El propietario de DESAB puso el foco en las empresas que se vieron perjudicadas y todos los trabajadores que, indirectamente, dependen de que este conflicto se solucione de la mejor manera. Por eso, no vio con malos ojos que el Estado se preocupe para garantizar el pago a los acreedores.
Roberto Battistino, uno de los propietarios de DESAB, la empresa comercializadora y distribuidora de insumos que emplea entre 85 y 100 trabajadores (de acuerdo a la temporada del año), es uno de los tantos afectados por el default de Vicentin.
En diálogo con FM Actualidad, en el pase de los programas «La sartén por el mango» y «¿De qué se habla?», Battistino dio su mirada de lo que sucede en torno a esa firma agroexportadora.
«Podemos decir que DESAB está afectado, como tantas otras empresas. Inicialmente esto había tomado estado mediático y se hablaba mucho de Avellaneda, de Reconquista. Se hablaba mucho de la gente, de los puestos de trabajo afectados directamente por Vicentin. Pero es interesante, con la cantidad de damnificados que habemos, pensar en qué le pasa a tanta gente y a tantas familias de trabajo que están afectados indirectamente por este tema. Este hecho no hace tambalear a DESAB, no tuvimos que desafectar gente. Pero sí sufrimos un faltante importante de un dinero corriente que, de la noche a la mañana, no lo tuvimos más», explicó Battistino.
En tal sentido admitió que tuvieron que «cambiar un montón de proyectos que teníamos y, con la ayuda de algunos proveedores, diferir algunos montos que ya se pagaron. Nosotros estamos funcionando bien, pero hay empresas del sector que están mucho más afectadas y esto podría traerles complicaciones en su funcionamiento».
Con respecto al papel del Estado en este asunto, el empresario dijo: «Me pareció interesante que el Estado se preocupe por cómo marcha el concurso. Creo que si lo ahondan tiene forma de hacerlo mediante la Justicia. Eso está con un juez en la causa. Creo que puede existir diálogo para encontrar una solución, para que los acreedores podamos cobrar, que la empresa pueda seguir y que la gente pueda tener su trabajo. A nosotros nos afecta, pero lo estamos manejando para que no perjudique nuestro normal funcionamiento. Ojalá que esto pase pronto y sea un mal recuerdo», concluyó.
El default de Vicentin
El 4 de diciembre de 2019, Vicentin anunció a sus acreedores que se encontraba en una situación de estrés financiero que no le permitiría hacerle frente a sus obligaciones. Su debacle generó un efecto cadena que alteró a todo el sector.
En ese momento, fuentes vinculadas a la compañía admitieron que, ante la necesidad de atender los vencimientos en el corto plazo, la firma se había quedado sin los fondos necesarios para afrontar todos los compromisos a la vez. «Son u$s 350.000 que la empresa tenía comprometidos en pagos a proveedores, pero que no se ejecutaron y derivaron en este acontecimiento», explicaron en aquel entonces.
Tras el resultado de las elecciones presidenciales generales, el panorama se complicó para la empresa y se gestó la tormenta que desembocó en el default: los productores agropecuarios realizaron ventas anticipadas por temor a que el gobierno de Alberto Fernández suba las retenciones, lo que obligó a Vicentin a acelerar las compras de materia prima.
Luego de entrar en cesación de pagos, a mediados de ese mes, Vicentin cedió a su socio Renaisco B.V., controlado por el grupo suizo Glencore, el 16,67% de su tenencia accionaria en Renova (un tercio de su participación en esa empresa creada en 2007, que produce harinas y aceites de soja en Timbúes y biodiesel en San Lorenzo). La intención era saldar las deudas comerciales. Como resultado de la operación, Glencore pasó a ser accionista mayoritario, con el 66,67% de las acciones.
Tras iniciar un sumario administrativo luego de haber tomado conocimiento de que, durante la gestión de Cambiemos, el Banco Nación le otorgó una línea de crédito por más de $ 18.000 millones a la firma, el 16 de enero de este año se conoció el “Primer Informe sobre la situación de Vicentin”, elaborado por Claudio Lozano, director del Banco Nación. El titular analizó la situación económica de la compañía y los préstamos otorgados por el banco en la gestión anterior.
El fiscal federal Gerardo Pollicita imputó al expresidente del Banco Nación, Javier González Fraga, e inició la investigación sobre las cuentas del grupo. El fiscal también imputó a los directivos de Vicentin, Gustavo Nardelli y Alberto Padoán, quien presidió la Bolsa de Comercio de Rosario hasta el 13 de diciembre, hasta que fue desplazado luego de que la empresa cayera en default.
El 24 de enero la empresa presentó una propuesta de acuerdo preventivo extrajudicial (APE), que no consiguió consenso. En consecuencia, el 10 de febrero la empresa solicitó su concurso preventivo y en su presentación reveló que contrajo una deuda superior a $ 99.345 millones.
El número de acreedores a la fecha es de 2638 y más del 50% del pasivo corresponde al sector financiero. El 23% de la deuda total está comprometida con la banca nacional (el 88% con bancos públicos). Conforme a la nómina de acreedores presentada por la sociedad, el endeudamiento financiero (local e internacional) representa $ 63.961 millones.
Entre los principales acreedores bancarios locales, se encuentra el Banco de la Nación (el principal, con su préstamo superior a $ 18.000 millones), el Banco de la Provincia ($ 1814 millones), el Banco de Inversión y Comercio Exterior ($ 313 millones), el Banco Ciudad ($ 318 millones), el Banco Hipotecario ($ 752 millones), el Banco Macro ($ 653 millones), el Banco de Entre Ríos ($ 508 millones), el Banco Itaú ($ 374 millones) y el Banco de Santa Fe ($ 372 millones).
Con los principales acreedores internacionales la suma asciende a $ 30.153 millones, con International Finance Corporation a la cabeza ($ 16.504 millones), seguido por Netherlandese Financerings ($ 9228 millones) y ING Bank NV–Tokyo Branch ($ 4420 millones).
Además de las deudas por financiamiento otorgado, se encuentran las cooperativas, productores, correacopios y otras firmas agropecuarias a quienes Vicentin les compró granos.
