El Golpe de 1930 y la actuación de la justicia
El 6 de septiembre de 1930 un golpe militar derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen. Se quebraba así una continuidad constitucional de casi siete décadas, que había producido extraordinarios resultados económicos, sociales, educativos y culturales.
El gobierno de facto, liderado por el teniente general José Francisco Uriburu, no solo sustituyó al Poder Ejecutivo sino que clausuró el Congreso. Pero no modificó, como lo habrían de hacer otros gobiernos surgidos de la fuerza más adelante, a la Corte Suprema. Sin embargo, acaso como contraprestación por ese gesto, deseaba que esta le brindara algún reconocimiento, por lo que el 9 de septiembre le envió una nota al presidente del tribunal, José Figueroa Alcorta.
El 10 de septiembre la Corte dictó una Acordada -suscripta por todos sus ministros y por el Procurador General, Horacio Rodríguez Larreta- en la que comenzó expresando que había recibido una “comunicación dirigida por el Señor Presidente del Poder Ejecutivo provisional” que ponía en su conocimiento “la constitución de un gobierno provisional emanado de la revolución triunfante” del 6 de septiembre.
El tribunal ponderó que “ese gobierno se encuentra en posesión de las fuerzas militares y policiales necesarias para asegurar la paz y el orden de la Nación y por consiguiente para proteger la libertad, la vida y la propiedad de las personas, y ha declarado (…) que mantendrá la supremacía de la Constitución”.
Esta última era una declaración extraña, porque Uriburu había comenzado por vulnerar esa supremacía al deponer por la fuerza al presidente constitucional. Pero la Corte consideró que “tales antecedentes caracterizan, sin duda, un gobierno de hecho
Luego del golpe del 4 de junio de 1943, la Corte se remitió en una nueva Acordada a este precedente para darle otra vez una pátina de derecho a un orden surgido de la imposición de la fuerza. En uno de los actos de mayor cinismo de la historia argentina, cuando en 1946 el peronismo sometió a juicio político a cuatro de los cinco jueces del alto tribunal, uno de los cargos fue haber dictado esa Acordada que legitimaba el golpe que tuvo como una de sus figuras protagónicas a Juan Domingo Perón (1).
El lenguaje de la vida y de la literatura no obedece a leyes rígidas, porque su objetivo no es decir verdades sino lograr victorias se cambian a cada instante las modalidades del juego, como en el póker para tomar desprevenido al adversario, para engañarlo con recursos inesperados. (Sábato Ernesto, Heterodoxia, (Barcelona, 1991)
(1) Osvaldo López Sanmartino.
(*) Alicia Laino es abogada, docente y concejal por la Unión Cívica Radical – Juntos por el Cambio.
