“La segunda profesión más antigua del mundo es la política y lo que más me sorprende es cuanto se parece a la primera” (Ronald Reagan)
En estos tiempos de continua actividad política, pueden comprobarse fácilmente las falencias del sistema eleccionario o si lo queremos ver de otro modo, las ventajas reglamentarias que se encuentran a la mano y son aprovechadas sin ningún pudor con tal de ganar una elección que permita mantenerse en el poder.
En base a lo expuesto “el reglamento” para aplicar a la actividad política goza de una “inestabilidad beneficiosa”, adoleciendo de fortalezas que impidan vulnerarlo con el claro objeto de torcer la “voluntad popular”; existen algunas cuestiones muy sutiles, así como otras mucho más groseras que dan vía libre a la celebración de actos que a la luz de la legislación comercial, laboral y/o civil, no podrían realizarse o serían pasibles de nulidad.
A continuación se detallan situaciones permitidas por el reglamento de la política, que con el prisma de otras legislaciones (laboral, civil, comercial), constituirían actos que al menos crearían controversias y quizá debieran ser revisados, máxime teniendo en cuenta lo aproximados que han sido lo resultados, tanto de las PASO, como de las elecciones generales.
– El día de las elecciones definitivas para presidente es parte de un fin de semana largo y no hay noticias de que esto vaya a ser cambiado. Todos sabemos la circulación de gente que generan este tipo de fechas en nuestro país.
– Las elecciones se celebran de acuerdo a los intereses de cada gobierno provincial, municipal, PASO, etc. En este turno los diferentes comicios se celebraron en las provincias en diferentes fechas y desconectadas de cualquier elección nacional, dado el supuesto rechazo al gobierno.
– Los analistas han perdido el rumbo con las encuestas y tratan de extrapolar resultados de “cuando se votaba todo o casi todo” el mismo día, con resultados de una elección de una sola categoría donde no se produce el arrastre o rechazo que puede generar otra elección.
– Los periodistas que se dedican al análisis político (salvo raras excepciones), no desentonarían en un programa deportivo de fanáticos futboleros y esto nubla en gran medida el análisis objetivo y por ende la razonabilidad de ciertos reclamos.
– Con la cantidad de subsidios que otorga el gobierno quienes perciban una asignación, no deberían votar. Si cuando se recibe una determinada asignación “no se pueden comprar dólares”, tampoco se debería poder votar. Esto ocurre en otros países sin inconvenientes.
– No se dicta una ley que establezca una forma más moderna de votar (voto electrónico), desterrando las temibles listas sábana.
– Quien se postula como presidente continúa en el cargo de Ministro de Economía durante las PASO y las elecciones generales, haciendo campaña con dinero público y estrategias desarrolladas con la estructura del Estado.
– Lo expuesto en el apartado anterior, no es privativo de la elección a presidente; existen multitud de ejemplos de personas que desempeñan un cargo y se postulan a otro, utilizando fondos públicos y estructura estatal.
– La justicia electoral parece tener la mano muy blanda y no nos enteramos de sanciones que hayan sido aplicadas, ante irregularidades cometidas.
– Se manejan gran cantidad de encuestas en donde normalmente “gana el que paga”. Ante la reducción drástica de los teléfonos fijos, comenzaron a fallar las encuestas. La paradoja es que se dispone de mejores y más poderosas herramientas y nunca se han visto resultados tan alejados de las estimaciones previas.
No obstante hay que pensar que estas elecciones tan fraccionadas han originado una composición legislativa que obligará, necesariamente, a la negociación, cosa a lo que no están habituados los congresistas; si se entiende por negociar a reunirse, hablar, ceder algo en posiciones propias a cambio de cesión en posiciones ajenas que permitan converger acciones respecto de las diferentes ideas de cómo hacer las cosas.
La Legislación vigente debiera ser severamente modificada y la justicia electoral debiera también actuar en consecuencia ante situaciones que puedan alterar la libre elección de los votantes o permitir ventajas de unas fracciones políticas sobre otras.
Antes de finalizar, la financiación de la actividad política y de los partidos políticos debe ser solo privada y no parcialmente a cargo del Estado. Para aquellos que piensen que la financiación puede hacerse con dinero de dudoso origen, le pueden delegar la tarea a la UIF que si bien se les escapó Insaurralde, pueden verificar el origen de los fondos de campaña y dejar de perseguir a quienes adquieren un auto o un inmueble.
Finalmente, recordar que si tomamos como base cualquier disciplina deportiva, el reglamento contemplará todas las situaciones conflictivas (cosas que en la política ya tenemos una colección) y tendrá una permanencia en el tiempo, generada básicamente, por el hecho de contemplar todas las situaciones, tal como ocurre con los reglamentos deportivos, cuyos orígenes en la mayoría de los casos, datan del siglo XIX.
Este texto fue generado por un humano.
*Omar Emín es Licenciado en Administración y Contador Público. Colabora con Actualidad en temas fiscales, laborales y económicos. También suele compartir sus opiniones y semblanzas sobre deportes, educación, historia, política y viajes, entre otros temas de interés.