«Nuestros derechos al acceso a una vivienda digna se encuentran seriamente amenazados», manifestaron los vecinos a través de una nota presentada en Mesa de Entrada
Los vecinos expresan que, de acuerdo al Art. 36, Inciso 7 de la Constitución Provincial, debe garantizarse el «acceso a la propiedad de un lote de terreno apto para erigir su vivienda familiar única y de ocupación permanente, a familias radicadas o que se radiquen en el interior de la Provincia, en municipios de hasta 50.000 habitantes, sus localidades o pueblos».
Piden a las autoridades municipales que «se pongan a trabajar» y manifiestas que es mentira que el Estado Municipal no pueda hacer nada para evitar el desalojo.
Actualidad reproduce, a continuación, la carta presentada por los vecinos en Mesa de Entrada con la intención de reclamar una solución a su problemática habitacional:
«Ya hemos presentamos una nota grupal similar a la presente, de la cuál no hemos obtenido ninguna respuesta, ni que hablar de la infinidad de notas individualmente presentadas, es por ello que no solo le solicitamos intervención nuevamente, sino que le proponemos una solución legal.
Por dichos del Sr. Intendente en algún medio local, nos percatamos que no se encuentra debidamente asesorado (o no se encuentra asesorado) sobre el conflicto y su poder para solucionarlo. Se ha comparado la situación con el desalojo de Guernica, algo totalmente falaz, en primer lugar porque en dicho distrito por su cantidad de habitantes no rige la garantía constitucional de acceso a un lote de terreno (que por cierto la falta de reglamentación sobre garantías constitucionales ya ha sido declarada inconstitucional en múltiples precedentes) y en segundo lugar, allá había un proyecto concreto de los dueños para un Country. Acá, no solo que rige la garantía, sino que hasta los pretensos dueños ¡consideran que la mejor solución es que el Municipio compre!, lo cuál torna absurdo el desinterés y falta de compromiso del municipio para solucionar el tema.
Seguir mirando para otro lado, no hará mas que alargar la precariedad y el riesgo. Acá no solo está en juego la vivienda de 70 familias, 200 personas, entre ellas más de 50 niños y niñas, sino que se ven afectados directamente todos los inquilinos de General Villegas, que verán afectado el valor del alquiler, cuando 70 familias se sumen a la oferta y demanda (en el mejor de los casos), o simplemente se traslade el problema de un sector de la ciudad a otro. También en esta falta de asesoramiento (o mal asesoramiento) le escuchamos decir que la situación esta en “manos de la Justicia” y que por ende “nada se puede hacer”. No se preocupe que llegado el caso, tarde o temprano los jueces van a citar al municipio a dar explicaciones, sobre la situación habitacional de las personas afectadas, y en ese momento verá que ningún área de su gobierno esta adaptada para soportar el desalojo de 70 familias. Igual no se llegará a eso, pero es falso que no pueda intervenir cuando está en curso una situación judicial.
Dejemos por un solo minuto de poner excusas y centremos todas las energías en solucionar esto. La Provincia delegó en la Ordenanza General Nº 165 para todos los Partidos de la Provincia, a las Municipalidades y el Concejo Deliberante, la facultad de determinar la “Utilidad Pública” de un bien inmueble sujeto a urbanización, y por ende, a expropiación.
Es irrelevante la indeterminación del dueño por encontrarse en curso una acción judicial entre particulares, porque para eso existe el pago en consignación judicial; el litigio entre los pretensos dueños lleva más de 10 años y según nuestros abogados la situación judicial da para otros 10 años o más. Por nuestra parte, hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos no pensamos parar, porque si hay un ejemplo paradigmático de un Estado que puede hacer y no hace, ese ejemplo es éste.
Busquen en su interior esa vocación pública por solucionar problemas de la comunidad, envíen una ordenanza que establezca la utilidad pública de los lotes en cuestión y sujeto a expropiación -si no tienen un modelo, se lo alcanzamos-; si creen que no es posible, estudien, “MUNICIPALIDAD DE GENERAL VIAMONTE C/ C. N. V. Y OTROS S/ EXPROPIACION DIRECTA”, “MUNICIPALIDAD DE FLORENTINO AMEGHINO C/ F. S. J. y otros S/EXPROPIACION DIRECTA”, “MUNICIPALIDAD DE FLORENTINO AMEGHINO C/ F.J.D y otro/a S/EXPROPIACION DIRECTA, “MUNICIPALIDAD DE JUNIN C/ C. Y C. S. S. Y OTROS S/ EXPROPIACION DIRECTA”. Inicien el proceso correspondiente, realizando el pago en consignación que ya habilita a entrar en posesión del inmueble, y que según nuestras estimaciones el precio justo no llega ni al 2% de lo que ustedes muestran en el presupuesto (disponible en internet) como de “libre disponibilidad”.
Si realmente se tuviesen ganas de trabajar, -y no solo de cobrar el sueldo, y seguir inventando excusas-, antes del 2022 el Municipio, con sus facultades de urbanización, ya podría estar trazando correctamente las calles, y nosotros regularizando la precariedad de nuestros servicios.
No nos interesa ninguna especulación electoral en nuestro reclamo, al contrario, creemos que el impacto dependerá justamente de la respuesta que se dé. Pero lo cierto es que el desalojo se está impulsando en estos precisos momentos. Lamentamos que en todos estos años, ni el Ejecutivo, ni el Concejo Deliberante hayan propuesto la solución que nosotros encontramos en 10 días. Por eso le solicitamos a ambos que acompañen esta solución».
