifra es mayor a la nacional, donde es de 194 cada 100.000.
De acuerdo a los números que maneja el Gobierno, en los últimos cuatro años la población carcelaria creció a un ritmo de entre 4.000 y 5.000 presos sin condena por año, lo que generó una superpoblación inédita, de unos 20.000 detenidos más que la capacidad permitida. (DIB) }
