Cuando en emocionantes ceremonias las autoridades prestan juramento, es ya histórica la fórmula según la cual el funcionario se compromete a desempeñar su cargo con lealtad y patriotismo, finalizando con la sentenciante frase «si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demanden«. Un tono épico que encuentra alguna similitud con ciertos fragmentos del Himno Nacional, que se canta en los actos oficiales a veces en forma impostada y con inescrutable sinceridad.
¿Cómo hace la patria para demandar lo que el funcionario pide que le demanden?
Para eso están los fiscales. Un fiscal defiende con independencia la legalidad y el interés de todos los ciudadanos cuando presuntamente se han cometido delitos que denotan la ausencia de la declamada lealtad (al pueblo) y patriotismo.
Por eso, quien al jurar invitó a que la patria le demande una presunta claudicación, debe estar agradecido. En efecto, con el proceso penal el sistema democrático se autoprotege y lleva al terreno de lo objetivo aquellos asuntos espinosos que a los medios de prensa les cuesta tratar con independencia; a veces la logran, otras no. Es natural que un político despierte pasiones en su seguidores y animadversión en otros. La prensa no es ajena a ese fenómeno, claro. Pero ello ha de darse, preponderantemente, en el terreno del obrar político. En otros terrenos, como el penal, corresponde que la objetividad sea el faro rector. La corrupción, dijo un presidente a finales de los ochenta, debería considerarse un acto de traición a la patria.
Pero, por lo que se va observando, no es común que el político cuestionado agradezca el obrar de los fiscales de la Nación. Más bien por el contrario.
Cuando la persona siente incluso un grado de heroicidad pese a los comportamientos imputados
Luis Jiménez de Asúa fue un gran republicano y uno de los más grandes penalistas del siglo XX; enseñó muchos años en las facultades de Derecho de La Plata y Buenos Aires (y en otras). Se exilió en Argentina con motivo de la Guerra Civil Española y escribió un tratado de Derecho Penal de 10 tomos bajo el título de El criminalista. Lo traigo a colación por dos pensamientos suyos. El primero: en él pasa revista a la curiosa e inquietante figura del «criminal político fanático» (siguiendo para ello a Antonio Quintano Ripollés en su atractivo ensayo: La criminología en la literatura universal: ensayo de propedéutica biológico-criminal sobre fuentes literarias). El segundo: cita más de una vez a Miguel de Unamuno cuando alude -y esto es lo que me interesa- a la percepción de lo que somos. Así distingue entre el que creemos ser, el que los demás creen que somos y el que realmente somos. Esta triple perspectiva es útil cuando la pasión inunda el terreno de las percepciones de un gobernante y del pueblo que lo observa con desigual indulgencia.
Es entonces cuando el fiscal enfrenta al acusado con las probanzas que ha recolectado en un proceso garantístico. Es momento en que la objetividad ha de ser la regla y la que guíe al proceso penal hacia la intervención del tercero e imparcial, es decir, el juez.
Fuera han de quedar las pasiones, los enconos y los fanatismos, de unos y de otros.
En definitiva, sin un fiscal no hay demanda en nombre de la patria. El fiscal representa a todos, incluso al gobernante cuestionado.
(*) Beltrán Gambier es Abogado experto en Derecho Administrativo. Tiene su Estudio en Madrid, donde reside. Además de jurista, es activista cívico y promotor cultural. Cofundador de Intramuros, de Transparencia Internacional España y de Gutun Zuria.
La columna fue publicada en Infobae: ¿Cómo hace la Patria para demandar a un funcionario?